José Ángel Escorial Senante, antiguo titular de la empresa investigada en el caso Koldo, se desvinculó ante la Guardia Civil de las gestiones en los contratos bajo sospecha, afirmando que por aquellas fechas ya había vendido la mercantil pero el cambio no se había formalizado debido a la pandemia. Aseguró que se limitó a firmar los contratos que le remitían los nuevos administradores --es su rúbrica la que aparece en la factura proforma enviada al IbSalut por 3,7 millones de euros-- pero que no recibió ningún beneficio ni negoció ninguna adjudicación.

En 2020 Escorial Senante era el titular de Purdey Investment, que a su vez figuraba como administradora única de Soluciones de Gestión. La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado lo sitúa como subordinado de Juan Carlos Cueto, a quien se considera el auténtico 'cerebro' de la trama.

Escorial fue uno de los pocos investigados que accedió a responder a las preguntas de la Guardia Civil al ser detenido el pasado 20 de febrero. En su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Escorial explicó que adquirió Soluciones de Gestión en enero de 2017 a través de Purdey Investment, pero afirmó que la vendió en mayo de 2019 a una empresa de Íñigo Rotaeche --otro de los investigados, actual titular de Soluciones--.

De este modo, en el interrogatorio el empresario mantuvo en todo momento que no sabe nada acerca cómo se produjo la adjudicación de los contratos públicos para suministro de material sanitario.

En concreto, detalló que si continuaba figurando como administrador de Soluciones fue porque el registro mercantil estaba cerrado debido a la pandemia y no podían formalizar los cambios. Según su versión, al vender la empresa había llegado a un "acuerdo tácito" con los nuevos propietarios para permanecer como administrador hasta cerrar el ejercicio y la aprobación de cuentas en marzo de 2020, con la previsión de abandonar definitivamente la sociedad en junio de 2020. Por la pandemia, no pudieron ejecutar los trámites hasta 2021.

Así, Escorial insistió en que no participaba en actividades comerciales y que sólo se enteraba de los contratos cuando se los pasaban para revisarlos y firmarlos. El empresario aseguró que no recibió ningún beneficio de estos contratos.

Escorial también indicó que no conoce al exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, pero sí al empresario Víctor de Aldama. Según Escorial, Aldama era el encargado de proveer el transporte en avión y actuó como intermediario para la compra de mascarillas en países asiáticos asesorando a Rotaeche, aunque el exadministrador desconoce su grado de participación en las adjudicaciones.

Por otra parte, Escorial reconoció que estaba al tanto de la reclamación de 2,6 millones de euros formulada por el Govern por el estado de las mascarillas, porque alguno de los investigados --no recordaba exactamente quién-- le había informado para apremiarle con el pago de una deuda con Soluciones. Se trata de deudas generadas entre 2017 y 2018 que ha ido amortizando, precisó.

Precisamente, los pinchazos telefónicos en el sumario reflejan el nerviosismo entre los investigados a raíz del impacto económico que supondría la reclamación del Govern balear, con riesgo de verse abocados a un concurso de acreedores. Por ello el pasado diciembre Cueto urgió a Escorial a aportar 100.000 euros porque estaban "apurados no, lo siguiente".

La Oficina Anticorrupción de Baleares advirtió en su informe sobre la contratación de pandemia de que Escorial aparecía en los 'Paradise Papers' con dos sociedades 'offshore' en Malta, y que la empresa había sido investigada por un posible caso de corrupción en Angola.

Entre la documentación en poder de la Guardia Civil se incluyen correos electrónicos que demostrarían el control de Cueto sobre las operaciones de la empresa bajo la administración de Rotaeche, y, en concreto, acreditan que supervisó la factura proforma al IbSalut.

Según informó el actual director general del IbSalut, Javier Ureña, en una rueda de prensa, el origen del expediente balear está en un correo enviado por Rotaeche al entonces director general de Presupuestos, Manuel Palomino, el 25 de abril de 2020 ofreciendo el cargamento del avión para el día siguiente. De escritos posteriores se intuye que hubo una conversación telefónica previa.

"Dame un consejo", le escribe Rotaeche a Cueto ese mismo día a las 21.34 horas, en una cadena de correos relativa a la factura a Baleares. "Está bien, viene todo", le responde Cueto. "Oka. Adelante, tengo que desviar el vuelo ya", contesta Roteche a las 21.47 horas.

La factura proforma consta firmada electrónicamente por Escorial a las 21.51 horas: 1,4 millones de mascarillas "KN95 / FFP2" con un plazo de entrega en 48 horas.

El cargamento cruzó la aduana en Palma el 27 de abril. Según Ureña, parece ser que el pedido iba originalmente destinado a otra administración, aunque el equipo actual del IbSalut desconoce por qué no se las quedó y se ofrecieron en su lugar a Baleares. De hecho, el director del IbSalut apuntaba que "cuando ofrecen el cargamento del avión, o está saliendo o está ya en el aire, porque llega en horas a Baleares vía Madrid".

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