24 de abril. Basílica Pontificia de la Santa Cruz. Esa es la fecha y el lugar elegido por el Gobierno para cumplir con la Ley de Memoria Democrática y exhumar los restos del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera y para que descansen fuera del Valle de los Caídos. La medida es la segunda de este calibre, después de que el 24 de octubre de 2019 los restos del dictador Francisco Franco fueran también trasladados desde el templo al cementerio de Mingorrubio, en la localidad madrileña de El Pardo.

De hecho, la salida del fundador de Falange del monumento no es la única medida que afecta a la zona, que abandonará su nombre, impuesto durante la dictadura franquista, para pasar a denominarse Valle de Cuelgamuros, tal y como recoge la Ley de Memoria Democrática aprobada hace seis meses. En cualquier caso, el Gobierno ha declinado hacer públicos los detalles del procedimiento de exhumación, la hora o el lugar donde descansarán después los restos del fundador de Falange, como ya sucedió con la exhumación de Franco para evitar protestas.

Para el Ejecutivo, la medida es un paso hacia la “resignificación” de este espacio, que servía de mausoleo a las figuras más significativas de la dictadura pero donde se encuentran enterrados también militantes republicanos, que fueron trasladados allí en contra de la voluntad de sus familiares para ser enterrados en distintas criptas. Los expertos calculan que el monumento alberga más de 30.000 enterramientos y hay ya 118 familias que reclaman los restos de sus familiares, trasladados allí en contra de su voluntad. 

Para favorecer esos trabajos, el Gobierno autorizó una serie de catas en los columbarios, que desvelaron uno de los grandes problemas de este proceso: el paso del tiempo había descompuesto la madera de los ataúdes, apilados unos encima de otros, hasta hacer complicado diferenciar entre unos cuerpos y otros. De forma paralela, varias asociaciones  recurrieron en los tribunales para tratar de  frenar ese proceso, que se detuvo de forma cautelar por parte del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid. Sin embargo estas medidas cautelares fueron retiradas el pasado verano, por lo que estos trabajos tiene ya luz verde desde el punto de vista legal. 

Con eso sobre la mesa, la salida de los restos de Primo de Rivera del mausoleo son la última consecuencia de un camino que arrancó en 2007, con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que ya prohibía de forma expresa los actos de exaltación del franquismo dentro del monumento. Ahora, con la nueva normativa aprobada el pasado mes de octubre, queda otro paso pendiente, la eliminación de la llamada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, o lo que es lo mismo, la congregación benedictina creada en 1957 por el régimen franquista para custodiar y gestionar del lugar, que se convirtió en una fosa común para numerosos presos políticos.