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La referencia del acuerdo del PSOE y Junts al "lawfare" o judicialización de la política ha causado una "indignación total" en el Tribunal Supremo, que lo interpreta como una "amenaza explícita" a su independencia judicial y el "a por ellos" de Carles Puigdemont, acordado con el PSOE de Pedro Sánchez.
El Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones judiciales y fiscales, los jueces decanos y los presidentes de las Audiencias Provinciales de toda España claman contra el acuerdo de PSOE-Junts para la investidura de Pedro Sánchez porque consideran que podría suponer la "quiebra de la separación de poderes".
Una opinión compartida por varios magistrados del Tribunal Supremo consultados por EFE, que afirman que la referencia al "lawfare" es "una amenaza explícita" a su independencia judicial, "algo terrible en términos democráticos, ya irremediable e insólito" que hasta las asociaciones judiciales y fiscales más afines al Ejecutivo de Sánchez se han puesto en su contra, destacan.
Una magistrado asegura que "se ha conseguido una unanimidad en la indignación que hacía tiempo no se lograba", porque "hablar de lawfare es hablar de posible prevaricación" de los jueces.
Y eso es "grave" porque una cosa es que esa acusación provenga de los medios de comunicación, y otra bien distinta es que se ponga "en boca de otros poderes del Estado", añade este magistrado.
"Me indigna que el PSOE, un partido que es artífice principal de nuestra actual democracia, haya atentado irremediablemente contra la independencia judicial", afirma otro magistrado, que lo interpreta como un "a por ellos" y ese "es el desquite de Puigdemont que el PSOE ha reconocido, acordado y cerrado".
El acuerdo entre el PSOE y Junts prevé la creación de comisiones de investigación parlamentarias para determinar los casos en los que se ha podido instrumentalizar la justicia para hacer una persecución política, es decir, el "lawfare".
Los jueces creen que esas comisiones abren la puerta a que se traten de ejercer acciones de responsabilidad contra ellos, tales como promover expedientes, querellarse o reclamar indemnizaciones.
Y aunque ese escenario no se llegase a materializar, un magistrado subraya que desde ahora "el PSOE de Sánchez ya ha hecho la amenaza y cualquier juez que en el futuro adopte una decisión sobre la ley de amnistía, está ya condicionado", y "eso es tremendo, brutal", porque "es lo que hacen las dictaduras de cualquier corte ideológico".
Desde el Supremo quieren dejar claro que sus decisiones judiciales "no se pueden revisar por el Legislativo", por eso la referencia al "lawfare" del acuerdo "no concilia con la separación de poderes". "Lo que se ha hecho no es normal, es una desviación", apunta otro.
"Siento mucha decepción", dice otro magistrado que, como otros tantos, confiaba en que el acuerdo no incluyera esa referencia, de ahí que se hayan visto sorprendidos primero e indignados después.
El independentismo ha denunciado haber sido víctima del "lawfare", empezando por el "caso procés", en el que acusan al Supremo de haber asumido irregularmente la competencia para juzgar una causa y de nutrirla con atestados de la Guardia Civil que consideran que se confeccionaron con la intención de hacer encajar el 10 en los delitos de rebelión o de sedición.
No es unánime la opinión de los independentistas en otras causas que Junts sigue considerando "lawfare", desde el "caso Pujol" -que ven orquestado por oscuras maniobras de "la policía patriótica"- al de las adjudicaciones a dedo de la expresidenta del Parlament Laura Borràs -que aduce fue condenada por su ideología- o el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que se atribuye a Gonzalo Boye, quien dice que se le persigue por ser abogado de Puigdemont.