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Recortar los tiempos de instrucción de los jueces siempre ha sido algo polémico. De hecho, el Partido Popular lo hizo con Rajoy en el Gobierno y fue muy criticado por los socialistas. El argumento de Rajoy en su día fue "agilizar los procesos judiciales en general y los que afectan a la corrupción en particular", en plena etapa de la Gürtel y la Púnica que afectaban a los populares. Y fue el propio Pedro Sánchez el que, después, suprimió aquella reforma y llegó a decir que limitar el tiempo de una investigación judicial era la antesala de la impunidad. Eran momentos en los que el PP tenía abiertas varias causas por corrupción.
Ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a realizar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) como parte de la negociación para convencer a Junts que vote a favor de la Ley de Amnistía, que beneficiará a los implicados en el proceso independentista. García Castellón lo ha ampliado hace pocos días para seguir investigando un posible delito de terrorismo que involucra a Puigdemont algo que no ve el fiscal del Tribunal Supremo.
El presidente ha cambiado de nuevo de opinión y ha señalado que tiene "máxima disposición" al diálogo con los partidos en la tramitación de la ley de amnistía, subrayando que tienen que encontrar una solución entre todos. No obstante, ha recalcado que la proposición, tal como está ya redactada, cubre "todos los supuestos" del 'procés'.
Al ser interrogado sobre una reforma de la LeCrim con el objetivo de acotar las instrucciones de los jueces, Sánchez ha afirmado que en las últimas semanas se han visto "instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales han puesto en cuestión" en referencia a las últimas decisiones judiciales que podrían poner en peligro que algunos líderes independentistas como el expresidente catalán, Carles Puigdemont, se pudiesen acoger a la amnistía. "Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas", ha señalado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.
Considera además que esta posible reforma "se encardina perfectamente" en la ley de eficiencia de la Justicia que se convalidó hace unas semanas en el Congreso de los Diputados.
Al ser cuestionado de nuevo sobre este asunto, es decir que pretende no tocar el texto de la amnistía, pero sí una reforma que afecte a la instrucción judicial, Sánchez ha señalado: "Vamos a hablar con los grupos parlamentarios para ver exactamente qué márgenes tenemos de mejorar una ley que, insisto, es valiente, es reparadora y, sobre todo, es constitucional".
Cabe mencionar que en el año 2017 el PSOE estaba en contra de acotar los plazos del periodo de instrucción de los jueces y de hecho votó a favor de derogar una reforma anterior del PP que establecía plazos máximos de 6 meses para investigar procesos penales, ampliables hasta 18 meses en caso de investigaciones complejas.
Sánchez ha insistido en que cree que el actual texto de la proposición de amnistía es "bueno" y ha defendido que es una ley "reparadora, ley valiente y plenamente constitucional", además de "alineada con el Derecho Europeo". Dicho esto, el jefe del Ejecutivo ha emplazado a encontrar una "solución" entre todas las formaciones políticas para que salga adelante la ley de amnistía, que él está "convencido de que va a salir".
En esta misma línea el jefe del Ejecutivo ha reiterado que es momento de "templanza" para seguir negociando con Junts, y ha recordado que esta formación ya votó a favor de esta misma ley en cuatro ocasiones. También dice que es momento de "firmeza" y ser conscientes de que el acuerdo alcanzado es "plenamente constitucional" y además está alineado con el derecho europeo, según ha defendido.
Asimismo se ha mostrado convencido de que la ley de amnistía va a salir adelante y además lo hará en línea con la Carta Magna. "Yo le garantizo que va a ser 100% constitucional", ha remarcado.
Por otro lado, ha insistido en señalar que los hechos relativos a la causa de Tsunami Democrátic no constituyen, a su juicio, un delito de terrorismo. En este sentido, ha equiparado estos sucesos a protestas contra el PSOE y el Gobierno de los últimos meses en los que se ha cortado la calle Ferraz en numerosas ocasiones y también la Autovía A-6 a la altura del Palacio de La Moncloa en una ocasión, durante un breve periodo de tiempo.
"¿Usted piensa que, por ejemplo, las concentraciones en la calle Ferraz durante estos últimos meses es terrorismo? Yo creo que no lo es. El haber cortado la A6, como se cortó en Madrid durante las protestas que han liderado algunos dirigentes de la ultraderecha y también de la derecha son pruebas de terrorismo? Yo creo que no lo es". Así, el presidente del Gobierno ha pedido "llamar a las cosas por su nombre".
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