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La Junta Electoral Central, y las provinciales, ya están metidas en faena. Su labor no es otra que velar por la limpieza de las elecciones y en esa tarea, le toca mirar con lupa las actuaciones de los partidos. Todavía quedan tres semanas para los comicios municipales y autonómicos del 28M, pero los miembros de la JEC ya han recibido múltiples denuncias cruzadas de los partidos que están dando lugar a reprimendas y expedientes. Una de las denuncias más habituales es el uso partidista desde posiciones en los distintos gobiernos. Entre las últimas decisiones, un expediente a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, por criticar al PP desde Moncloa; un toque a su compañera Teresa Ribera por lo mismo; o una orden de retirar propaganda electoral de Ayuso, por enviarla antes de tiempo.
El hecho es que casi nadie se libra. El propio Pedro Sánchez y su antigua portavoz, Isabel Celaá, saben lo que es ser sancionados por mensajes partidistas desde el Gobierno; en el PP de Rajoy, en 2012, se vieron obligados a retirar un vídeo en defensa de su reforma electoral hasta que concluyeran los procesos electorales en Asturias y Andalucía; Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso también recibieron reprimenda por usar sus respectivos asientos de Gobierno (en Moncloa y en la Puerta del Sol de Madrid), para las elecciones madrileñas de hace dos años. Si se abunda en la hemeroteca, cuesta encontrar partidos que no hayan sido reconvenidos por las juntas electorales, y en la precampaña del 28M no iba a ser menos.
Entre 300 y 3.000 euros, esa es la multa que la Junta Electoral Central (JEC) podría imponer a la portavoz del Gobierno por criticar al PP desde la mesa de la rueda de prensa de Moncloa después del Consejo de Ministros del 25 de abril, cuando las elecciones del 28 de mayo ya convocadas. Lo mismo le puede pasar al presidente de Cantabria, por declaraciones sobre "logros conseguidos" en un acto en el puerto de Santander, convocado por el partido con presencia de miembros del Gobierno y a juicio del PP, que lo denunció, utilizó su condición de presidente de la región.
En el caso de Isabel Rodríguez, la apertura del expediente sancionador se ha producido tras dos apercibimientos previos por críticas denunciadas por el Partido Popular y ha sido esa reiteración, la que entre otros motivos ha motivado la apertura de las actuaciones. De hecho, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también fue denunciada por el PP, pero en su caso la JEC se ha limitado a un apercibimiento, igual que los que había recibido Rodríguez antes que ella.
En el caso de Teresa Ribera, el 25 de abril, los periodistas le preguntaron por unas declaraciones de un consejero andaluz del PP tras el informe negativo de la UE al proyecto de riego de Doñana. La pregunta planteaba que el consejero había insinuado "presiones" o "intoxicaciones con bulos" desde el Gobierno a Bruselas.
Ribera respondió con frases acusaba al PP de "indiferencia", de "frivolidad", de "tonteo", de "provocación" o de "negacionismo y populismo". Para la Junta Electoral, sus palabras, que eran una respuesta a los periodistas, tienen la cualidad de la "espontaneidad" que restan culpa a la ministra. Sin embargo, señalan que como miembro del Gobierno, y hablando desde Moncloa, debe tener cuidado con ese tipo de manifestaciones. El 'toque' queda limitado a un apercibimiento.
En el caso de Isabel Rodríguez, el PP llevó a la JEC unas declaraciones, también del 25 de abril, a cuenta de la exhumación de Primo de Rivera. De nuevo, los periodistas habían preguntado por las críticas lanzadas desde el Partido Popular que acusaba al Gobierno de intentar "tapar los verdaderos problemas" de España.
Rodríguez respondió que el Gobierno sí estaba en los problemas de España, a diferencia del PP, que "ni está ni se le espera" y al que acusan de no haber estado "cuando se le necesitaba para dar respuesta a la pandemia" y de no participar "en las reformas para los trabajadores como la reforma laboral, ni los incrementos del salario mínimo, ni la subida de las pensiones, ni ahora para atender la política pública de vivienda, ni está ni se le espera y, por tanto, tienen que recurrir a este tipo de argumentos para atacar al Gobierno, porque nada tienen que ofrecer a España".
También en este caso la Junta Electoral Central tiene en cuenta que fueron respuestas espontáneas, pero consideran los anteriores apercibimientos: uno el 4 de abril, también desde la mesa del Consejo de Ministros, por hacer "manifestaciones valorativas de logros alcanzados en materia de empleo" al comentar los datos del paro; y otro por otra rueda de prensa similar en la que acusó a Alberto Núñez Feijóo de "saltarse la Constitución", al hablar de la Ley de Vivienda.
La Junta Electoral Central, además, ha ordenado que hasta las elecciones se eliminen de la web de Moncloa las declaraciones objeto de revisión.
Entre los presidentes autonómicos que han recibido reproches de la Junta Electoral de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ahora podrá hacer alegaciones sobre el expediente que se le ha abierto por apuntar los méritos de su Gobierno en un acto oficiosamente institucional.
En cuanto a Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que retirar imágenes de sus candidatos y de sí misma en los folletos informativos sobre el voto por correo. En este caso, el PSOE denunció que se había vulnerado la prohibición de la LOREG de emitir propaganda electoral fuera del periodo de campaña. El organismo ha dado la razón a los socialistas y ha ordenado a Ayuso que retire las imágenes.
Las televisiones, especialmente las públicas, tampoco se libran de la lupa de las Juntas Electorales. Esta semana la Junta Electoral Central ha apercibido a Canal Sur por mantener "una posición partidista" a favor del Gobierno de Juanma Moreno en la proposición de ley de Doñana.
La Junta Electoral de Sevilla había rechazado el recurso que presentó el PSOE, pero hubo apelación de los socialistas y la Junta Electoral ha revocado esa decisión. De tal forma, Canal Sur queda apercibido por la emisión de un espacio en el informativo titulado "desmontando bulos en Canal Sur".
Varios artículos establecen los plazos y situaciones las que no se pueden hacer actos que se consideren electorales:
Esos son los artículos por los que más denuncias hay ante unas juntas electorales que por delante tienen tres semanas de mucho trabajo en las que los partidos políticos se seguirán acusando entre sí de romper las reglas, que muchas veces están en las delgadas líneas rojas.