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La Comisión de Venecia considera que la ley de amnistía, aprobada por el Gobierno tras los cambios realizados a petición de Puigdemont, cubre un periodo muy amplio y ofrece una cobertura demasiado vaga, por lo que considera que debería acotarse temporal y materialmente, y recomienda una aprobación por mayoría cualificada, no sólo absoluta.
En el dictamen emitido este viernes sobre la proposición de ley, este órgano de expertos constitucionalistas del Consejo de Europa asegura que una amnistía no debe diseñarse para beneficiar a determinados individuos y da varias recomendaciones.
Dice que habría que establecer una relación más directa entre los actos de preparación de las consultas independentistas que se organizaron en Cataluña en 2014 y en 2017 y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados.
En cuanto al hecho de que también esté cubierto el terrorismo, indica que el principio rector es que "las amnistías sólo son compatibles con los estándares internacionales si se excluye de su aplicación las violaciones serias de derechos humanos".
Sobre el hecho de que se haya recurrido a una ley orgánica cuya aprobación necesita una mayoría absoluta, la Comisión de Venecia recomienda que se intente alcanzar una mayoría más amplia con el objetivo de lograr "una reconciliación política y social".
El esperado dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía en España ha tenido, como ya ocurriera con su borrador, una interpretación diametralmente opuesta por parte del Gobierno, que considera que ratifica su "aval" a la ley, y el PP, que entiende que supone "un nuevo varapalo" para el Ejecutivo.
Frente a esa disparidad de interpretaciones, el representante de la ponencia, Martin Kuijer, al ser preguntado directamente sobre si el informe avalaba o no la amnistía, ha respondido que a este órgano consultivo del Consejo de Europa no le corresponde responder a esa cuestión, que atañe a los actores políticos españoles.
El Gobierno sí ve un claro aval en el dictamen y hace hincapié en que este reconoce que todos los países analizados pueden aprobar amnistías -también los que no tienen previsión constitucional- y que la proposición de ley española no afecta al principio de igualdad ni a la separación de poderes.
La ley es legítima para buscar la reconciliación, destaca el Ejecutivo del contenido del informe, y además entiende que tumba "la principal mentira del PP" en el sentido de que este organismo exigía una reforma constitucional para aprobar una ley de este tipo.
Aunque recomienda que haya una mayoría más amplia, la comisión reconoce que esta iniciativa puede aprobarse mediante una ley orgánica, subrayan desde el Gobierno.
El informe de la comisión aboga en sus recomendaciones por esa mayoría cualificada al entender, en palabras de su portavoz, que "es especialmente importante dados los potenciales efectos divisivos de una amnistía que haya una mayoría amplia apropiada que vote a favor para construir puentes".
Al margen de esas recomendaciones de buscar mayorías amplias, acotar el alcance temporal y la cobertura de la amnistía, y evitar en lo posible un trámite legislativo acelerado, el Gobierno se queda con que el dictamen, como ha explicado Kuijer, señala que "la normalización, como se dice en España y en el título de la ley, es un objetivo legítimo".
Si el Gobierno cree que el PP miente en su interpretación del texto, también fuentes de este partido señalan, por su parte, que el dictamen "evidencia las mentiras del PSOE".
Aseguran en el PP que la Comisión de Venecia "saca los colores a Sánchez" y, en su interpretación, sostiene que "vulnera la separación de poderes y ataca la independencia del Poder Judicial".
Respecto a uno de los puntos más polémicos de la ley, la cobertura de los delitos de terrorismo, el PP dice que el informe advierte de que la ley permite que algunos de estos delitos tipificados como tales por las directivas europeas puedan ser ahora amnistiados".
No lo ve así el Gobierno, que entiende que la Comisión de Venecia desmonta los argumentos del PP al afirmar que, como hace la ley española, deben quedar excluidos del alcance de la amnistía los delitos que supongan violaciones graves de los derechos humanos.
En este sentido, el informe señala: "las amnistías solo son compatibles con los estándares internacionales si se excluye de su aplicación las violaciones serias de derechos humanos".
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, en declaraciones a los periodistas en Bilbao, ha calificado de "respaldo absoluto" el informe de la comisión y ha agradecido irónicamente al PP y al Senado el haber recurrido a esta instancia para despejar dudas. Se ha referido a la recomendación del dictamen de buscar una mayoría lo más amplia posible y ha aprovechado para instar al PP a sumarse al consenso sobre la ley. "Ya no hay ninguna duda -ha insistido- ni hay riesgo para la división de poderes, ni se quiebra la igualdad entre españoles, ni es necesaria una reforma constitucional".
Por su parte, Pedro Rollán, presidente del Senado, se ha mostrado muy satisfecho respecto al contenido del informe que ha asegurado que recoge las cinco enmiendas presentadas por la Cámara y que, entre otras cuestiones, considera que apuesta por una reforma constitucional para aprobarla.
Estas son las principales propuestas recogidas en el documento aprobado hoy por consenso en sesión plenaria en Venecia con la presencia de los 61 miembros de esta Comisión consultiva perteneciente al Consejo de Europa, según recoge Patricia Crespo para la agencia EFE.
Límite temporal
Tras la última modificación de la ley, que amplía el plazo de modo que afecta a los hechos cometidos al 1 de noviembre de 2011, el dictamen considera que debe acotarse más el marco temporal. "No decimos necesariamente que no sea apropiado, pero no hemos visto justificación para las fechas propuestas para esta amnistía", ha señalado representante de la ponencia, Martin Kuijer.
Piden además que se establezca una relación más directa entre los actos de preparación de las consultas independentistas que se organizaron en Cataluña en 2014 y en 2017 y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados.
Mayoría cualificada en su aprobación
La Comisión recomienda a las autoridades que intenten alcanzar una mayoría cualificada superior a la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, exigida en la Constitución para la aprobación de una ley orgánica.
Considera que es aconsejable que haya una fuerte implicación del Parlamento en el proceso para "construir puentes", dados los efectos potencialmente "divisivos" de una amnistía.
¿Avala el informe la ley de amnistía?
Los ponentes del informe han señalado que ese no era su papel. La Comisión, dicen, no entra en discusiones sobre la conveniencia de esta ley, eso es una "decisión política" que a ellos no atañe. Sí afirma que en términos generales una amnistía es un objetivo legítimo para la reconciliación social, política e institucional.
¿Se pronuncia sobre su constitucionalidad?
Tampoco, ni sobre si se ajusta a la normativa europea. Corresponde, recuerdan, al Tribunal Constitucional de España y a los tribunales europeos ese pronunciamiento. Lo que ha hecho la Comisión es examinar todas las normas internacionales sobre cómo se regulan las amnistías y sobre qué requisitos deben tener.
Separación de poderes
El dictamen no ve ningún problema con la separación de poderes mientras la decisión sobre los beneficios individuales de la amnistía sea tomada por un juez basándose en los criterios contenidos en el proyecto de ley de amnistía, y el levantamiento de la detención, prisión y medidas cautelares sea consecuencia de dicha decisión judicial.
Jueces en las comisiones de investigación
Otro de los asuntos sobre los que se pronuncian, aunque no tenga que ver con la amnistía, es sobre la presencia de jueces en las comisiones de investigación.
El Senado había preguntado por esta cuestión y la respuesta es clara: las comisiones de investigación son necesarias para supervisar las acciones del Ejecutivo, pero los jueces no deberían estar obligados a responder.
Terrorismo
Sobre el terrorismo, recuerdan que es necesario asegurarse de que las violaciones graves de los derechos humanos queden excluidas del ámbito de aplicación de la ley de amnistía.
Qué buscaba el dictamen
La misión del dictamen es doble: por un lado, centrarse en el proyecto de ley que se está debatiendo actualmente en España y, por otro, ofrecer directrices más generales sobre los requisitos del Estado de Derecho para las leyes de amnistía.
Sobre qué ley se han pronunciado
Cuando se elaboró el proyecto de dictamen la Comisión se basó en el proyecto de ley tal y como estaba redactado el 13 de noviembre. No obstante, ha tenido en cuenta los últimos cambios en la norma, aunque no han hecho un análisis exhaustivo por falta de tiempo.
Diálogo
Tras constatar que el proyecto de ley de amnistía ha profundizado en la "virulenta" división en la clase política, las instituciones, el poder judicial, el mundo académico y la sociedad española, anima a tomarse el tiempo necesario para un "diálogo significativo", también entre la mayoría parlamentaria y la oposición, "con el fin de lograr la reconciliación social y política".
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