Los inmigrantes llegados a través de la ruta migratoria de Canarias se cuentan por miles en un mes de octubre con cifras récord, una situación que ha provocado que el Gobierno tenga que acelerar el traslado de inmigrantes a la Península para aliviar la presión en los centros de primera acogida del archipiélago.

Mediante este mecanismo, se deriva a los migrantes según su vulnerabilidad y de acuerdo a las plazas disponibles en la red de atención humanitaria, pero los pasos que está dando el Gobierno dentro de este sistema de acogida ya está desatando un importante desencuentro con la oposición, y especialmente con las administraciones autonómicas lideradas por el PP.

Sin cifras exactas sobre los traslados, poco a poco se van conociendo algunos datos. Concretamente, el Gobierno pretende habilitar más de 10.000 plazas en la Península, en hoteles, hostales y cuarteles militares para instalar campamentos temporales, como el existente en Carabanchel, Madrid, cedido por el Ministerio de Defensa, que espera que esté acondicionado en unas dos semanas.

De momento, han llegado ya 250 inmigrantes, mayores de edad y niños, que por ahora están en hoteles, mientras se espera que lleguen más, dado que habrá capacidad para 800 personas.

Al mismo tiempo, mientras en Canarias se multiplican los esfuerzos ante unas cifras sin precedentes desde la llamada ‘crisis de los cayucos’ de 2006, este martes la Policía Nacional escoltaba el traslado más de 300 migrantes que volaron desde Canarias a Madrid para, a posteriori, ser conducidos hasta Almería.

Los inmigrantes que pueden ser derivados a la Península son aquellos mayores de edad en situación irregular, mientras la acogida de los menores que llegan solos es una competencia autonómica.

De acuerdo al protocolo, pasadas 72 horas, y mientras se completa su filiación, tal como recoge El Heraldo, Migraciones identifica a aquellos en situación vulnerable y da cuenta de ello a Interior para que se autorice su traslado. El problema, en este punto, es que es tal la cantidad de inmigrantes que han llegado en tan poco tiempo que los trámites se están complicando y se están realizando ahora en aquellos centros donde son trasladados.

El responsable de este traslado, así como de alojar y asistir a los inmigrantes, es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que  de acuerdo al protocolo está derivándolos según su vulnerabilidad a las plazas disponibles en toda la red, ya sean centros propios de la Administración o espacios habilitados para ello.

Por el momento, además de Madrid o Almería, muchos inmigrantes han sido alojados en espacios en Málaga, Granada o Medina del Campo (Valladolid), entre otros.

Mientras el Gobierno ha señalado que estos realojamientos son en muchos casos puntuales y cortos, en el tiempo en que se decide el destino final de estas personas, la oposición carga con contundencia contra el Ejecutivo.

En las comunidades receptoras gobernadas por el PP se quejan de falta de coordinación y alimentan el miedo a un problema de seguridad.

“Se disponen a repartir a miles entre las comunidades autónomas en un momento de máximo temor por la seguridad nacional", ha señalado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Por supuesto, les exijo y les solicito que haya un plan de seguridad y un plan de convivencia", ha dicho, por su parte, Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares.

En Castilla y León, su vicepresidente, de Vox, va aún más lejos en sus insinuaciones junto a un balneario de Medina del Campo en el que se acoge a migrantes desplazados: “Se arroga la representación de las mujeres y luego trae aquí a 183 jóvenes varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo", ha dicho Juan García-Gallardo; unas declaraciones por las que el PSOE de la región pide a la Fiscalía que le impute un delito de odio.

El ministro de Migraciones, a este respecto, ve intencionalidad política en unas críticas a las que pone adjetivo: “Se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto”. “A mí me parece tan duro de digerir, tan detestable”, ha dicho, precisando que se informa a las comunidades tan pronto como se puede.