No cabe ilegalizar Bildu porque la discrepancia o los planteamientos políticos no convierten a un partido en ilegal y esa formación es "democrática" porque su actividad no vulnera los principios de la democracia. Es la base de un informe de la Fiscalía en el que se responde a la petición que le hizo la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil para que instara su ilegalización por la inclusión de 44 condenados por terrorismo en sus listas del 28M. La respuesta de la Fiscalía -previsible- llama la atención en una de sus firmas, la del fiscal de la Sala de lo Contencioso Administrativo Antonio Narváez, que hace unos días fue noticia por hablar de los "filoetarras" de Bildu en un encuentro de la Asociación de Fiscales con Alberto Núñez Feijóo.

Narváez hizo una intervención en la que llegó a decir que "ojalá" ganara el Partido Popular y en la criticó algunas de las políticas de Pedro Sánchez. Aseguraba Narváez que hablaba a título personal, que no es incompatible con el punto de vista profesional, tal y como acredita el informe.

En el documento de respuesta a Justicia para Guardia Civil, Narváez, Narváez comparte firma con la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ana García León. Ambos señalan que "en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática".

En 10 folios, ambos miembros del ministerio Público, recogen que EH Bildu es una coalición de dos partidos que "han condenado y condenan públicamente la violencia terrorista y han aceptado y asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional". Y no solo eso, recuerdan que ETA se disolvió hace 12 años y que el contexto ha cambiado en ese tiempo.

El escrito, recibido el martes, recordaba al fiscal general del Estado, Álvaro García, que está legitimado para instar la ilegalización "de un partido que lleva en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, según la ley orgánica sobre partidos políticos".

Pero la Fiscalía les ha dicho que no, porque "no concurren indicios mínimamente racionales de ninguna de las conductas previstas" en la Ley de Partidos Políticos.

El informe se ha emitido 24 horas después de que se archivara la denuncia de Dignidad y Justicia por presencia de los 44 candidatos, siete de ellos con delitos de sangre. La Fiscalía abrió diligencias solo para constatar que no había delito y lo archivó directamente.