Ser cartero en Melilla no está siendo fácil en la campaña para las elecciones del 28M. Varios asaltos a los trabajadores de correos que distribuían documentación para votar por correos han acabado con la sustracción de 43 de sobres que han tenido que ser anulados. Los ataques forman parte de intento de pucherazo organizado en Melilla de cara al 28M y que ya está siendo investigado por el juzgado de instrucción Nº 2 de la ciudad autónoma. La causa es secreta pero se sabe que habría hasta 30 personas investigadas y donde se sospecha que hay un partido implicado a gran escala y otro en menor medida.

Los 16 carteros que se encargan de esta distribución han estado siendo escoltados por la Policía o la Guardia Civil en las entregas de documentación para poder votar por correo. El dispositivo, puesto en marcha para evitar los atracos de unos ladrones que actuaban encapuchados tras bajarse de coches sin matrícula, se extiende hasta el 25 de mayo, último día para votar por correo y conlleva también controles en oficinas de correos, el puerto y el aeropuerto, es decir, en todos aquellos lugares por donde pueden pasar los votos.

La situación, por anormal que parezca, no es nueva en la ciudad autónoma donde varios partidos se han visto envueltos en escándalos e incluso sus líderes han sido condenados por la compra de votos a cambio de dinero o de puestos de trabajo.

Pero esta vez, las alarmas han saltado a tiempo y se han implantado medidas para intentar evitar el pucherazo en los votos por correo se llegaban a comprar por hasta 200 euros. Además, el Gobierno se está planteando cambiar la Ley electoral para evitar este tipo de casos que, con motivo del 28M también se han producido en Almería.

Los robos a los carteros denunciados se produjeron justo cuando antes de entregar la documentación necesaria para votar por correo a personas que lo habían solicitado. Como el procedimiento es en dos tiempos, porque un día se recoge la documentación, de mano de los carteros, y otro se se entrega el voto en oficina de Correos, se cree que el fraude se cometía entre esos dos momentos.

De esa forma, la persona que había solicitado el voto no lo llegaba a recibir, porque había sido robado, y la trama introducía la papeleta que le interesaba, que era la que finalmente llegaba al recuento.

Los requisitos de identificación lo facilitaban, porque para solicitar el voto por correo es necesario presentar el DNI. Sin embargo, a la hora de entregarlo, no es necesario acreditar la documentación.

De ahí, la importancia de la medida implantada por Junta Electoral de Zona para hacer obligatorio que los votantes se identifiquen a la hora de emitir su voto. Una decisión refrendada por la Junta Electoral Central que ha extendido esa obligación para todos los votantes del censo de melilla que voten desde cualquier lugar de España para estas elecciones.

Una vez implementada esa medida, este jueves habían entregado su voto 981 melillenses, el 7% de los que lo habían solicitado. La cifra crecerá hasta el 25 de mayo, cuando se cerrará el plazo para presentar los sobres con el voto. Pero el fraude se da por neutralizado el fraude, porque además se está impidiendo que nadie entregue más de 5 votos. La prueba de la desactivación es la desaparición de las colas en las oficinas para votar por correo al día siguiente de aprobarse las medidas.

Los votos robados no eran el único modus operandi de la trama del pucherazo, que controlaba a todo un equipo de delincuentes que por un día dejaban el menudeo de hachís o los robos, para llamar a las puertas de las barriadas más pobres y proponer a los vecinos que pidieran el voto por correo y votaran a un partido determinado por una cantidad que iba entre 50 y 200 euros por sufragio, algo que según los investigadores pudieron aceptar un buen número de ciudadanos.

Este jueves, 18 de mayo, fue el último día para solicitar el voto por correo. Según el Ministerio del Interior 11.707 personas lo habían solicitado en Melilla, casi un tercio de las 34.390 personas que votaron hace cuatro años y alrededor de un 20% del total del censo electoral de la ciudad autonóma, donde hay registrados 55.000 electores.

Ese 20% de solicitudes de voto por correo no tienen nada que ver con las cifras del resto del país, donde las solicitudes de este tipo son están en un 3% de media. En el caso de la otra ciudad autónoma, Ceuta, las solicitudes están un poco por encima de esa media nacional, con un 3,58%, pero siguen a una distancia sideral de Melilla.

Además las peticiones en Melilla se han doblado con respecto a 2019, cuando el porcentaje se situó en el 10%, también muy alto pero no tanto.

Conocida la situación, los partidos se han cruzado miradas -y algo más- acusadoras por una situación que no es nueva. Todos han celebrado las medidas electorales adoptadas por las juntas electorales excepto Coalición por Melilla, que gobierna en coalición con el PSOE y que ha pedido que se suspendan las elecciones.

La formación, integrada en Sumar, está en el punto de mira, porque ya protagonizó un caso similar en 2008 junto a los socialistas. En aquella ocasión, su presidente Mustafa Aberchán, y el ex secretario general del PSOE fueron condenados a dos años de cárcel e inhabilitación por conseguir votos por correo a cambio de planes de empleo.

La sentencia se convirtió en firme en 2021, lo que ha impedido a Aberchán presentarse como candidato a la presidencia de Melilla este 2023.

El PP tampoco se libra de esta práctica. Precisamente Coalición por Melilla hizo público un vídeo en el que el hijo del expresidente autónomo Juan José Imbroda, negociando una compra de votos, aunque la denuncia fue archivada.

Por su parte, Vox se ha subido al carro de la oportunidad. Habitual alentador de bulos sobre pucherazos el partido de Abascal se ha apresurado a pedir la suspensión de voto por correo ante la aparición de un caso aparentemente real.