El último de los grandes y más emblemáticos compromisos del pacto de coalición firmado en 2019 entre PSOE y Podemos se ha cumplido en la recta final de la legislatura y a tan solo un mes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El Congreso ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia que limita la subida del precio del alquiler en zonas tensionadas, fija la figura del gran tenedor en los propietarios de cinco inmuebles y les impide desahuciar a inquilinos en situación de vulnerabilidad económica sin un acto de conciliación previo.

Ha salido adelante con 176 votos a favor, 167 en contra y 1 abstención. El Gobierno ha votado unido y ha sumado el apoyo de dos de sus socios prioritarios, ERC y Bildu. El PNV ha votado en contra porque considera que hay invasión de competencias. El acuerdo a tres bandas entre socialistas, morados e independentistas facilitó el desbloqueo de la ley que llevaba más de un año atascada en el Congreso. Pedro Sánchez, que ha asistido a la votación, ordenó poner el acelerador e intensificar las negociaciones a las puertas de las elecciones. Ahora pasará al Senado donde también se agilizarán los plazos para aprobarla definitivamente lo antes posible.

Esta vez todo el Gobierno ha aplaudido puesto en pie junto a la bancada del PSOE y de Podemos la aprobación de ley en una imagen que en nada se parece a la vivida hace una semana cuando la reforma socialista de la ley del 'solo sí e sí' solo fue ovacionada por el PP.

Pedro Sánchez ha presumido de que se trata de uno de los principales "hitos de esta legislatura y de la democracia" que pone los cimientos para una nueva política de vivienda. Ha remarcado que con la ley y el impulso a la promoción de vivienda pública se cambia el paradigma para "convertir lo que hoy es un bien de lujo en un bien de primera necesidad", especialmente para los jóvenes. Ha señalado que la vivienda está en el origen del 70 % de la desigualdad.

Ha sido una de las negociaciones más complejas de la legislatura de casi tres años que ha provocado tensiones en el seno del Gobierno desde el primer momento por las exigencias de Podemos que reclamaba valentía al ala socialista del Ejecutivo. La ley llegó a condicionar el apoyo de Podemos a los dos primeros presupuestos generales del Estado. En el debate parlamentario, sus defensores han puesto en valor que la vivienda se convierte a partir de ahora en un derecho real y el bloque de la derecha, que ha votado en contra, denuncia que los pisos se van a encarecer y que se está "legalizando la okupación" con una ley meramente electoral. Ha sido el principal argumento del PP.

Las dos ministras que han negociado la ley, una del PSOE y otra de Podemos, han subido a la tribuna para reivindicar el texto y ponerse la medalla. Raquel Sánchez, la titular de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, ha subrayado que la ley es "sólida jurídicamente y no va contra nadie".

"Hoy pierde la banca, pierden los buitres, los fondos de inversión y gana la gente", ha enfatizado Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales, que ha proclamado que las casas son para vivir y no para especular y que "ya era hora de intervenir el mercado del alquiler".

La vivienda se ha convertido en el principal eje de precampaña de Sánchez que además de exhibir la ley como uno de los logros clave de la legislatura para convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar, ha ido encadenando anuncios sobre construcción de vivienda pública para alquileres asequibles. El último lo hizo este martes en el Senado donde prometió, en su debate con Feijóo, la construcción de 20.000 nuevas viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa.

Unidas a las 50.000 que movilizará la SAREB y a las 43.000 anunciadas hace una semana en el Congreso que se financiarán con créditos ICO la cifra asciende a 113.000 viviendas para el parque público. En total, y si se tienen en cuenta las viviendas ya proyectadas por el Ministerio de Transportes, el Gobierno sostiene que en los próximos años habilitará unos 183.000 inmuebles.

Unos anuncios que el resto de partidos, desde Podemos hasta el PP, califica de electoralistas. Sánchez ha encontrado en la vivienda un filón para impulsar la campaña del PSOE. Es un tema social muy sensible y aparece en todas las encuestas como una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes.

La ley y las medias que ha puesto en marcha el Gobierno le sirven a Sánchez para contraponer su modelo con el del PP que ha votado en contra de la ley al igual que Vox y Ciudadanos. "De robo a mano armada", ha calificado la ley Ana María Zurita, diputada del PP, que ha denunciado que solo favorece a los okupas, vulnera el derecho a la propiedad, no servirá para abaratar los precios y es únicamente una legislación para contentar a ERC y Bildu. Ha advertido además de los "efectos indeseados" de la ley.

Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, ha cargado contra un texto que, a su juicio, solo sirve para salvar "la coalición Frankenstein", condena a millones de españoles a no poder acceder a una vivienda y bendice la okupación. Se ha comprometido a que su partido va a "derogar este bodrio".

El presidente lleva varios días avisando al PP y a las comunidades autónomas donde gobierna que la ley se va a cumplir en todo el territorio. Unas advertencias ante las amenazas de algunos presidentes como Isabel Díaz Ayuso que ha mostrado su rechazo y que se plantea recurrirla ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno madrileño ha contestado a Sánchez que cumplirá únicamente los aspectos “imperativos” de la ley pero que ejercerán su “autogobierno” en aquello que les permita la norma.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este jueves: "Podemos afirmar que la ley se va a cumplir en todo el territorio. Y eso no es optativo". Ha recordado que el Estado de derecho tiene mecanismos e instrumentos para hacer cumplir la legislación "siempre". Ha denunciado que el PP no se puede convertir en un "partido antisistema" porque esté mirando permanentemente a Vox por el retrovisor.

Las competencias en materia de vivienda están transferidas a las autonomías y a los ayuntamientos. Ya se vaticina una batalla entre el Gobierno y las comunidades del PP. Serán los presidentes autonómicos los que decidan si, como propone el texto, declaran zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres. En un escenario electoral, todos los candidatos que se juegan su poder en las urnas el 28 de mayo se tendrán que retratar en las próximas semanas ante sus electores.