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El ministerio de Pilar Llop no da abasto. Apenas unos días ha durado el alivio del final de la huelga de dos meses de los letrados de la Administración de Justicia, que acabó con una subida salarial de unos 450 euros mensuales después de 360.000 juicios y vistas suspendidas. Ahora, el Ministerio de Justicia tiene en pie de guerra al resto del personal que trabaja en los juzgados, desde los que ocupan lo más alto del escalafón, los jueces; hasta los funcionarios, que llevan una semana de huelga; pasando por los fiscales.
Como si fuera un efecto dominó, el éxito de una huelga está desencadenando otras. Los funcionarios llevan una semana de paros; y tres de las cuatro asociaciones judiciales, y una fiscales han puesto fecha a los suyos: será el 16 de mayo si no hay cesiones por parte del Ministerio.
La asociación progresistas de la judicatura -Juezas y jueces para la Democracia- "comparte el diagnóstico, pero ha decidido esperar al tres de mayo, el día en que se reunirá la mesa de retribuciones para analizar posibles respuestas a las reivindicaciones. Pero tampoco ellos descartan, ni mucho menos, sumarse al paro indefinido, si esa reunión no da respuestas que les satisfagan.
Las reivindicaciones en los comunicados de las asociaciones se resumen en más y mejores medios materiales y en mejoras salariales. En lo concreto:
Recriminan al Gobierno que llevan cobrando lo mismo desde el año 2003 y aseguran que ya han demostrado mucha paciencia y responsabilidad.
De momento, han tenido dos reuniones con el Ministerio de Llop: una el 29 de marzo, de los jueces con el Ministerio, y otra el 4 de abril, a la que acudieron los fiscales, pero según las asociaciones no ha habido ninguna "propuesta concreta".
A su juicio, los 2.197 millones de los Presupuestos Generales del Estado para Justicia, convierten al departamento en "la cenicienta" del Gobierno. Solo los ministerios de Exteriores y de Cultura reciben menos que Justicia.
Critican que "todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad", según el comunicado conjunto de las asociaciones.
Además, lamentan que no se les ha pedido hablar directamente con Ministerio de Hacienda, que no solo forma parte de la Mesa de Retribuciones, sino que es el que al final tiene que liberar el dinero.
La Mesa de Retribuciones se reunirá el 3 de mayo, pero para ellos no es garantía de nada.
La Asociación Profesional para la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente son los que amenazan con esta huelga por la parte judicial.
La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales son la parte del Ministerio Público que amenaza con los paros.
Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales aseguran que "comparten el diagnóstico", pero prefiere esperar a que se reúna la Mesa de Retribuciones.
Los funcionarios de la Administración de Justicia llevan ya una semana de paros parciales, y también piden mejoras salariales y organizativas. Tras dos reuniones fallidas, la última este lunes, han vuelto a convocar para la próxima semana la que será su segunda huelga de 24 horas, si nada lo remedia.
En lo económico, quieren una subida salarial proporcional a la obtenida por los letrados de la Administración de Justicia, según sus funciones:
Además, piden que se paralice la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), actualmente en tramitación parlamentaria. Los representantes sindicales de los funcionarios mantienen que no ahonda en la reforma de los "perfiles profesionales" ni aprovecha el capital humano, sino que avanza hacia la privatización de la Justicia y genera incertidumbre sobre los destinos de los funcionarios.
En el ministerio de Justicia no ha sentado bien la amenaza de huelga de jueces y fiscales a los que pide "buena fe", algo que según el Ministerio no están demostrando las asociaciones que amagan con el paro.
Además, les piden que apoyen la aprobación de las leyes tres leyes redactadas para reorganizar el trabajo, porque en ellas se contienen las respuestas a sus propias reivindicaciones.
En cuanto al Ministerio de Hacienda, aunque también es parte de la Mesa y es el que tiene en su mano liberar fondos para cubrir las aspiraciones económicas, prefieren mantenerse al margen y derivan las preguntas al Ministerio de Justicia.