Las últimas enmiendas aceptadas por el Gobierno buscan la mayor protección posible para Carles Puigdemont y otros encausados por posibles delitos de terrorismo. Podrían acogerse a la amnistía aún siendo condenados por terrorismo, salvo en el caso de que cometieran graves violaciones de los Derechos Humanos. Aparentemente esas enmiendas les dan más garantías para acogerse a la amnistía, pero algunos juristas lo ponen en duda y creen que jugará en su contra.

Hay más cuestionamiento del mundo judicial tras las últimas modificaciones a la Ley de Amnistía. Fuentes de la Audiencia Nacional señalan dos asuntos principales: el primero, el diseño personalizado de la norma. Dicen que se prepara una ley para personas y para hechos muy concretos. Señalan estas mismas fuentes que esto se ha evidenciado aún más con los últimos cambios centrados en los CDR y en Tsunami Democratic -de hecho desde el independentismo siempre se ha admitido- y que puede ser un argumento de peso ante los previsibles recursos en la justicia europea.

En esta línea viene el segundo argumento, que tiene que ver con las excepciones con el delito de terrorismo. El concepto plasmado en la ley de un terrorismo que "no haya causado violaciones graves de los derechos humanos". Pues bien, estas voces lo ven jurídicamente insostenible. Son fuentes judiciales que creen que existen razones de peso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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