PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo clave en su coalición progresista para formar un nuevo Gobierno. Sus líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, respectivamente, han escenificado en el Museo Reina Sofía el cierre de un pacto que, entre otras cuestiones de relevancia, incluye la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial; un asunto que condicionaba la firma y el acuerdo entre ambas formaciones y que hoy representa todo un hito.

Era un 3 de abril de 1919 cuando, por primera vez, se regulaba la jornada laboral en España. Entonces, se fijaron ocho horas de trabajo diario, pero se trabajaba seis días por semana; 48 horas semanales.

Ese escenario ya suponía toda una revolución, pero habría que esperar a los años 80 para conseguir esos ansiados dos días de descanso, rebajándose la jornada a las 40 horas semanales.

Desde entonces, nunca se había vuelto a modificar la jornada oficialmente. Hasta hoy, con la propuesta de PSOE y Sumar, que pretende que su reducción sea gradualmente hasta las 37,5 horas semanales, sin que ello repercuta en el salario del trabajador.

Específicamente, lo que plantearán es que en 2024 se baje de las 40 horas semanales actuales a las 38,5, y posteriormente en 2025 a 37,5. Ambas reformas se harán por ley, con un cambio en el Estatuto de los Trabajadores, y a partir de ahí sí dependerá ya de la negociación colectiva, con margen para mejoras.

En este sentido, la propuesta se queda corta para los sindicatos, que piden una mayor reducción: “En nuestra opinión, la reducción de jornada tendría que llegar a las 35 horas”, ha dicho el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que no obstante respalda el objetivo perseguido.

“Hay que buscar fórmulas distintas con el objetivo común de reducir de forma generalizada el tiempo de trabajo. Para esto, la mejor herramienta es la negociación colectiva.  Esperamos que el diálogo social pueda jugar un papel determinante en decir cómo se reduce la jornada, pero insisto, compartimos el objetivo, que es el qué: que se reduzca, en efecto, la jornada legal de trabajo”, ha dicho.

“Nos parece bueno en términos de generación de empleo. Nos parece bueno en términos de mejora de la productividad de las empresas, y nos parece una medida importante de cara a la sostenibilidad cuando se reduzcan incluso los días de tener que acudir al puesto de trabajo, porque se reducen desplazamientos y tiene, en nuestra opinión, beneficios más que comprobados”, ha añadido.

No en vano, más de un millón y medio de personas, –alrededor de 1.600.000–, tienen ya una jornada inferior a las 37 horas y media. En algunas tienen los viernes libres, y sin modificar el salario, algo que algunos de los que trabajan en estas condiciones no dudan en alabar: “No se ha resentido la calidad y los trabajadores están más contentos”, apuntan.

A la espera del texto final del acuerdo y la propuesta, en el otro lado están los empresarios, muchos de los cuales han mostrado su rechazo.

Tampoco la Unión Europea es ajena al debate, donde distintos países continúan implementando nuevos modelos de empleo enfocados en el trabajo de cuatro días a la semana, y algunas con resultados notables. Para ello, mientras unas apuestan directamente por la misma solución, es decir, la de aplicar reducciones de la jornada laboral, otros como Bélgica han apostado por la implementación de una jornada flexible, donde el total de las horas semanales se puede concentrar en cuatro días, –es decir, trabajando más horas en cada uno de ellos para poder librar el quinto–, o hacer más horas en una semana para acumular más tiempo para la siguiente.

Entre tanto, en España, donde la formación de Gobierno continúa en el aire, con Pedro Sánchez intentando la investidura, PSOE y Sumar recalcan que el pleno empleo será una “prioridad” ante una nueva legislatura, y ello “impregnará todo el acuerdo”.

Por ello, más allá de la reducción de jornada sin reducción salarial, en el acuerdo también se incluye el objetivo de implementar de forma inmediata un plan de choque contra el desempleo juvenil, así como abordar una nueva regulación del despido.

Por otro lado, y en otros aspectos, el acuerdo también contempla la subida del salario mínimo interprofesional “para que no se pierda poder adquisitivo”; la derogación de la llamada ‘ley mordaza’; una ley de cuidados; la reforma de la financiación territorial; los impuestos a la banca y las grandes energéticas, para que contribuyan al gasto público; o el aumento del parque público de vivienda, entre otros.