La justicia, en pie de guerra por las acusaciones de 'lawfare': "Que lo digan quienes lo han politizado es el colmo"

La mayoritaria Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su pasividad ante la futura amnistía, que consideran una quiebra del Estado de derecho. Ocurría anoche ante el propio García Ortiz, invitado al acto de clausura del Congreso de la Asociación, celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz).

García Ortiz sólo se atrevió a decir que, antes de posicionarse sobre la nueva norma, hay que conocerla en detalle cuando se haga pública. La asociación también le reprocha su silencio ante el 'lawfare', la supuesta guerra sucia judicial contra el independentismo, recogida en el acuerdo firmado para apoyar la investidura de Sánchez.

Esa queja es prácticamente unánime en el mundo judicial desde que se hizo público el acuerdo entre PSOE y Junts este pasado jueves. Se han unido todas las asociaciones de jueces y fiscales, abogados del Estado, jueces decanos y el Consejo General del Poder Judicial. Todos coinciden en que está en riesgo la separación de poderes.

"Que lo digan los que la han politizado es el colmo. La justicia ha sido politizada por el PSOE y por el PP, con el silencio de Junts y de otros partidos que ahora apoyan al Gobierno. Fíjense en el fiscal general del Estado que está callado mientras se está cuestionando el papel de la Fiscalía que él dirige", afirma, indignado, el presidente de la Asociación Independiente de Fiscales, Salvador Viada.

Además, en el acuerdo entre PSOE y Junts se habla de crear comisiones de investigación para determinar si los jueces actuaron por criterios políticos contra los independentistas. Sobre esta cuestión, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, es rotunda. "Me dejó impactada. Soy juez desde hace 25 años y fue la peor noticia que podía recibir como juez... Un juez no puede estar decidiendo con la espada de Damocles sobre su cabeza pensando..., luego me va a investigar a mí el Parlamento. Esto es que es un atentado, de verdad, contra la independencia de los jueces, pero es de tal calibre ese atentado, que supone poner en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos".

La indignación se palpa en casi todas las asociaciones judiciales. ¿Os sentís ofendidos? "Evidentemente. Tenemos que pensar en qué Estado queremos, si un Estado democrático o un Estado totalitario y parece que vamos caminando hacia lo segundo", señala Carmen Gámiz, de la Asociación Francisco de Vitoria. 

Tras la bronca judicial, el PSOE reiteraba que el acuerdo sólo se refiere a dos comisiones de investigación ya acordadas: Pegasus y la Operación Cataluña, afirmación que, según del Barco, es poco creíble. "Ya es raro que todos lo hayamos entendido mal, pero esa aclaración pueden hacerla al señor Puigdemont y firmar un nuevo documento", asegura de forma sarcástica.

Esta explicación de los socialistas sí contuvo la reacción contraria inicial de la Asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Pero mantienen que la alusión al 'lawfare' es innecesaria porque ya existen mecanismos legales suficientes contra sentencias injustas. "Si alguien considera que el juez ha prevaricado lo que puede hacer sin que nadie se lo indique, ninguna comisión de investigación ni ninguna fuerza política, es ir directamente al tribunal correspondiente y querellarse por prevaricación", explica el magistrado Ignacio González Vega.

Varias de las asociaciones judiciales anuncian que seguirán luchando en Europa por conservar su independencia y demostrar que el 'lawfare español' no existió.

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