Jueces, fiscales y abogados se manifiestan contra la ley de amnistía y claman por la separación de poderes

Un día después de conocer el texto íntegro de la ley de amnistía, –objeto de multitud de protestas en toda España que se extienden entre las críticas a Pedro Sánchez y su Gobierno–, el mundo de la judicatura se levanta. Reaccionando a los acontecimientos, hoy se ha producido la primera movilización del sector contra la proposición de ley, con manifestaciones de jueces, fiscales y abogados ante las sedes judiciales de cuatro provincias andaluzas, y también en otros puntos como Salamanca.

El texto de la ley de amnistía deja a los jueces pocos agujeros para poder ir en contra de su aplicación, pero existen y ya miran a Europa. Fuentes del Tribunal Supremo, de hecho, ya avisan: recurrirán al Constitucional y presentarán una cuestión prejudicial a la Justicia europea.

Ello dejaría en suspenso el proceso judicial en todos sus efectos. Por ejemplo, centrándonos en la figura de Carles Puigdemont, ello implicaría que seguiría procesado por malversación y desobediencia, pero no se podría actuar contra él, aunque tampoco se le podría amnistiar hasta obtener una respuesta europea.

A ese respecto, el tiempo medio en Europa para resolver estas cuestiones se puede acercar al año, por lo que la cuestión iría para largo. Si el ejemplo lo tomamos con Oriol Junqueras, líder de ERC, seguiría inhabilitado.

Más allá, esa cuestión prejudicial presentada en Europa se sostendría en las propias directivas comunitaria, que obligan a los estados miembros a luchar contra la corrupción y el terrorismo.

En este escenario, nada más conocerse el texto de la proposición de ley de amnistía se pronunciaba ayer la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que tras celebrar una sesión ordinaria emitía un comunicado por unanimidad para recordar que "el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes".

Así, reivindican también que  "el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley".

Por eso, en esa línea, en el comunicado han querido enfatizar “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones", indicando expresamente que "ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".

En esta situación, hoy abogados y jueces han salido también a la calle para manifestarse contra le proposición de ley de amnistía y se han movilizado en Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén o Salamanca, donde han denunciado el acuerdo de PSOE y Junts y las referencias al ‘lawfare’ o judialización de la política.

Según ha explicado en declaraciones a los periodistas el juez decano de Algeciras, Jerónimo García San Martín, estas concentraciones han servido para "ratificar la postura presentada por todas las asociaciones judiciales, fiscales y letradas de la Administración de Justicia, así como el resto de operadores jurídicos ante esa posibilidad anunciada de un control por parte del Poder Legislativo de la función jurídica en general".

La proposición de ley, denuncian, “conlleva un control por parte del poder legislativo inadmisible del poder judicial, que está únicamente sometido al imperio de la ley", por lo que ven en todo ello ven una “afectación directa a la separación de poderes”.

“El Estado democrático de derechos está sentado sobre tres principios fundamentales, que uno de ellos es la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, otro es el poder del pueblo, la soberanía popular, y el tercero es la separación de poderes. El hecho de que un poder del Estado, el poder legislativo, sirva para controlar las decisiones y resoluciones jurisdiccionales, es precisamente una intromisión que deja sin contenido un poder del Estado, y en consecuencia supone una afectación directa a la separación de poderes como principio elemental de garantía del Estado democrático de derecho", ha defendido, dando voz a la que hoy era la denuncia de muchos de sus compañeros.

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