La Agencia Tributaria sostiene que el fraude del novio de Ayuso "fue una conducta consciente, deliberada y dolosa"

La Fiscalía acusa a Alberto G. A, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas más, de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

Según recoge El País, el servicio jurídico regional de la Agencia Tributaria emitió un informe hace dos meses en el que narra que el fraude presuntamente cometido por la pareja de Ayuso "no es fruto de un mero error sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”.

De esta manera, consideran “oportuno y procedente, a efectos de investigar el fraude, ponerlos en conocimiento del ministerio fiscal”.

Alberto G. A. habría cobrado dos millones de euros en comisiones por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia de Covid-19, según adelanta 'ElDiario.es'.

El citado medio explica que el modus operandi que presuntamente utilizó la pareja de Ayuso para no pagar los impuestos de esas operaciones derivó en una denuncia por parte de la Fiscalía de Madrid, que se ha conocido este martes, a raíz de un informe de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria sostiene que por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, "se dejó de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía, de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público".

Según el citado medio, todo está escrito en la contabilidad que la firma Maxwell Cremona SL, propiedad íntegra de Alberto G., remitió a la Agencia Tributaria, que concluyó en la denuncia: de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 la principal empresa de la pareja de Ayuso casi el 85%, 1.973.000 euros, procedieron, según explicó el empresario a Hacienda, de una única operación: un contrato por "intermediar" para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y mascarillas para la protección frente al coronavirus.

Cabe señalar que el PP denunció ante la Fiscalía Anticorrupción los contratos de emergencia adjudicados por el Ejecutivo central durante la pandemia, presentando "pruebas" de las presuntas irregularidades y, entre las empresas objeto de investigación, se encontraba 'FCS Select Products SL'. Según el PP, esta adjudicación era causa de la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Además, el PP añadía a esto que su actividad social --servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas-- tampoco tenía relación directa con el objeto del contrato, que también se dio una falta de comprobación de su solvencia y que en 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros, mientras que en 2020 alcanzó los 236,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas.

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