La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, "jamás" habló con José Luis Ábalos sobre las mascarillas del caso Koldo ni de la reclamación que inició para solicitar la devolución de una parte de su importe al comprobar que no se adecuaban al contrato firmado, según han avanzado fuentes cercanas a la presidenta. También ha negado esta intermediación el expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres quien acusa al PP de estar utilizando este caso con fines partidistas.

El entorno de la expresidenta balear ha transmitido esta información después de conocerse que el juez que investiga el caso Koldo afirmara que el exministro socialista actuó como "intermediario" en las "gestiones" realizadas por su exasesor Koldo García para tratar de "solucionar" la reclamación de 2,6 millones de euros del Govern balear a la empresa de la trama.

Las mismas fuentes niegan que la presidenta recibiera ninguna presión para que se retirara dicha reclamación que se inicia en marzo de 2023.

Según el auto fechado el pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sitúa a Ábalos en una reunión con Koldo García el 10 de enero de este año en una marisquería de Madrid con el fin de que se llegase a un acuerdo en el marco de la reclamación de 2,6 millones efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra de 1,5 millones de mascarillas.

Armengol se ha mostrado sorprendida por todas las informaciones que están saliendo a la luz y fuentes cercanas a ella reiteran que en todo caso esa intermediación sería con el actual gobierno de baleares ya que niega cualquier contacto con ella.

Las mismas fuentes inciden en que toda la contratación se hizo de forma legal, fue fiscalizada y los contratos no dependían de la decisión personal de la expresidenta balear sino de la administración al ser una responsabilidad funcionarial.

Por otra parte, avisan que las mascarillas no eran falsas ya que aunque no valían como material sanitario para los hospitales podían tener otro uso.

Según las mismas fuentes, en abril de 2020 el Ministerio de Transportes informa al Gobierno balear que están contratando con una empresa que tiene mascarillas y es el 24 de ese mes cuando la empresa confirma al Servicio de Salud de Baleares que puede surtir 1,4 millones de mascarillas.

El Servicio de Salud realiza la contratación el 29 de abril y el 25 de mayo se envían a analizar, "una práctica que el gobierno balear realizaba con todos los pedidos como una comprobación extra para mayores garantías para las personas".

El 8 de junio los técnicos concluyen que las mascarillas no tienen la suficiente calidad para profesionales sanitarios, aunque sí para uso en la calle y por ese motivo se almacenan, por si fueran necesarias, tal y como marcó el criterio de la Organización Mundial de la Salud, y por si se hubiera de realizar una posterior reclamación por incumplimiento parcial del contrato.

En este sentido, fuentes cercanas al gobierno de Armengol reiteran que en que la Intervención de la Comunidad Autónoma de Baleares fiscalizó en 2021 y 2022 más de medio centenar de expedientes, entre ellos el de la empresa vinculada en el caso Koldo, y concluyó que no hubo ninguna irregularidad.

El 20 de marzo de 2023 el director general del Servicio de Salud informa por escrito a la empresa de la reclamación de ese dinero y el 5 de mayo se lanza el expediente de reclamación formal por incumplimiento del contrato y se reclaman 2,6 millones de euros de los 3,7 pagados.

Señalan que el informe se deja firmado y la reclamación iniciada, y así se da cuenta de ello se al gobierno entrante del PP.

"El Govern balear fue el perjudicado por la diferencia de precio y por eso reclamó en tiempo y forma", reiteran las mismas fuentes al tiempo que se preguntan "¿por qué el Govern actual dejó caer la reclamación que puso el Govern de Armengol?".

El otro protagonista autonómico de la trama Koldo es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Así, mientras Torres era presidente de Canarias, el ejecutivo autonómico contrató material anticovid con la empresa investigada en el llamado 'caso Koldo' por valor de 12 millones de euros.

El ministro ha explicado que en aquel momento, en el estallido de la pandemia de covid, cuando estaban "desesperados" entre otras cosas buscando material de protección, les llegaban propuestas "de todos lados" y se habló con compañeros de partido, políticos, alcaldes y empresarios.

No ha especificado, ni negado, al ser preguntado directamente, si le llamaron el exministro y ya exdiputado socialista José Luis Ábalos o su asesor entonces Koldo García para recomendarle la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas, con la que finalmente contrató el Gobierno de Canarias.

Sí ha subrayado que esa empresa, "que ya estaba trabajando con el Ministerio de Transportes", ha recordado, fue una de las que hizo una oferta, que, como en todos los casos, se envió al servicio técnico que validaba las propuestas antes de firmar los contratos.

Ha añadido además que ese expediente, también como los demás, se remitió a la Audiencia de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, que no detectaron "absolutamente nada".

Dicho eso, Torres ha afirmado que "si alguien de manera ilegal se ha beneficiado, se ha lucrado, que lo pague con toda la fuerza de la ley" y, por su parte, se ha mostrado dispuesto a que le pregunten "donde quieran, como quieran y de lo que quieran", en relación con las posibles comisiones parlamentarias de investigación sobre este asunto.

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