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Sobre el papel, el local alquilado por Coalición por Melilla a uno de sus miembros más históricos era su cuartel general para todo el tema informático y de redes sociales, de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo. Sin embargo, la Policía Nacional lo registró este martes con autorización judicial ante la sospecha de que allí se organizaba de alguna manera parte de la red de compra de votos que desde que arrancó la campaña electoral, investigan tanto Policía Nacional como Guardia Civil bajo el mandato del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad autónoma.
Según ha trascendido, entre los nueve detenidos en esta primera fase del operativo hay dos personas cercanas a la cabeza visible de la formación melillense, el expresidente autonómico Mustafá Aberchan. Uno de ellos sería su yerno, y el segundo, el número tres de la candidatura y diputado autonómico en esta última legislatura, Mohamed Ahmed Al-lal. Se da la circunstancia de que Al-lal, consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana fue antes viceconsejero de Nuevas Tecnologías. Según fuentes cercanas al caso, los agentes de la Policía Judicial tratan de dilucidar ahora si el censo electoral que se entrega a los partidos para facilitar las labores de propaganda y buzoneo electoral, sirvió también para buscar personas que estuvieran dispuestas a vender su voto en los barrios más desfavorecidos de la ciudad.
De hecho, la investigación central está en manos de dos grupos distintos dentro de la Policía Judicial; los expertos en delitos financieros de la UDEF y los agentes de la UDYCO, la unidad especializada en el tráfico de drogas. Según las fuentes consultadas por NIUS, esta rama de la investigación respondería al presunto uso de personas dedicadas al menudeo de drogas para servir como conseguidores de votos en las calles de Melilla. Por eso y según las mismas fuentes, algunos de los investigados tendrían antecedentes por delitos vinculados con el menudeo de hachís. Además de eso, sobre el terreno trabajan desde que arrancó el operativo unidades de inteligencia de Policía Nacional y Guardia Civil.
Sin embargo, estos trabajos tienen que ver con un elemento más: ¿De dónde sale el dinero para esta presunta venta de votos? Por poner un ejemplo, el consejero de la ciudad autónoma detenido tenía en el momento de jurar el cargo una Vespa de 125 como única propiedad a su nombre, carecía de patrimonio inmobiliario, tenía un préstamo personal con el BBVA por el que debía 27.000 de los 42.000 euros que le habían sido prestados y tenía dos cuentas bancarias en las que el saldo medio rondaba los 1.000 euros en cada una.
Así, mientras los agentes de la UDYCO tratan de desenmarañar la participación de distintas personas en la presunta red de compra de votos, la UDEF sigue el rastro del dinero, hasta el posible financiador del supuesto pucherazo. Por su parte, el líder de Coalición por Melilla explicaba en un audio que su formación había sufrido varios registros mientras “el zulo de los votos por correo está en la sede del Partido Popular”. Sin embargo y según fuentes del caso, por el momento no hay en el procedimiento investigado alguno de cualquier otra formación política.
Según ha confirmado la Delegada del Gobierno en Melilla, las autoridades detectaron además el presunto intento de compra de un funcionario de Correos de Barcelona para que facilitase la entrega de los votos comprados. Según las fuentes consultadas por NIUS, la explicación es sencilla y responde a la presión policial frente a las oficinas de Correos en la ciudad autónoma. Según fuentes conocedoras del caso, la red de captadores funcionaba pagando la cantidad pactada por la compra de un voto, que se realizaba por correo para cumplimentar la documentación delante de las personas que realizaban la oferta, y confirmaban que el vendedor marcaba la opción electoral prometida.
Después, ese voto era entregado presuntamente al intermediario, que se personaba en la oficina de correos para depositar el voto como si fuera el titular real de ese derecho, tras confirmar que el voto era para la formación pactada. Sin embargo, la presión policial frente a las oficinas de correos y la necesidad estricta de presentar en persona una identificación dificultó presuntamente el pucherazo, y sobre todo la introducción de una cantidad indeterminada de votos que todavía no habían sido remitidos. Según fuentes cercanas al caso, la opción de la red habría sido viajar a la península y buscas oficinas con mucha menor presión policial donde poder presentar esos votos, o tratar de sobornar a algún funcionario de Correos de fuera de Melilla para que permitiera presentar esas papeletas sin necesidad de identificación, y hacerlas llegar así fuera de sospechas al sistema electoral. Según las fuentes consultadas por NIUS sería esta segunda estrategia, ante el riesgo de que alguno de los investigados se marchase de Melilla con los votos y se le perdiera la pista, la que habría hecho saltar el operativo lanzado desde el pasado lunes por la Justicia.