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Acudió al hospital al ponerse de parto de sus gemelos, y aunque todo empezó con normalidad no acabó igual. Tras más de 17 horas de parto natural, el segundo bebé dejó de recibir suficiente oxígeno y sufrió una hipoxia. Entonces ya se le practicó una cesárea, pero el niño tiene un 83% de discapacidad como consecuencia de ese parto. Siete años después, en una sentencia demoledora, el juez canario Ángel Teba, ordena al servicio canario de salud a indemnizar a la mujer con un millón de euros que la administración del archipiélago le había denegado. El principal motivo, es que a la mujer no se le informó de que podía optar a una cesárea, que de realizarse a tiempo, habría evitado el daño. Para el juez es un caso patente de violencia obstétrica, la violencia médica sobre la mujer embarazada.
Su abogado, Javier Navarro Betancor, explica a NIUS que la mujer está satisfecha, aunque tensa porque son conscientes de que esto no ha terminado y habrá recurso. Eso, además de la situación vital que tiene, sin trabajo y con dos niños pequeños, uno de ellos con parálisis cerebral como consecuencia del parto. Con la razón de este juez, ahora se plantearán la posibilidad de demandar al equipo médico que hurtó la información a la madre de los pequeños.
El abogado celebra esta sentencia que "hace justicia" con una mujer a la que "arrebataron todos los derechos como madre y como paciente" al vulnerar su derecho de la información e "ignorarla", porque la sentencia deja claro que los médicos prescindieron de ella y "la trataron como un objeto". Forzaron un parto natural cuando todo indicaba que lo lógico y prudente era la cesárea, y después actuaron "como si no hubiera pasado".
El rapapolvo del juez se dirige principalmente al hecho de nadie informó a la mujer ni a su acompañante de las opciones de parto en ningún momento, y cuando el parto natural presentó problemas, insistieron en él, durante "la friolera de 17 horas" (son palabras textuales del juez) sin plantearle la intervención quirúrgica, y que incluso le siguieron administrando oxitocina, dañando más al eto. Solo cuando ya no había otra opción, se le práctico una cesárea, pero ya era tarde. Para Ángel Teba, es un caso claro de "violencia obstétrica".
El Servicio Canario de Salud, llegó a contestar que ella "se podría haber quejado o disentir", pero que no lo hizo. El juez hace suya la indignación de la mujer por esas palabras, toda vez que no fue informada, sino que todas las decisiones se tomaron, según la sentencia por "imposición manu militari del criterio médico de las facultativas" que la asistieron.
El juez Teba pone negro sobre blanco que al no informar a la mujer, el equipo médico usurpó su derecho a optar por una cesárea en el momento adecuado que habría evitado cualquier lesión a su hijo. "Era ella quien tenía el derecho a decidir si daba a luz de forma natural o mediante cesárea", dice el juez en su auto en el que admite que ni el millón de euros de indemnización ni ninguna otra cantidad podrán resarcir los efectos de aquel error con el que desde entonces "deben pechar la madre y su hijo (amén de su hermana gemela)".
Javier Navarro explica que la mujer tardó en llegar a su despacho, porque el hospital insistió siempre en que no hubo ninguna negligencia y en que no se infringió ningún protocolo. Pero el juez Teba tiene claro que sí, que "los médicos no actuaron conforme al protocolo establecido por Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia":
Sea como fuere, la sentencia ha generado debate entre los que defienden la autonomía del paciente y denuncian la violencia obstétrica y la propia Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que considera que es el médico el que debe decidir la vía del parto, en contra de lo que señala la sentencia.
Para Helena Eyimi, matrona y consultora de Naciones Unidas sobre salud y mujer, esta sentencia representa un "avance" en la lucha contra la violencia Obstétrica.
"La mujer debe ser la persona que decide qué intervenciones se van a realizar sobre su cuerpo. Lo que necesita es información sobre riegos y beneficio. La mujer no tendría que dar ninguna explicación de por qué quiere una cesárea, lo que necesita es información para asumir los riesgos. Y con esa información, decidir", asevera en una entrevista telefónica con NIUS.
Eyimi añade en nuestra sociedad aún queda mucho camino por recorrer porque el médico y la matrona siguen tomando las deciisones: "Con demasiada frecuencia se trata a las mujeres como personas que no entienden" porque el obstetra valora que el especialista es quien sabe, y eso es una falta de ética". Porque su trabajo es informar, sugerir y apoyar".
Asegura que "no se hace con mala fe, y que los profesionales creen estar haciendo lo mejor, pero eso pasa por alto el consentimiento informado, que es el básico en las relaciones entre el médico y el paciente.
Por su parte, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha emitido un comunicado en el que lamenta las consecuencias para el niño y su familia, pero señalan su desacuerdo con la sentencia: "Los obstetras tienen que actuar siempre basándose en las Guías de Asistencia práctica de esta Sociedad y no en las preferencias de la paciente, que sí serán tenidas en cuenta en la medida que sea posible. La decisión de la vía del parto será responsabilidad del obstetra y la decisión de realizar una cesárea se hará solamente cuando está correctamente indicada, no a petición de la paciente".
El comunicado alude a jurisprudencia del Supremo que y otros tribunales que señalan que "la cesárea no puede configurarse como una alternativa al parto vaginal de libre decisión para la madre", por los riesgos que conlleva.
El TSJ de Canarias será el próximo lugar donde se debatan las 18 páginas de esta sentencia que dice que es la mujer la que debe decidir cómo da a luz, algo en lo que no todo el mundo parece estar de acuerdo.