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Hoy es un día clave en el Congreso. Se debate y se vota la ley de Amnistía antes de enviarla al Senado. Junts no descarta tumbar la ley para forzar una nueva modificación. Quieren que la amnistía abarque todo tipo de terrorismo.
El reglamento del Congreso permite que los grupos parlamentarios mantengan vivas sus enmiendas hasta el debate en el pleno, que comienza hoy a las 15 horas. Junts sigue defendiendo en solitario 11 enmiendas, a las que se suman tres consensuadas con el PNV y una con ERC, grupo que mantiene vivas dos.
El PP, que se opone frontalmente a la ley, defenderá las veinte enmiendas con las que quiere derogar todos los artículos de la iniciativa.
Una de las principales modificaciones acordada en la Comisión de Justicia delimita los delitos de terrorismo que no pueden ser amnistiados: aquellos que "de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos", en particular los actos incluidos en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que hablan del derecho a la vida y la prohibición de la tortura.
Otro de los cambios afecta a la aplicación de la amnistía y obligará a los jueces a levantar "de inmediato" las medidas cautelares y las órdenes de búsqueda, captura y de detención dictadas en el marco del 'procés' aunque el procedimiento penal esté en el aire "por cualquier causa", como la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o ante el Tribunal Constitucional.
A pesar de que siguen las negociaciones, ningún grupo podrá incorporar nuevas enmiendas transaccionales, es decir, pactadas que no estén ya registradas porque estas deben tener unanimidad de todas las fuerzas políticas. Algo que PP y Vox no lo harán posible.
El kit de la cuestión es que se puedan amnistiar todos los delitos de terrorismo ocurridos durante el proces, con el objetivo de que Carles Puigdemont y Marta Rovira, investigados por el juez Manuel García-Castellón por las protestas de 2019 y la muerte de un turista francés en El Prat, se vean liberados del proceso.
Además, Junts y el PNV plantean en su enmienda conjunta que la amnistía cubra también delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado.
Este lunes el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, dictó un auto en el marco del 'caso Volhov' en el que considera que Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña. Es lo que se ha llamado la trama rusa del procés.
La proposición de ley orgánica de "amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" borra los delitos relacionados con el proceso independentistas cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, anulando toda "responsabilidad penal, administrativa y contable"
Junts quiere que comience a aplicarse dos meses antes para que entren las causas que afectan al personal de la conselleria catalana de Exteriores y que se siguen en el Tribunal de Cuentas.
Tras la tramitación exprés en el Congreso es previsible que el PP, con mayoría en el Senado y tras introducir cambios reglamentarios, retrase su tramitación todo lo posible.
Si no se tramita por vía de urgencia, el Senado tiene dos meses para aprobar la ley, que podría entrar en vigor en abril, una vez que vuelva al Congreso para su visto bueno definitivo.
En el momento en el que la ley de amnistía entre en vigor, los jueces y tribunales tendrán dos meses para aplicar la ley.
Puigdemont, líder de Junts y con un escaño en el Parlamento Europeo, se encuentra fugado de España desde 2017 y se convertiría en uno de los principales beneficiados. La ley de amnistía determina el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan sobre los implicados en el "procés".
También se benefeciaría el exconseller y eurodiputado Toni Comin y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que huyó a Suiza.
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