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Tras una intensa tarde-noche del miércoles, consultando a los asociados o debatiendo qué hacer en sus ejecutivas, los representantes de jueces y fiscales tenían una cita a las 12:00 del mediodía para responder al Ministerio de Justicia sobre la última oferta planteada para intentar evitar la huelga que habían propuesto cinco de las siete asociaciones de ambas carreras. Esa oferta, la definitiva según el Ministerio de Pilar Llop, se hizo el martes, y ya no llevaba una nueva subida salarial, sino otro tipo de mejoras como el incremento en 100 plazas de jueces y fiscales. Pero esa oferta, para la mayoría de las asociaciones es insuficiente.
Justicia se plantó en los 46,7 millones de euros que ofreció el 8 de mayo para los 8.000 jueces y fiscales que hay en España, que supone un incremento medio de 450 euros mensuales. Esa cifra convenció a las dos asociaciones progresistas: Juezas y jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. Esas dos asociaciones no se habían sumado a la amenaza de huelga hasta ver cómo transcurrían las negociaciones y ya el 8 de mayo se descolgaron de esa posibilidad.
Su postura y la del resto marcan la principal división entre asociaciones, pero no es la única, porque entre las convocantes también hay diferencias, que se comenzaron a ver la semana pasada.
La Asociación judicial Foro Independiente, la Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales apostaron por levantar el pie del acelerador y retrasar el inicio de la huelga indefinida con que habían amagado. En un principio se había convocado para el día 16 y decidieron posponerla al 22, el lunes que viene, a la espera de la oferta que Justicia había anunciado como la última.
Sin embargo, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria entre los jueces y está considerada conservadora, suspendió la convocatoria de huelga sin una fecha alternativa.
Este mismo miércoles, la APM volvía a emitir un comunicado en solitario en el que señalaba su insatisfacción por la propuesta de Justicia, que calificaba de "insuficiente e inasumible". La asociación asegura "lamentar" que Justicia y Hacienda no hayan cambiado su actitud, aunque añadía que sus representantes acudirán a la reunión "con voluntad negociadora y actitud constructiva".
Ese comunicado llegaba mientras el resto de asociaciones seguían debatiendo o consultando a sus bases, sobre qué hacer con la oferta.
Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente aseguraba que la carrera está "indignada" e "incendiada", y señalaba que si el Gobierno hubiera tenido "un poco de inteligencia emocional", les habría ofrecido una subida, aunque fuera ligera.
Fuentes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria admiten que las mejoras no económicas son avances, pero están valorando la oferta antes de tomar una decisión.
La voluntad, al menos de Foro o de la Asociación Independiente y Profesional de Fiscales era hablar con las demás para ir a la cita tan unidos como fuera posible.
Para FJI, las opciones son dos: huelga indefinida desde el 22 de mayo, o desconvocatoria pese a la insatisfacción.
Desde el inicio de las negociaciones, Justicia y Hacienda, los dos ministerios que se sientan en la mesa de retribuciones, han hecho dos ofertas económicas. La primera fue de 44 millones de euros, que las asociaciones rechazaron. Se hizo el 3 de mayo y ni siquiera fue aceptada las progresistas JJpD y UPF.
El 8 de mayo llegó la segunda oferta, la de 46,7 millones que supondrían un aumento medio de 447 euros en 12 pagas y que se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo desde el uno de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efecto el 1 de julio de 2024.
Tras presentar esa propuesta, el Gobierno dijo que no subiría más y, dicho y hecho, el día 16 las novedades no pasaban por una nueva mejora económica. Los puntos incluidos en esa oferta, según el Ministerio son:
Esas mejoras son las que el Gobierno ofreció el martes y este jueves, las asociaciones tienen que responder, inmersas en una falta de unidad que podría mermar su capacidad de presión a cuatro días de la fecha señalada para iniciar la huelga.
Si finalmente se convoca, se sumará a la de los funcionarios de Justicia, con los que el Gobierno no se ha reunido tras varias semanas de paros y pese a su amenaza de huelga indefinida también desde el día 22.