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Doce meses se han cumplido este sábado desde una de las peores tragedias ocurridas en las fronteras españolas de las últimas décadas. Un año sin responsables para lo que puede describirse sin exageración de masacre: 23 muertos reconocidos por Marruecos, más de 70 según la ONG marroquí más involucrada en la investigación y hasta un centenar de acuerdo al conteo de Amnistía Internacional.
En la madrugada del 23 de junio de 2022, entre 1.500 y 2.000 jóvenes subsaharianos, la mayoría de Sudán, Sudán del Sur y Chad, descendieron por las calles del conocido como Barrio Chino del municipio fronterizo marroquí de Nador con el objetivo de superar la valla de la frontera de Melilla y alcanzar por fin suelo español. Muchos de ellos aguardaron meses en los montes cercanos a la ciudad autónoma, como a día de hoy varios centenares siguen haciéndolo, a la espera del momento idóneo para intentarlo.
Solo 130 jóvenes conseguirían sortear la doble valla. El resto fue interceptado por el dispositivo de las fuerzas de seguridad de Marruecos. La violenta intervención de los agentes marroquíes, en coordinación con la Guardia Civil, dejó escenas dantescas. Las que pudieron ser filmadas, como las de decenas de cuerpos inertes sobre el suelo, corrieron como la pólvora en las redes sociales y medios.
El balance oficial de las autoridades marroquíes sigue, a día de hoy, siendo de 23 fallecidos, aunque las ONG elevan muy por encima la cifra. La delegación de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), una de las pocas organizaciones independientes del país, cifra en 77 las personas desaparecidas un año después. Por su parte, Amnistía Internacional, que hizo ayer viernes público un informe sobre la tragedia, estima que hasta un centenar de jóvenes perdieron la vida. Ambas entidades denuncian maltrato y omisión de auxilio a las víctimas.
En un comunicado difundido esta semana con motivo del aniversario de la masacre, la ONG Human Rights Watch denunciaba que ni las autoridades españolas ni las marroquíes han llevado aún a cabo “una investigación creíble” ni se ha hecho “justicia” para las víctimas de la “horrible violencia policial y muerte de solicitantes de asilo y migrantes”.
Al menos dos centenares de migrantes resultaron heridos. Medio centenar de agentes de la Benemérita resultaron heridos y 140 efectivos de la Policía marroquí. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le escapó en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que un gendarme marroquí murió como consecuencia de las agresiones sufridas a manos de los migrantes. Oficialmente el Gobierno de Marruecos no ha admitido bajas.
Transcurrido un año de la tragedia ni la justicia marroquí ni la española han sido aún capaces de encontrar responsables ni ofrecer un relato nítido sobre lo sucedido en la infame mañana del 23 de junio del año pasado. La Fiscalía española cerró la investigación en diciembre al no ver delito en la actuación de la Guardia Civil, y la marroquí concluyó que la actuación policial “respetó plenamente la ley” y que no hubo violencia excesiva.
En los 365 días transcurridos desde entonces, la justicia marroquí ha condenado, a través del tribunal de Apelación de Nador a un total de 61 detenidos en relación con el caso por delitos como “entrada ilegal en territorio marroquí”, “violencia contra funcionarios públicos” y “reunión armada”. Las sentencias oscilan entre los 11 meses y los 3 años de cárcel.
Para la investigadora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Alice Autin, “tanto España como Marruecos han exonerado a sus fuerzas de seguridad tras investigaciones defectuosas o insuficientes sobre la violencia” en el episodio de la frontera de Melilla.
Según Amnistía Internacional, medio millar de los migrantes que trataron de superar la doble valla fronteriza fueron trasladadas “a la fuerza” a “zonas remotas de Marruecos”, donde, según la ONG, “fueron despojadas de sus posesiones y abandonadas al borde de la carretera sin atención médica”. En marzo pasado, el Defensor del Pueblo español concluía en un informe que las autoridades españolas ejecutaron un total de 470 devoluciones ilegales el 24 de junio, una conclusión distinta a la del Ministerio del Interior.
Por otra parte, hasta ahora las autoridades marroquíes han dado sepultura e identificado a una sola persona. Human Rights Watch denunciaba este jueves que los familiares de los desparecidos no habían tenido acceso a información oficial ni apoyo de Rabat y que a algunos de estos allegados se les habían negado los permisos necesarios para entrar en Marruecos y desplazarse hasta Nador.
Tampoco ha habido en todo este tiempo ningún ejercicio de autocrítica por parte de los dos Gobiernos. El presidido por Pedro Sánchez, que está a punto de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea, ha defendido siempre la actuación de los agentes de la Guardia Civil que participaron en el dispositivo. En marzo pasado, ante la Eurocámara, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska aseguraba “no tener que asumir ninguna responsabilidad”.
Este mismo viernes Grande-Marlaska, afirmaba -respondiendo a Amnistía Internacional- que “ningún hecho trágico tuvo lugar en España” y que la actuación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue “irreprochable”.
Sin embargo, los análisis de los expertos a partir del material gráfico recopilado, también gracias a investigaciones como la de la BBC –un documental difundido a comienzos del pasado mes de noviembre- constatan que hubo muertes en territorio español, a pesar de que operativamente la zona donde se produjeron la mayoría de decesos esté considerada como “zona de nadie”.
Fuentes del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska lamentaban ayer que Amnistía Internacional “confunde la falta de respaldo a su relato con una pretendida falta de investigación”. “En España se llevaron a cabo investigaciones de forma exhaustiva e independiente, pero no validaron sus postulados y prejuicios, por eso para ellos no son válidas”, afirmaban ayer desde Interior en declaraciones a la agencia Europa Press. La versión oficial del Gobierno es que todos los muertos se produjeron en suelo marroquí, y que la actuación de las fuerzas de seguridad española fue impecable. Fin de la historia.
En plena luna de miel en las relaciones entre Marruecos y España –una vez se produjo el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental en marzo del año pasado- no es extraño que desde el Gobierno de Sánchez no se haya cuestionado en ningún momento la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes el 23 de junio del año pasado. Ni un solo pero, ni una sola pregunta. La directriz, no solo en este asunto, también, por ejemplo, en relación al retraso en la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, es no importunar la relación con Rabat. Con menos motivo ahora que se acercan las elecciones generales.
Del lado marroquí, también en la línea habitual, su Gobierno ha evitado siempre, ha sido el caso también con motivo del aniversario, hacer alusión pública alguna a la masacre ocurrida en Nador.
Lo cierto es que desde que se produjera el episodio del 23 de junio de 2022 no se ha registrado una tentativa de las mismas dimensiones ni en las fronteras de Ceuta ni en las de Melilla. La cooperación con Marruecos en materia migratoria es, sin duda, la mejor de las noticias para los intereses españoles desde la superación de la última crisis diplomática.
Si Rabat ha logrado aplacar con efectividad la migración irregular en el entorno de las dos ciudades autónomas, sin embargo, la llegada del verano está trayendo consigo –la tendencia ya había comenzado durante la pasada primavera- un acusado repunte en la ruta atlántica, como ha podido verse esta misma semana al naufragar cerca de Canarias una patera que había zarpado de las costas del Sáhara Occidental (y arroja, por ahora, un balance de dos muertos y 35 desaparecidos).
Centenares de personas huidas del hambre y la guerra –hasta 1.800, según alertaba este viernes la asociación de guardias civiles JUCIL, que denuncia la inexistencia de un protocolo de actuación- siguen aguardando su momento refugiados en los montes, como el macizo del Gurugú, que rodean Melilla. La situación en los países de origen de los migrantes que aguardan en el entorno de Melilla no ha cambiado, por lo que los flujos de migrantes subsaharianos, también magrebíes, seguirán tratando de acceder a suelo marroquí con el objetivo final de franquear las fronteras de las dos ciudades autónomas españolas. Por todo ello, no puede descartarse en ningún momento que las próximas semanas vuelvan a producirse intentos de entrada más o menos numerosos.