El Partido Popular le da vueltas a cómo cabalgar la contradicción de meter a Vox en el Consell de la Generalitat Valenciana comulgando con buena parte de su agenda ideológica incluida la "violencia intrafamiliar" y en la misma semana expulsar a los de Abascal del Gobierno de la Junta de Extremadura al grito de guerra de que con negacionistas de la violencia machista ni a la vuelta de la esquina. Feijóo ha encontrado la fórmula que le permite decir que ambos modelos son "correctos" sin censurar a ninguno de sus barones territoriales en un nuevo ejercicio de equilibrio.

Si Vox no supera el 12% de los votos en las comunidades autónomas donde se está jugando un Gobierno de coalición, la extrema derecha no está legitimada para exigir consejerías. En Extremadura Vox alcanzó el 8% de los sufragios y sólo consiguió 5 diputados frente a los 28 del PP en unas elecciones que ganó el PSOE de Guillermo Fernández Vara.

“Los resultados en Valencia son totalmente distintos. Vox no tiene el 8%. Tiene el 12% de los diputados y es evidente que la necesidad del número de diputados en Valencia es distinta a la de Extremadura. Por eso se ha actuado de forma correcta en Valencia y en Extremadura”, sentenciaba ayer después de reunir a los patronos del área económica de la fundación Reformismo 21 que patrocina el Partido Popular.

Ni rastro de los argumentos ideológicos con los que ayer se envolvió su candidata María Guardiola para cerrarle la puerta a la extrema derecha en Extremadura. Ni palabra sobre que Vox no puede compartir gobierno con el PP porque "niegan la violencia machista , deshumanizan a los inmigrantes  y tiran a la papelera la bandera LGTBI" como aseguró Guardiola en una declaración que deja escaso margen a reconducir las negociaciones con los de Abascal. Únicamente la frialdad de los porcentajes y el obstáculo insalvable de la cantidad de cargos que exige Vox a cambio de sólo 5 escaños.

La barrera del 12% para abrir la puerta de los gobiernos a Vox que fija Feijóo, los expulsaría de Extremadura y de Aragón pero no de Baleares ni tampoco de Murcia. Allí el presidente Fernando López Miras también se ha plantado ante la extrema derecha dejándoles fuera de la Mesa Asamblea regional.

"Vox en la Región de Murcia tiene el 18% del voto (el porcentaje más alto de España). Según Feijóo el umbral que marca la entrada es el 12%", se encargaba de recordar el candidato de Vox en Murcia, José Ángel Antelo.

Si Valencia envalentonó a los de Abascal y elevó la factura que se quiere cobrar en Extremadura, Murcia, Aragón y Baleares dificultando las negociaciones, el plante de la extremeña María Guardiola deja en mal lugar a los barones y alcaldes del PP que ya han permitido la entrada de Vox en sus gobiernos y en la presidencia de los parlamentos regionales o están a la espera de hacerlo. También se lo pone difícil a su jefe Feijóo si tras el 23J tiene que apoyarse en Santiago Abascal para alcanzar La Moncloa.

"Yo en Extremadura no habría permitido entrar en el Gobierno a un partido que viene a hacer ideología. Lo que no se puede es tragar con todo y firmar acuerdos que no son coherentes ni están acordes con los resultados de las urnas", respondía Guardiola ayer en una entrevista en El País cuando le preguntaban por el pacto en Valencia. Ella matizaba después y en redes sociales negaba que hubiera criticado a su compañero Carlos Mazón

En otra entrevista en ABC afirmaba que "no quiero que nadie me acuse de cabalgar contradicciones". Justo lo que está haciendo Feijóo tirando de 'geometría variable' .La candidata extremeña mete en un lío a sus colegas territoriales y a Feijóo porque después de esas declaraciones ¿cómo justificar los acuerdos que se alcancen a partir de ahora con la formación de Abascal? Siempre queda el plan inicial. Dormir los pactos hasta después de las elecciones generales del 23 de julio y después ya se verá.

Al otro lado del río a la bronca de ayer ha sucedido un enorme enfado en Vox que no se disimula. Sentó especialmente mal que la extremeña llamara a Jorge Buxadé "capataz del señor feudal" Santiago Abascal después de plantarse en Mérida para monitorizar las negociaciones. Hablan de "socialismo azul" y acusan a Alberto Núñez Feijóo de estar detrás de la implosión en Extremadura lo que ha provocado un duro cruce de reproches entre ambas formaciones.

El líder popular no se cortó. Acusó a Buxadé de boicotear las negociaciones y criticó que Vox pretenda pilotar las negociaciones de los gobiernos autonómicos desde Madrid elevando el precio de lo que según él ya estaba pactado. "Es bueno que los acuerdos en las comunidades autónomas se cierren entre los representantes de los partidos en las comunidades autónomas y que no haya una invasión de cargos nacionales de ningún partido a dejar sin efecto las conversaciones", indicaba dejando caer que había un acuerdo que se ha desbaratado desde la dirección nacional del Vox.