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La operación Lúbido-Hezurra arrancó en 2018 como la mayor red de sextorsión ocurrida en España, pero se desveló tras cuatro años de investigación como un complejo entramado que servía para lavar el dinero conseguido presuntamente de actividades ilícitas como las estafas, la extorsión o el tráfico de drogas. Por un lado, los agentes de la Guardia Civil confirmaron pronto que la forma de operar de esta mafia parecía sencilla: primero colgaban anuncios en las páginas de contactos ofreciendo servicios de prostitución, y después amenazaban a los clientes que respondían a esos mismos anuncios con desvelar a sus familias y allegados las conversaciones que habían mantenido con aquellas prostitutas. A cambio del silencio, debían pagar entre 200 y 1.500 euros.
Así fue como en abril de 2018, los agentes del Área de Delitos contra las Personas de la Guardia Civil comenzaron a dibujar esta telaraña de presiones, que dejaba rastro en las denuncias, aparentemente inconexas, que casi un centenar de varones había presentado en distintos momentos de ese mismo año. En resumen, todos contaban más o menos la misma historia; que después de responder a un anuncio para negociar un servicio sexual, en muchos casos sin haberlo consumado, un supuesto proxeneta se había puesto en contacto con ellos para amenazarles, bien con una paliza, o bien con hacer públicas sus conversaciones con las supuestas profesionales sexuales. “Soy Rony, el jefe de las chicas. O me llamas ya o voy a tu casa a solucionarlo en persona”, explicaba el primer denunciante, que acudió atemorizado a relatar los hechos al puesto de la Guardia Civil de Sarrión (Teruel).
Entre abril y agosto de ese 2018, los investigadores sumaron 15 denuncias muy similares sólo en la zona de Teruel. "Me debes dinero. Me tienes que ingresar dinero en un banco BBVA. Si no lo haces iremos a tu casa por la noche y tiraremos la puerta", rezaba el mensaje recibido por otro de los afectados, que ingresó 700 euros para evitar ser agredido. Sin embargo, los agentes pronto se dieron cuenta de que había denuncias similares en muchas otras provincias del territorio nacional, con 31 teléfonos sospechosos de lanzar las amenazas. Hasta 2019, los investigadores de la Policía Judicial recabaron las denuncias de al menos 46 perjudicados, aunque tenían la constancia de que muchos más hombres, 200 de ellos con nombres y apellidos, habían sufrido las mismas amenazas y pagado la extorsión en secreto.
“Yo no cobro si no trabajo y no puedo ni dormir. Solo tengo deudas ahora y me está siendo difícil. Mañana intentaré conseguirlo”, explicaba otra de las víctimas a sus extorsionadores sobre el dinero que le reclaman. La respuesta es implacable: “Si no, el lunes ve al banco y pide un crédito”. “Soy un puto crío. Te he dado todo lo que tengo”, escribía otra de las víctimas. “No se si te gustaría que hablara con tu familia..." le responden los delincuentes. “Si no arreglamos esto y pagas, todo saldrá a la luz”.
Los investigadores, autorizados por el Juzgado de Instrucción nº3 de Teruel, pincharon teléfonos, analizaron la titularidad de las cuentas bancarias a donde iba a parar el dinero, revisaron los anuncios que se colgaban en una conocida web de prostitución ya clausurada y lograron determinar que a la cabeza de esta organización criminal se encontraban dos ciudadanos residentes en Valencia. En sus conversaciones telefónicas, ambos dibujan continuas transferencias de dinero por cuentas de terceros, hasta ese momento desconocidos para los investigadores.
En las escuchas, los agentes constatan además que algunos investigados se dedican presuntamente al tráfico de drogas y ofrecen cocaína rosa a un precio de 16.000 euros el kilo, para venderla en la calle “a 80 euros el gramo”. “Cuando puedas dame un poco de tusi para comprar”. Meses después, otros de los investigados negocian la compra de diez kilos de cocaína de origen brasileño por 30.000 euros cada uno, y se envían incluso por sus teléfonos una imagen de uno de esos paquetes para sellar la transacción. las primeras detenciones llegaron en febrero de 2019, con 14 detenidos y otros cinco investigados. En septiembre de ese mismo año, la Guardia Civil lanzó la segunda fase y detuvo a otras 10 personas. Sin embargo, la investigación no acabó ahí.
Tras analizar los teléfonos de los detenidos y la documentación encontrada en sus casas, los agentes confirmaron que las extorsiones a cientos de clientes de prostitución arrancaron al menos en 2017. Sin embargo, la causa comenzó a crecer al consultar las bases de datos y confirmar que los números de teléfono desde los que llegaban las amenazas se repetían en otras denuncias repartidas por España. El volumen de casos fue tal que en 2020 el instructor de la causa derivó el procedimiento completo a la Audiencia Nacional, el tribunal competente para investigar las organizaciones criminales que operan en distintas regiones españolas. Así, las pesquisas quedaron entonces en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
La investigación giró entonces hacia el flujo del dinero, ya que las transferencias de los extorsionados eran remitidas a cuentas bancarias cuyos titulares nada tenían que ver en principio con la organización. Es lo que se conoce como “mulas”, personas que colaboran con el blanqueo de capitales dejando pasar los fondos por sus cuentas bancarias a cambio de una comisión, para dificultar la trazabilidad del dinero.
Además, los investigados contaban presuntamente con una red de falsificadores en Francia y Bélgica que enviaba a Españas pagarés falsificados con los datos de empresas o entidades españolas. De forma paralela, comenzaron a llegar a los juzgados denuncias de varias entidades bancarias que recibieron estos cheques falsos, y la información se incorporó a la causa. El dinero se mezclaba entonces con transferencias que llegaban desde el extranjero, y en concreto desde Austria y Alemania, donde otras empresas sufrían estafas similares, en una red entrelazada que se controlaba desde Portugal. Al final, el dinero era sacado por ventanilla en efectivo por una de las mulas, que lo entregaba en un punto acordado a los responsables de la organización. En total los agentes analizaron más de 300 cuentas distintas, en una investigación que se prolongó hasta el verano pasado. En septiembre de 2022, el juzgado decidió procesar a un centenar de personas por ocupar los distintos niveles de esta presunta red, que está todavía a la espera de juicio.