Primera valoración del presidente del Gobierno del incidente protagonizado por el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y la presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado 2 de mayo en el que los servicios de protocolo de la CAM impidieron al representante del Gobierno subir a la tribuna. Sin mencionar a la presidenta autonómica Pedro Sánchez ha pedido que se "respeten las reglas y las instituciones" para facilitar la convivencia independientemente del color de las instituciones.

Es la primera ocasión que ha tenido para preguntar a Sánchez por el veto de la presienta madrileña Isabel Díaz Ayuso a un representante del Gobierno central en los actos festivos de la Comunidad de Madrid a quien acusó además este miércoles en acudir solo con el objetivo de reventarlo.

Las declaraciones de Sánchez se han producido durante la comparecencia junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de visita oficial a nuestro país. Como en cualquier comparecencia junto a un mandatario extranjero las preguntas que pueden dirigirse son dos. Una de ellas era sobre la situación vivida por el ministro de la Presidencia en los actos festivos en la sede del Gobierno regional. Sánchez ha recordado que "hay unas mínimas reglas que no podemos olvidar; en una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones públicas con independencia a qué territorios nos refiramos, sea Madrid, Cataluña o el Gobierno de España". El llamamiento de Sánchez a respetar las reglas venía acompañado de una recomendación: "quien no las respeta pierde toda razón".

De esas reglas habló el miércoles la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros exhibió el Real Decreto de Protocolo de 1983, la norma que rige este tipo de situaciones. Rodríguez afirmó que "nunca ha dado problemas en 40 años pero los está dando en 2023·. Así, se mostró sorprendida de que se pueda "estirar tanto el chicle" con este decreto, según recriminó a la Comunidad de Madrid.

La portavoz señaló además que se trataba de un paso más en la estrategia de deslegitimación del Gobierno actual y señaló que suponía un ataque a la democracia por parte del PP.

También el presidente ha valorado la recomendación de Unión Europea de armonizar penalmente los delitos de malversación lo que obligaría al Ejecutivo a una nueva modificación del Código Penal que afectaría al delito de malversación, recientemente modificado por el Ejecutivo. Sánchez ha defendido que la recomendación le llega a España "con los deberes hechos". "En la reforma que ya hemos hecho se recoge el delito del enriquecimiento ilícito, que no está reconocido en distintos países y en cambio España si lo ha incorporado a su código penal.

El planteamiento de la Comisión, conocido este miércoles, es el de imponer una pena máxima al menos 5 años para delitos de malversación en toda la Unión Europea, según la propuesta de directiva presentada para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente. La citada propuesta obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación.

Bruselas pide que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.

Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber "ánimo de lucro" cuando la autoridad o funcionario público "se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas".

Además, creó dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas", con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años.

Y un segundo tipo para "la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado", sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.

Conforme a la propuesta lanzada este miércoles por Bruselas, el artículo 432 --al tener una pena máxima de 12 años-- quedaría indemne, pero los dos nuevos tipos no cumplirían, por contemplar máximas de 3 y 4 años, por debajo de ese umbral de 5 señalado por el Ejecutivo comunitario.

La iniciativa de la Comisión pretende actualizar y armonizar las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir toda la gama de delitos de corrupción, prevenir mejor la corrupción y mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los estados miembros y el Parlamento Europeo.