{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Carboneras y Mojácar (Almería), La Gomera (Canarias), Albudeite y Mazarrón (Murcia), Bigastro y Finestrat (Alicante), Moraleja de Sayago (Zamora), Casares de las Hurdes (Cáceres) Villalar de Alcor, La Palma del Condado (Huelva)... y sobre todo, Melilla. Las denuncias por las sospechas en el sistema de voto por correo marcan desde hace 48 horas los últimos momentos de la campaña electoral en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. Pero no es oro todo lo que reluce, ni fraude todo lo que entra en el sistema.
En un primer momento, cabe recordar que en España hay más de 8.000 ayuntamientos que elegirán sus nuevas corporaciones el próximo domingo, lo que deja los casos bajo sospecha por la compra de votos en una maniobra tan alarmante como residual. En total, son 136.000 electores censados los que se encuentran en las 12 zonas supuestamente comprometidas, en unos comicios donde están llamados a las urnas 36.5 millones de españoles. En segundo, cabe recordar que varias de las denuncias cursadas ahora han sido presentadas por particulares o rivales políticos participantes también en campaña, y siguen su curso legal sin que por el momento se hayan tomado medidas cautelares.
En lo que sí parece haber consenso entre los especialistas y rivales políticos es en el coladero que puede suponer el voto por correo, que por norma general requiere de una identificación para solicitarlo, pero no para entregarlo después en las oficinas postales. Sin embargo, ese agujero negro está sirviendo también en los últimos compases de la campaña para extender la sospecha sobre rivales políticos con señalamientos más tacticistas que sólidos.
En Melilla por ejemplo, la Junta Electoral ha tomado la prevención de ordenar que se solicite a todos aquellos que entreguen un voto por correo para la ciudad autónoma una identificación personal, una medida que, según Interior, ha servido para neutralizar el fraude. En este caso, llueve sobre mojado, con investigaciones sobre la presunta compra de votos sustanciadas ya incluso por la Justicia y que impiden al líder de la formación Coalición por Melilla concurrir como candidato en estos comicios.
En las últimas semanas, hasta tres juzgados distintos arrancaron investigaciones sobre la presunta compra de votos antes de que la causa fuera asumida por completo por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad. Antes, Policía y Guardia Civil se vieron en la necesidad de custodiar las oficinas de Correos locales para evitar tanto la entrega de votos fraudulentos como el robo de las participaciones legales a los carteros que entregan el correo en Melilla. En los registros, los agentes de la Policía Nacional encargados del tema encontraron un centenar de votos sin entregar y dinero en efectivo.
La obligación de identificarse ha dejado fuera de la circulación más de 8.000 votos, porque de los 11.700 que se solicitaron, se han entregado 3.612. En En este caso, la Fiscalía Anticorrupción está pendiente de recibir las diligencias y de designar a la delegación especializada en los delitos contra la corrupción que considere oportuna.
Mojácar fue la segunda operación de calado, con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como Policía Judicial y encargada de las detenciones. En este caso, la denuncia llegó por parte de un particular, pero se sustanció según las primeras pesquisas en una red que buscaba presuntamente el voto de inmigrantes y personas con escaso poder adquisitivo a cambio de dinero. Los detenidos prestaron declaración y quedaron en libertad, como en el caso de Melilla. Cabe explicar que parte de las condenas por este tipo de delitos, en caso de que fueran en su tramo más leve, acarrean penas de prisión de un año.
El elevado número de votos solicitados es más que sospechoso, porque supone un 21% del censo para las municipales del 28M y un 28% del total de personas que votaron en 2019, que fueron 2990.
Este asunto sí se está investigando ya por Anticorrupción, de hecho es el único que ha entrado ya en ese departamento.
Suerte distinta ha corrido por el momento la denuncia que el PSOE realizó contra el PP de Carboneras. Portavoces del partido en la localidad aseguraron a la prensa que habían presentado una grabación en la que miembros del partido contrario ofrecían la compra de tres votos por 100 euros. La denuncia se repitió también en Mojácar, donde la operación lanzada por la UCO afectaba a dos miembros del PSOE, partido que ahora denuncia a su rival.
En La Gomera, la denuncia de otro particular ha tenido un curso similar y la Justicia investiga el caso sin calificar todavía a nadie como investigado. En este caso la denuncia es más amplia, e investiga el posible uso de los ordenadores del Cabildo canario para pedir presuntamente y de forma fraudulenta, el voto por correo de 20 personas gracias a certificados digitales.
El volumen de votos en cuestión sería insignificante para unas elecciones generales, pero el sistema electoral hace que los 6.000 votos que componen el censo de San Sebastián de la Gomera tengan un peso especial para la composición tanto del cabildo insular, que gobierna el PSOE local desde hace 32 años, como del Gobierno autonómico. Y ahí, todo suma. Sin embargo, las investigaciones no se han sustanciado todavía con imputación alguna, desde que la denuncia se presentó el pasado 18 de mayo.
En Mazarrón, las denuncias sobre presunta corrupción son cruzadas entre el PP y un partido local llamado Unión Independiente de Mazarrón. Primero fue el partido de Feijoó quien denunció sus sospechas ante la Junta Electoral y luego la UIM la que presentó una querella contra los populares, a los que acusa de propagar pruebas falsas en su contra.
En Albudeite, también en Murcia, la alcaldesa ha sido llamada a declarar al cuartel de la Guardia Civil después de que los agentes localizasen indicios de la presunta compra de votos por correo en una redada por una investigación sobre presunto tráfico de drogas realizada el pasado miércoles. Según las fuentes consultadas por NIUS, los investigadores encontraron el uno de los registros autorizados por orden judicial documentación que indicaría la posible compra de votos de algunos residentes en la localidad.
En ese marco, tanto la alcaldesa como un diputado autonómico han sido llamados a declarar por la Policía Judicial y ahora será el juzgado encargado del caso la que decidirá si imputa a los políticos señalados, los deja en libertad o desgaja esa rama del procedimiento para que sea otro juez el que decida si hay caso.
En Bigastro y Finestrat (Alicante) ha sido el PSOE quien ha denunciado al PP por comprar presuntamente votos. Las peticiones en Bigastro por ejemplo han subido de 30 en los anteriores comicios a 170 en este. La alcaldesa, por su parte, se ha querellado también con los denunciantes a los que acusa de presentar pruebas falsas en su contra.
Algo similar sucede en Casares de las Hurdes, en Cáceres, donde el PSOE denuncia que el actual alcalde presionó a dos ciudadanos para que le dieran su voto, o en Villalba de Alcor (Huelva) donde tampoco ha habido detenciones.
Allí la denuncia dice que cerca de 40 votos por correo se pidieron desde los ordenadores del propio ayuntamiento.
En Moraleja de Sayago (Zamora) es también el PSOE el que ha denunciado a un partido local por meterse en una residencia de ancianos. Los denunciados defienden que su única intención fue facilitar el voto por correo de las personas con problemas de movilidad, de forma independiente a su opción en las próximas elecciones. Este jueves por la mañana, la Guardia Civil se ha personado en el centro para confirmar o desmentir esta versión, sin más datos por el momento.