La aprobación de la ley de amnistía permitirá que el expresidente catalán Carles Puigdemont -procesado por desobediencia y malversación- pueda regresar a España inmediatamente sin ser detenido, si bien su ex 'número dos' Oriol Junqueras -condenado por los mismos delitos- seguirá inhabilitado hasta dos meses, el tiempo que tiene el Tribunal Supremo (TS) para estudiar su caso.

La proposición que se presentará en el Congreso de los Diputados fija que con la ley "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención".

En estos momentos, Puigdemont permanece procesado con una orden de detención nacional en su contra a la espera de que el instructor del 'procés', el magistrado del TS Pablo Llarena, pueda tomarle una declaración indagatoria con el único propósito de concluir el procedimiento penal, abierto tras el referéndum ilegal del 1 octubre de 2017. Poco después de aquella fecha, el entonces president se dio a la fuga y desde entonces ha permanecido huido de la Justicia.

El líder de Junts podría comparecer voluntariamente ante Llarena para prestar declaración indagatoria, como hicieron en su día la exconsejera catalana de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel; o podría ser necesario ejecutar la orden de detención, como sucedió con la también exconsejera y eurodiputada Clara Ponsatí.

No obstante, el texto de la proposición de ley descarta que Puigdemont pueda ser detenido con la ley vigente, aunque las fuentes jurídicas consultadas aseguran que tampoco tendría sentido dar ese paso sin la norma vigente, es decir, aunque solamente haya una proposición de ley pendiente de tramitación parlamentaria. Así las cosas, las fuentes asumen que, independientemente del debate constitucional que pueda abrirse sobre la ley de amnistía, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Puigdemont podría regresar a España sin miedo a ser detenido.

Situación distinta es la de Junqueras, juzgado y condenado por el 1-O por delitos de sedición y malversación a 13 años de cárcel e inhabilitación, pena que tras el indulto y la reforma penal que derogó el primer delito y modificó el segundo ha quedado reducida a la imposibilidad de ejercer cargo público hasta 2031. La proposición de ley apunta que los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente y que las decisiones se deberán adoptar en un "plazo máximo de dos meses".

Las fuentes consultadas explican que, para el líder de ERC y los demás condenados por el 'procés', el tribunal sentenciador será quien decida si se aplica o no la ley de amnistía y, en consecuencia, si se mantienen las penas vigentes. En el caso de los condenados, la proposición de ley de amnistía apunta que la medida "no dará derecho a percibir indemnización de ninguna clase ni generará derechos económicos de ningún tipo en favor de persona alguna". Y recalca que tampoco dará derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa.

La proposición además explica que la concesión de un indulto total o parcial con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley "no impedirá la revisión de la sentencia firme", aunque señala que "no se revisarán las resoluciones judiciales firmes que hubieran apreciado la extinción de la responsabilidad criminal a causa de la prescripción del delito".

Al margen de esta coyuntura quedan las acciones que jueces y tribunales puedan emprender para frenar la amnistía. En el Supremo, Llarena tendría que concluir el sumario sobre Puigdemont para que la Sala de lo Penal pudiera dirigirse al Tribunal Constitucional (TC). Los magistrados que sentenciaron el 1-O podrán acudir igualmente a la corte de garantías.

Cabe recordar que, con el actual marco jurídico, las cuestiones de inconstitucionalidad que puedan plantear el Supremo o cualquier otro juez o tribunal que tenga en sus manos causas afectadas por la amnistía suspenderían automáticamente la aplicación de la ley a esos casos concretos hasta que el TC resolviera.

Sin embargo, al señalar que serán los jueces y tribunales quienes decidan la aplicación caso a caso en un plazo máximo de hasta dos meses, la proposición de ley añade que ello sin perjuicio de los recursos que se presenten que, según señala, "no tendrán efectos suspensivos".

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