El complicado panorama parlamentario salido de las urnas del 23J anticipa una difícil negociación para formar Gobierno. El anuncio de Alberto Núñez Feijóo –y su intención de presentarse a la investidura como líder más votado– garantizaría, al menos, la activación de plazos y del eventual escenario de repetición electoral. La nueva convocatoria tendría lugar dos meses después de la primera votación de investidura, con probabilidad en el mes de enero, y en caso de que ningún candidato lograse la mayoría necesaria.

Aun en el caso de que Pedro Sánchez lograse esta posibilidad, lo cierto es que el escenario de gobernabilidad plantea una igual complejidad. El líder de los socialistas se verá obligado a mantener demasiados encajes, con un bloque enfrente de entre 169 y 171 diputados. 

Según un análisis electoral elaborado por Thinking Heads, un grupo interdisplinar de expertos encargados de generar estrategias de liderazgo social, el nuevo Ejecutivo salido e esta complicada negociación deberá de afrontar una serie de retos entre los que destacan:

Presupuestos

El Ejecutivo tiene la obligación de remitir los Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 antes del 30 de septiembre. Previamente, deberán aprobarse los objetivos de estabilidad presupuestaria, es decir, el techo de gasto. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, “antes del 1 de agosto de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado”. También después de la presentación de los presupuestos deberá remitirse el plan presupuestario a Bruselas, idealmente en octubre.

El escenario electoral y la complejidad de los pactos complica el cumplimiento de estos plazos y la ministra de Hacienda ha admitido que no se han activado los trámites para la presentación de un borrador de las cuentas en tiempo y forma. La posibilidad de una prórroga se perfila claramente y podría encararse la aprobación de las nuevas cuentas en marzo, como ha ocurrido en otras ocasiones, con probables presiones de Bruselas para incorporar medidas correctoras de déficit y deuda, estando pendiente de negociación a la forma de alcanzar los objetivos marcados por las reglas fiscales.

Fondos europeos

Directamente relacionado con ello está la validación de la agenda de ampliación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio. Cabe recordar que la campaña ha estado marcada, entre otros asuntos, por la conversión de las autopistas y autovías nacionales en peajes, a partir de 2024, una medida recogida en el documento aprobado en julio de 2021.

La Comisión Europea debe pronunciarse sobre la Adenda española en agosto, en cuyo caso el Ejecutivo movilizará hasta finales de 2026 en torno a 90.000 millones de euros del Plan de Recuperación: más de 7.700 millones en transferencias adicionales, hasta 84.000 millones en préstamos y casi 2.600 millones del programa REPowerEU.

Por otra parte, el próximo Gobierno deberá enfrentar la tarea de ejecutar los 12 PERTE ya aprobados, para lo cual es fundamental el refuerzo de la canalización de los fondos europeos Next Generation (140.000 millones de euros en total), a través de la colaboración con las Comunidades Autónomas y otros organismos públicos y privados, como las entidades financieras.

Fiscalidad

En el plano fiscal, uno de los principales retos del nuevo Ejecutivo es determinar el futuro de las nuevas figuras tributarias creadas, con carácter excepcional, para los años 2023 y 2024, a las grandes fortunas, las empresas energéticas y las entidades financieras. A raíz de las promesas electorales, apelando al mantenimiento o incluso ampliación de estas figuras para próximos ejercicios, la próxima Legislatura puede determinar cambios a este respecto. Todo ello en un escenario de recuperación en 2024 de las reglas fiscales, que obligan a limitar el déficit público por debajo del 3 % y la deuda pública por debajo del 60% del PIB.

Empleo

El empleo sigue siendo uno de los grandes retos del país, y mantener el ritmo de creación de puestos de trabajo es fundamental para el país y el conjunto de la economía. Un reto que habrá de acompañarse con una necesaria mejora de la productividad, ante la brecha con países de nuestro entorno.

En este escenario acompañará el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva alcanzado por los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE-Cepyme, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, en mayo. Sin embargo, el nuevo Gobierno deberá a los problemas en el empleo público, con una huelga de los funcionarios de Justicia en suspenso hasta la formación del nuevo Gobierno. 

Instituciones

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva bloqueada varios años, se perfila de nuevo como un reto fundamental para el nuevo Gobierno. Además, el inicio de la nueva Legislatura podría comenzar en mitad de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, cuyas prioridades ya están definidas, si bien es necesario culminar con éxito el proceso, máxime si se tiene en cuenta que es la última presidencia rotatoria completa antes de las Elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en junio de 2024.

Política Social

En el ámbito social, el Ejecutivo deberá seguir afrontando las dificultades de los efectos de la inflación sobre las rentas de los ciudadanos, pese a su reciente moderación.

Un escenario en el que resultará clave la presión al alza de las pensiones y la incorporación de nuevos jubilados al sistema, que hará compleja su sostenibilidad, la cual habrá que valorar en 2025, cuando se revisará la reforma realizada. A ello hay que sumar otros retos en el ámbito sanitario, como el refuerzo de la atención primaria, y especialmente en lo que respecta a la educación, donde nueva EBAU, prevista tras la última reforma educativa, está pendiente de definición. En septiembre, 300.000 alumnos de 2º de Bachillerato inician el curso sin saber cómo va a ser la prueba que decidirá su acceso a la universidad. 

Energía

En el ámbito energético, la Comisión Europea ha advertido de que la llamada “excepción ibérica” no podrá extenderse más allá de diciembre de 2023, por lo que el nuevo Gobierno deberá afrontar el posible incremento de los precios de la energía –con su consiguiente impacto en los niveles de inflación– que podrían derivarse del fin de esta medida. Asimismo, la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo remitida a Bruselas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue pendiente de tramitación, por lo que el siguiente Ejecutivo deberá enfrentar esta tarea, en el marco de las cumbres de Ministros de Energía de la Unión Europea y en coordinación con los Veintisiete.

Agua

Las consecuencias del cambio climático se están traduciendo, en el caso español, en el incremento y la intensidad de las olas de calor, así como en la reducción de las lluvias, especialmente en Cataluña y Andalucía. Por ello, otro de los retos del próximo Ejecutivo será la gestión del agua como recurso imprescindible. Cabe recordar que una de las últimas decisiones del Gobierno en funciones ha sido la aprobación de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Guerra de Ucrania

La invasión rusa de Ucrania supuso la aprobación de una serie de medidas para paliar los efectos económicos de la crisis energética e inflacionaria que trajo consigo. La Diputación Permanente convalidará esta semana el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, pero el vencimiento de estas medidas está previsto para el 31 de diciembre de 2023.

El nuevo Ejecutivo deberá decidir su extensión o, por el contrario, la aprobación de nuevas medidas. Entre ellas se encuentran las rebajas de IVA al precio final de los alimentos o la limitación del coste final de la bombona de butano, las bonificaciones a los abonos transporte de las comunidades autónomas o las ayudas a los transportistas.

Internacional

Por último, en el marco de los compromisos adquiridos por la OTAN, el próximo Gobierno deberá duplicar el presupuesto destinado a Defensa, hasta alcanzar el 2% del PIB (desde el 1,01% actual), lo que supondrá aumentar las partidas unos 12.800 millones de euros.

Asimismo, el nuevo Gobierno deberá priorizar las relaciones con los países del Norte de África, desde los cuales España importa la mayor parte del gas, además de las relaciones históricas con los países de Latinoamérica y el Caribe, especialmente en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea y tras la cumbre UE-CELAC que tuvo lugar hace unas semanas en la capital comunitaria.