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La ley de amnistía se somete este jueves a su examen decisivo en la Comisión de Justicia del Congreso, donde se espera que se apruebe el dictamen de la norma con los cambios pactados por el PSOE con Junts y ERC.
Este miércoles a las 20:00 horas las tres formaciones anunciaban un acuerdo para "reforzar" una ley que, aseguraban, cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y es "plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales".
El comunicado conjunto suscrito por las tres fuerzas no aclara, sin embargo, si la amnistía se extenderá a todos los delitos de terrorismo, eje de las negociaciones y principal reivindicación de Junts para dar cobertura a casos como el del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
No obstante, fuentes cercanas a la negociación subrayaron que la ley se adapta a los estándares europeos y destacaron que excluye los delitos más graves de terrorismo y traición y "en ningún caso" exculpa delitos de corrupción.
Por su parte, fuentes de Junts subrayaron que la ley incluirá los delitos de terrorismo y traición adaptados a los estándares europeos, y no al Código Penal español.
La semana pasada el Supremo decidió abrir causa penal contra el líder de Junts al considerarlo líder de Tsunami Democràtic, una organización a la que atribuye acciones que encajan en el delito de terrorismo.
De nuevo las conversaciones para alcanzar un acuerdo se han prolongado hasta el último minuto y el PSOE, tras rechazar posibles cambios, ha decidido aceptar modificaciones a petición de sus socios.
Según han explicado, después de días de trabajo conjunto, "y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia", han consensuado una enmienda transaccional única, a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, para "reforzar" la ley.
Desde Brasilia, donde se encuentra de viaje oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que el texto será plenamente constitucional y estará alineado con el derecho europeo.
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