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La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, considera que las acciones del juez Manuel García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", después de que este insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha rechazado hablar de 'lawfare', pero remite a la hemeroteca sobre las actuaciones del letrado.
Ribera ha cuestionado en el juez de la Audiencia Nacional lo que ha definido como "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles".
"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha argumentado Ribera este viernes en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.
La ministra respondió al ser preguntada por su opinión sobre la actuación del juez al desestimar el recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de enviar la causa sobre 'Tsunami Democràtic' al Tribunal Supremo para que investigue por un delito de terrorismo en la causa a Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras 10 personas, al tiempo que mantiene que los hechos fueron terrorismo.
Ribera ha subrayado la importancia de respetar la separación de poderes como uno de los principios fundamentales de la convivencia y la Constitución, incluido el respeto al Poder Judicial, a jueces y magistrados.
Sin embargo, ha continuado la vicepresidenta tercera, "eso no impide ver que hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial".
Ribera ha explicado que es un juez que "siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas" y ha señalado que "debe motivar, explicar" su pronunciamiento. "Corresponde esperar a ver qué es lo que ocurre", ha añadido.
Sobre si lo considera un caso de 'lawfare', de persecución judicial por motivos políticos, Ribera ha esgrimido que es "capital" entender que no solamente importa el ejercicio del Poder Judicial, sino también "las formas y las motivaciones".
"Pero también esa valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante", ha remachado Ribera en referencia a García Castellón y en el marco de la tramitación de la ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán.
"La hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas", ha respondido en relación con la actuación del juez de la Audiencia Nacional.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha defendido al juez encargado de investigar a Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, negando que actúe con "una pretendida motivación política a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Junts per Catalunya y a la proposición de ley de amnistía".
Así se han expresado los magistrados de la Sección Tercera en un auto en el que avalan las diligencias de investigación acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, al tiempo que rechazan las acusaciones vertidas por el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado en la causa.
Esa sección, encabezada por el presidente de la propia Sala de lo Penal, el magistrado Alfonso Guevara, destaca que son "absolutamente rechazables las alegaciones de la defensa" de Alay "sobre una pretendida motivación política" de García Castellón al dictar tres autos distintos el pasado mes de noviembre.
Esta resolución llega el mismo día en el que la Audiencia Nacional ha expresado un profundo malestar por las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acusando al juez instructor de 'Tsunami' de tener "cierta querencia" a realizar pronunciamientos judiciales en "momentos políticos sensibles". Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que no instruir esa causa sería "prevaricar" y lamentan que se busque aplicar la amnistía de "forma preventiva".
Estas fuentes recuerdan que "los tiempos de la política no son los de la Justicia" y que, casualmente, para los políticos nunca es buen momento si la resolución o decisión judicial no les gusta.
Al hilo, varios de los consultados por estas declaraciones explican que cuando un fiscal presenta un recurso existen unos plazos concretos para dar respuesta por parte del juzgado, y que la resolución de García Castellón se produjo en tiempo y después de que la Sala de lo Penal tumbara el incidente de recusación que pendía contra él, el de Josep Lluis Alay, mano derecha de Puigdemont.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado también este viernes por unanimidad expresar su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez del caso 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, al considerar que son "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial", al tiempo que ha reclamado "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia".
Los tres vocales conservadores que integran la Comisión Permanente --José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona-- habían pedido al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que convocara una reunión urgente de la misma, algo que finalmente se ha hecho de forma telemática para alumbrar un pronunciamiento unánime, poco usual en este Consejo, habitualmente dividido en los bloques progresista y conservador.
Para la Comisión Permanente, "estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional" y "al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia". "Solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho", subraya.
En consecuencia, indica que dichas palabras, "en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos". Además, como recuerda que ya ha hecho "con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales", apela "a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial".
"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", concluye.
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