El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace 5 años, ha acordado por unanimidad rechazar que las Cortes Generales puedan citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación. El acuerdo contempla que en caso de ser citados, el Consejo denegará la autorización para que comparezcan.

El acuerdo, que blinda a los jueces y magistrados ante las comisiones, ha sido alcanzado por unanimidad, algo infrecuente en los últimos tiempos en el Consejo, muy polarizado entre los bloques conservador y progresista.

El CGPJ ha tomado esta decisión en el último pleno ordinario del año, al que se llegaba con el malestar de fondo de la carrera judicial contra la posibilidad de que las comisiones de la Operación Cataluña y de Pegasus citen a jueces sobre supuestos casos de ‘lawfare’.

Pero el Consejo, que acaba de cumplir un mandato completo de cinco años en funciones, ha cerrado esa puerta en un acuerdo de cuatro puntos que arranca instando al Congreso y al Senado “a que se abstengan de citar a jueces y magistrados” sobre hechos que hayan sido objeto de su actividad jurisdiccional.

Del mismo modo, “los jueces no podrán revelar por escrito o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieran tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional”.

Pese a esta advertencia, “los jueces y magistrados que fueran convocados deberán ponerlo en conocimiento inmediato a la Comisión Permanente” con copia de la citación, que responderá ante ello.

La Comisión Permanente “denegará la autorización de comisiones de servicios a los jueces y magistrados para que comparezcan a declarar” antes las comisiones.

Con este acuerdo, el Consejo en bloque cierra filas con la carrera judicial como hace una semana ya había avanzando su presidente, Vicente Guilarte, cuando dijo que ningún juez puede comparecer, pues hacerlo “implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado”.

El Pleno ha abordado esta cuestión, a petición de la mayoría conservadora, que ante los señalamientos a jueces y la intención de criminalizar la labor judicial, pedía que el Consejo se posicione para que “ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de derecho”.

En el texto, el Pleno muestra su “absoluto respeto a la autonomía de las Cámaras” para que “creen cuantas comisiones de esa naturaleza estimen conveniente” a fin “de esclarecer los hechos acaecidos sobre los asuntos objeto de las mismas con el propósito de exigir, en su caso, la responsabilidad política gubernamental que proceda”.

Pero deja claro que “con la misma claridad y firmeza que respeta la autonomía parlamentaria, el Consejo debe garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial”.

Al respecto, se aferra a la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial para que quede “constancia de que dichas comisiones parlamentarias carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

El Consejo recuerda que “los jueces y magistrados están sometidos a la Constitución y a las leyes y sujetos a responsabilidad disciplinaria y penal”, lo que compete en primer término al CGPJ, y en el segundo caso a los tribunales.

Son “unas condiciones que obviamente no reúnen las comisiones de investigación pues su función representativa se desenvuelve en el plano estrictamente político y está orientada y limitada a responsabilidades de esa naturaleza”.