El Ministerio del Interior ha dejado en manos de la Generalitat de Cataluña la decisión de poner escolta de los Mossos d'Esquadra al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, una protección policial que sólo excluye en el caso de que precise del servicio fuera de España como Bélgica, país al que huyó en 2017 para evitar la acción de la justicia.

Según han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, es la Generalitat que preside Pere Aragonès (ERC) quien tiene que responder a la petición de Puigdemont de contar con escolta de forma "inmediata". La petición se formuló en paralelo a que el PSOE registrara ayer la ley de amnistía que, de aprobarse, perdonará los delitos cometidos por él y por el resto de políticos y procesados por el 'procés'.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, aseguraba este martes que el Ministerio del Interior "tramitará y seguro que resolverá lo que proceda" sobre la petición escolta que realizó este lunes Puigdemont, dos días antes de iniciarse el Pleno de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Según las fuentes del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, es la Generalitat a través de su Consellería de Interior y los Mossos d'Esquadra quien tiene que decidir si Puigdemont cumple con los "criterios técnico-policiales" para contar con el servicio de protección policial.

En cambio, si la petición de escolta afecta a otro país, como por ejemplo Bélgica, donde reside Puigdemont desde que se fugó de España para evitar la acción de la justicia española, sería este país el que tendría que autorizar si deja entrar o no en su territorio a alguien para ejercer funciones policiales.

El servicio de escolta a Puigdemont ha generado desde su huida de España en 2017 diferentes polémicas. La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior catalán Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente.

En abril de 2018, el Ministerio del Interior no autorizó el envío de una escolta de los Mossos para proteger a Puigdemont, rechazando así la petición que le hizo al Gobierno el exjefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra.

La negativa se comunicó previo informe de la Abogacía del Estado, según precisaron entonces fuentes de Interior. En concreto, se sustentó en dos puntos fundamentales: la pérdida de condición de autoridad pública y la existencia de un proceso judicial contra él y una orden de detención interpuesta sobre su persona en territorio español. Todo ello quedaría en suspenso con la ley de amnistía.

El ministro Bolaños, que ayer explicó en rueda de prensa la ley de amnistía que ve "plenamente constitucional", ha asegurado este martes en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press que "nadie cuestiona la seguridad de las personas por muchas diferencias ideológicas que pueda haber", dando por hecho que se tramitará la petición.

Este lunes, el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, pidió por carta al conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, la "asignación inmediata y con carácter de urgencia" de los efectivos de escolta de los Mossos d'Esquadra al expresidente.

Preguntado por la posible vuelta de Puigdemont a España, Bolaños la ha supeditado a la aprobación definitiva de la amnistía, la cual ha señalado que es "casi imposible" que se produzca este año. En paralelo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha dicho que el expresidente podrá volver a Cataluña pero cuando norma esté "en vigor", negando que hayan hecho un calendario al respecto.

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