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Con la Ley de amnistía sobre la mesa de las negociaciones de investidura, decenas de jueces que tienen abiertas causas por el procés independentista de Cataluña, ven cómo sus procedimientos se pueden quedar en agua de borrajas, incluso después de haberlos juzgado. En la cúspide de todos esos tribunales está el Supremo, donde nadie a quien se pregunte en los últimos días quiere desvelar si utilizarán la herramienta que les da la Constitución: la cuestión de inconstitucionalidad. En primer lugar, porque no conocen el texto en el que se está trabajando. Y además, porque prefieren contestar con decisiones jurídicas y en el momento adecuado.
De momento, el único magistrado que ha hablado en público sobre la Ley de Amnistía es el instructor del procés, Pablo Llarena, que es quien mantiene procesado a Puigdemont. Llarena dijo que Burgos que habría que ver si la amnistía es constitucional o no. Esas declaraciones le han valido una recusación por parte de Carles Puigdemont.
Así que habrá que esperar al detalle de la ley para saber si se presenta o no una cuestión de inconstitucionalidad. Lo cierto es que su uso es habitual. Se trata de una petición que puede hacer cualquier juez al Tribunal Constitucional, si ve que una norma que no cumple con la Carta Magna afecta a una sentencia.
También hay otra vía para los tribunales. Plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE para que fuera esa Corte Europea la que dictaminara la legalidad de una Ley cuyo articulado no se conoce. Sin embargo, tiene un precedente: la Ley de Amnistía que Junts y ERC redactaron y presentaron en 2021, pero que fue rechazada de plano por PSOE, PP y Vox.
Lo rechazaron apoyándose en los argumentos de los letrados del Congreso, que consideraban la norma inconstitucional.
Se plantea ante el Tribunal Constitucional, que antes de nada tiene que ver si cumple con los requisitos necesarios para ser estudiada. Pero.. la cuestión suspende la aplicación de la Ley o el proceso judicial?
La presentación de una cuestión de inconstitucionalidad no está reñida con la cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Aquí tampoco hay coincidencia entre juristas. Unos aseguran que no hay una orden de paralizar los procedimientos y otros señalan que eso está implícito, porque no tendría sentido llevar a cabo diligencias hasta que no haya una respuesta de la Justicia Europea
La constitucionalidad de la amnistía está en el centro de todos los debates. El motivo, que la constitución no dice una sola palabra sobre ella, y eso da pie a interpretaciones contrarias.
La registraron en el Congreso ERC y el Grupo Plural, que incluía a Junts o Compromís y afectaba también a la pseudoconsulta de Artur Mas de 2014, según publicó El Periódico de Cataluña en su día. .En la exposición de motivos se establecían el espíritu y las bases de una ley que nunca llegó a ver la luz:
La norma se registró año y medio después de la sentencia del Tribunal Supremo y con la causa contra los CDR abierta en la Audiencia Nacional. Aunque no se hacía referencia a los delitos que se les atribuyen -terrorismo y tenencia de explosivos- sí se incluía una disposición adicional en la que se decretaba que la norma afectaría a los procedimientos de todos los tribunales, incluida la Audiencia Nacional.
En aquel momento, la proposición fue vetada porque los letrados del Congreso consideraron que chocaba frontalmente con la Constitución.
El argumento fue que la amnistía suponía un indulto generalizado que está prohibido por la Carta Magna.
Ha sido Omnium Cultural quien ha puesto cifra de los beneficiarios de la Ley, aunque eso no estará claro hasta que no esté el detalle de la norma, pero la entidad habla de 1.432 personas, entre los que estarían Puigdemont, los condenados por el procés: políticos de segunda línea, alcaldes, funcionarios y otros.
Por ahora, la letra pequeña de la norma es un misterio y lo cierto es que el PSOE no ha aceptado la condición, al menos por ahora. Sus socios de Sumar sí han explicado que están trabajando en ella y los independentistas no se cansan de repetir que la amnistía es, junto a referéndum, la línea roja por la que pasa el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.