Cada día leemos noticias sobre padres que tratan de recuperar a la fuerza a sus hijos de centros tutelados. Ponemos adjetivos para hablar del hecho: 'secuestran', 'roban', sustraen, y curiosamente muchos de estos padres usan las mismas palabras para hablar de cómo el Estado se lleva a sus hijos a centros tutelados sin que en la mayoría de las veces regresen a casa.

El profesor, Fernando Pérez del Río, de la Universidad de Burgos, autor del Ensayo '¿Robos de niños en Democracia?' (2024) habla de "la indefensión de las familias en las declaraciones de desamparo", situación en la que se "retiran los hijos" cuando estos no están seguros con sus padres biológicos. Este investigador cuestiona la retirada de la custodia a favor de instituciones incluso "cuando no hay razones suficientes".

En España, en 2021, había 35.883 niños y adolescentes tutelados, de los cuales 16.991 vivían en centros de acogida supuestamente temporal, pero son pocos los que regresan con sus padres, según datos del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. A pesar de que la ley establece que el acogimiento familiar debe priorizarse el porcentaje de menores en centros ha subido desde 2014.

Las razones para que un menor termine en una de estas instituciones pueden ser de las más variadas. Desde cuestiones de abuso sexual, adicciones de los padres o hasta criterios más "triviales", como asegura Pérez del Río en su estudio, que habla de "40 casos, en los que no estaban justificadas las retiradas": "los padres no son asertivos, visten con ropa poco adecuada al tiempo" fueron algunas de las razones. .

Las Conserjería de Familia de las Comunidades Autónomas son las responsables de la declaración de desamparo de un menor, que conlleva quitar la custodia a sus padres y las causan pueden ser que un niño esté en situación de abandono, cuando existe riesgo para su vida, salud o integridad física y mental; cuando este sea inducido a la mendicidad, delincuencia o prostitución; cuando no esté escolarizado o también por la falta de asistencia reiterada e injustificada al centro educativo.

Mario Ramos Mallen, Director del centro de menores tutelados de San Lorenzo de El Escorial, que gestiona la ONG Aldeas Infantiles confirma que son "los servicios sociales los que detectan una situación que pueda ser de riesgo o difícil para ellos y lo trasladan ese caso a la Comunidad de Madrid, que tienen la competencia de menores." Son ellos quiénes deciden "si esta situación es lo suficientemente grave y pasa al sistema de protección. Una vez en el sistema de protección puede ir a una familia de acogida o a un centro residencial", explica este educador.

Sin embargo, Fernando Pérez del Río considera que se le ha "dado poder a unos servicios sociales forjados en un modelo rígido que con facilidad acusan a los padres de cualquier cosa, “de todo”: que no están capacitados para cuidar a su hijo, “que si huelen mal…”, como se decía en un caso de Ciudad Real. “Que no le daban de comer los alimentos adecuados”, afirman en un caso de Lugo, o aquel que decía que “el niño tiene rabietas”. ¿Acaso una rabieta infantil puede ser un indicador de negligencia familiar? ".

La jurista Pilar (nombre ficticio para proteger su identidad real) lleva décadas investigando en el ámbito de la protección de menores asegura que es un proceso "en los que no interviene un juez y la familia de los niños no puede realizar ningún tipo de defensa"; eso sí, "es recurrible ante un órgano judicial, pero en ese momento ya el niño está alejado de su familia y ya el drama en muchos casos ha comenzado. "

El responsable del centro madrileño, que acoge a menos de 50 menores, asegura que los niños tienen contacto periódico con sus familias. Hay "un equipo de pedagogos, educadores que semanalmente está en contacto con la familia, para trabajar en aquellas herramientas que los padres tienen que desarrollar para proteger y relacionarse de la mejor manera con sus hijos." Asegura que el esfuerzo que ellos realizan "no se desconecta de su familia" a los niños, sino que se fortalece", porque se prioriza "el interés supremo de los niños".

Sin embargo, instituciones como UNICEF y la Asociación de Acogimiento Familiar (ASEAF) han señalado al Estado español en reiteradas ocasiones por no priorizar el acogimiento familiar y hablan de una excesiva institucionalización, como demuestran los datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales: en 2020 cuando sólo 11 menores de cada 100 en centros tutelados volvieron con su familia de origen . Por cada niño que ingresa en un centro de acogida la Administración desembolsa entre 3.000 y 6.000 euros al mes, que van al centro tutelado, muchos de gestión privada.

El profesor de la Universidad de Burgos, Fernando Pérez del Río, va más allá sobre la declaración de desamparo que deja en manos del Estado quitar la custodia a los padres a favor de una institución. "De sobra sabemos que cuando estamos ante un problema y el sistema empieza a ganar gran cantidad de dinero con el problema, este crece. Pronto se baja el umbral de los que considera problema, aumentan extraordinariamente los casos y surgen falsos positivos".

"Y no solo es una cuestión económica", también ideológica, asegura este estudioso que condena un sistema que presenta en su opinión "fuertes distorsiones y contradicciones en el sistema de protección a la infancia".

"Antes de publicar el ensayo ¿Robo de niños en democracia? Publicamos varios estudios, cuenta a Informativos Telecinco, este investigador de la Universidad de Burgos. "Nuestra sorpresa fue que tras la publicación del primer trabajo nos empezaron a llamar personas de toda España pidiendo ayuda". Muchos de ellos aseguran que las administraciones les robaron a sus hijos. Este es el caso de María Ángeles, una mujer sin pareja que dio a luz durante la pandemia en un hospital público de Madrid.

Esta madre nos cuenta que tras dar a luz se llevaron a su hijo argumentando que ella tenía "una presunta enfermedad mental". "El 90% dicen eso", asegura y desvela que había sido atendida años antes por ansiedad, pero no entendía ese informe de que sufría esquizofrenia. "Como siempre lo hacen se presenta la asistente social junto con una técnico de la Conserjería de Familia, te entrega una hoja y se llevan a tu hijo ..." Su caso está en manos del Tribunal Supremo, me dice al teléfono.

La jurista, que conoce de cerca el proceso, señala que "existe un abuso evidente en un elevado número de situación de desamparo que se dictan sin que existan razones suficientemente contundentes y en muchos casos sin que las alegaciones sean probadas". Hay declaraciones de desamparo en las que se habla de falta de idoneidad de los padres, que no interiorizan suficientemente los problemas de los hijos, que no tienen una adecuada parentalidad, que -en su opinión- "son argumentos vagos, que no son acreditados por un especialista ni objetivamente comprobados".

"Es la misma administración la que investiga, toma la decisión y ejecuta esa decisión no entra a valorarlo ningún órgano judicial, afirma. "Eso hace que no sea suficientemente objetivo la situación en la que la Administración decida un hecho tan grave como es la retirada de un hijo", subraya esta especialista en el tema.

El estudio del profesor burgalés, quién es psicólogo forense apunta a un perfil que se repite en estas declaraciones de desamparo y que confirma la jurista que nos ha dado algunas de las razones que argumentan en estos procesos.

"Familias monoparentales, habitualmente una madre con sus hijos, que en algunos casos incluso llega a ser una víctima de violencia de género a la que se le dice que 'no identifica adecuadamente las relaciones afectivas correctas y que por tanto es un problema para que sus hijos puedan crecer a su lado. En otros casos son familias con un solo padre, viudos o por otra razón. Se repiten en personas con alguna enfermedad psíquica, una esquizofrenia o una depresión o situaciones en los que puede afectar transitoriamente el cuidado de los hijos, pero no de forma definitiva", entran dentro del perfil. "En vez de ayudar a estas personas a que mejore su situación retiran al menor y en muy pocas ocasiones se revierte esa situación de desamparo."

Hay también otro grupo, que no es el más numeroso, que es el de familias "en situación de pobreza" que llaman la atención de los servicios sociales. "Los niños no van a actividades extraescolares, niños que no siempre llevan un bocadillo variado, cuando no llevan la ropa de su propia talla, sino de tres tallas más".

La abogada, con más de 20 años de experiencia admite no tener dudas de que "los servicios sociales actúan correctamente, pero hay un número elevado de declaración de desamparo que no tienen el sustento adecuado y la argumentación que debe tener una consecuencia tan grave como es el apartamiento de un niño de sus padres, de su entorno." Por ello, reclama para en estos procesos mayor "transparencia" con el objetivo de hacer "más sencillo y creíble la labor de verdadera protección a los menores".

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