La Guardia Civil ha confirmado la compra de votos en Mojácar por medio de la declaración de varios testigos, personas que reconocieron haber entregado su voto a algunas de los intermediarios investigados en esta trama corrupta a cambio de la promesa de dinero. En total, los agentes han preguntado a cerca de 120 personas cuyos nombres aparecían o bien en los censos electorales que manejaban algunos de los investigados, o en sus agendas, en testimonios de referencia o en la documentación aparecida en los registros. Según ha podido confirmar NIUS, parte de ellos negaron haber participado en cualquier negocio con su derecho a voto, pero otros sí reconocieron que recibieron ofertas para votar a una formación política u otra por dinero.
De una forma resumida, los investigadores trabajan con la tesis de que los investigados por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Vera (Almería) buscaron a personas conectadas con la comunidad de inmigrantes de distintas nacionalidades que residen en Mojácar para comprar votos en estos entornos, con escaso poder adquisitivo. De hecho, se da la circunstancia de que los extranjeros, pese a estar censados en España, solo pueden votar en las elecciones municipales, y únicamente si pertenecen a países que permiten votar a los ciudadanos españoles en sus comicios. En la actualidad, sin contar los miembros de la Unión Europea, son solo 13 países los que se encuentran en el listado de aceptados, entre los que se encuentra Corea, Cabo Verde, Islandia y Trinidad y Tobago, por ejemplo. Y también Paraguay, Colombia o Ecuador, donde residen varios de los investigados.
Según fuentes cercanas al caso, los agentes localizaron diversa documentación sobre la presunta compra de votos en los registros lanzados el pasado 25 de mayo. En total, son ya once las personas investigadas en esta trama, de los que seis se han negado a declarar en el juzgado, uno de ellos prestó declaración y otros tres todavía no han sido llamados al considerar el juez que su papel es más secundario. Sin embargo, si han prestado declaración como testigo cerca de 120 personas, residentes en Mojácar y sobre los que existe sospecha de que recibieron la oferta de vender su voto. Muchos de ellos declinaron trener conocimiento alguno sobre los hechos investigados, pero otros confirmaron sin género de dudas las sospechas de la Guardia Civil sobre el posible intento pucherazo en las municipales de la localidad.
El pasado martes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó además que el caso tiene una nueva línea de investigación, después de que uno de esos testimonios señalase a un funcionario del ayuntamiento de la localidad como la persona que le ofreció vender su voto. Sin embargo, en ese caso el trabajador municipal no habría buscado el voto para el PSOE, como se investiga en la pieza fundamental de la trama, si no para el Partido Popular, al que el investigado estaría afiliado. Según adelantó la cadena Ser, el funcionario, con antecedentes penales por varios delitos, trabajó como sepulturero para el Ayuntamiento y el juez encargado del caso ha decidido abrir una pieza separada al entender que sus manejos eran independientes a la red que trabaja de captar apoyos para el PSOE local.