Pablo Llarena y Carles Puigdemont miran este miércoles al mismo edificio luxemburgués, el del Tribunal General de la Unión Europea que decide sobre el futuro del expresident al que el juez persigue desde hace más de cinco años. El TGUE emitirá dos resoluciones. Una sobre la validez del suplicatorio para juzgarles en España, y otra sobre el alcance de las euroórdenes emitidas por Llarena, que por ahora están suspendidas.
No se trata de decisiones definitivas, porque siguen cabiendo recursos, que pueden interponer las partes, pero sí es un paso más en la partida que ambos juegan a distancia y en la que los tribunales europeos se han convertido en el VAR.
La decisión que tome el TGUE no solo afectará a Carles Puigdemont, sino también a Toni Comín y Clara Ponsatí, fugados y eurodiputados como él.
Si las sentencias son claras y no contradictorias, las partes moverán fichas. Puigdemont recurrirá si no le dan la razón. Si se la dan, pedirá que se invalide la orden de detención nacional para poder volver a España sin ser detenido.
Pero existe una tercera opción:
Para Llarena, el suplicatorio es válido, porque el delito de malversación era medial, y en base a él, Puigdemont puede ser entregado y juzgado a España. Además, la desobediencia estaba subsumida en el delito de sedición, por lo que no ven necesario elaborar una nueva petición.
En enero, el Tribunal de Justicia de la UE, (TJUE) limitó las posibilidades de Bélgica de seguir rechazando la entrega a España, a no ser que se demostraran "fallos sistémicos" en la Justicia Española.
Aun así, Llarena, decidió esperar las sentencias de este miércoles en el TGUE antes de volver a cursar las euroórdenes.
Ahora mismo no, porque las órdenes de detención nacional sí que están activas, y en el Supremo están convencidos de que aunque se les diera inmunidad, no afectaría al territorio español.
Incluso si se les devolviera la inmunidad, pedirían que se aclarase ese punto, así que parece difícil que Puigdemont pueda venir a España en los próximos días, aunque tenga el aval de la Justicia Europea.
En el caso de Ponsatí, la exconsellera vino a España, fue detenida y puesta en libertad en Barcelona. Tras no acudir a la citación del Supremo, el juez Llarena, que había retirado la orden de detención nacional contra ella, volvió a activarla.
Ambos tribunales comparten sede en Luxemburgo, y sus resoluciones son de obligado cumplimiento, pero se encargan de distintas cuestiones:
Sí. Tanto si el TGUE da la razón a Puigdemont, como si se la quita o lo deja en un limbo, la decisión, en horas previas a la campaña electoral dará fuerza al debate de la derogación de la sedición, llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez y que Feijóo promete derogar si gobierna.
Esa reforma puede cambiar la respuesta del tribunal y puede acercar o alejar al expresident catalán del Tribunal Supremo, del que le separan más de 1.500 km, que el juez Llarena no ha conseguido reducir hasta el momento.