¿Por qué dejan libre a Pompeyo González, el unabomber de Miranda de Ebro?
Su avanzada edad y la escasa posibilidad de que reincida en su repentina y tardía carrera terrorista, han llevado al juez a decretar su puesta en libertad
La Audiencia Nacional prohíbe salir del territorio, le retira el pasaporte y deberá comparecer semanalmente en el juzgado
Detenido el presunto autor del envío de las seis cartas bomba a distintos organismos en Madrid
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares a Pompeyo González, el hombre que se encontraba en prisión provisional como presunto autor del envío de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la embajada de Ucrania en Madrid, a las instalaciones de la empresa Instalaza, a la embajada de Estados Unidos en la capital y al centro de satélites Base Aérea de Torrejón.
El hombre de 74 años que el pasado año tuvo en jaque a la Policía con el envío de varios artefactos incendiarios está libre. Su avanzada edad y la escasa posibilidad de que reincida en su repentina y tardía carrera terrorista, han llevado al juez a decretar su puesta en libertad, aunque con comparecencias semanales.
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Medidas cautelares
En un auto, el magistrado le impone como medidas cautelares al investigado, Pompeyo González Pascual, la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, así como la obligación de fijar un domicilio y un número de teléfono donde puede ser localizado.
En línea con el informe emitido por la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 entiende que procede la libertad sin fianza por cuanto no existe un riesgo actual de destrucción de fuentes de prueba, toda vez que ya se han efectuado las diligencias de instrucción más relevantes para la obtención de los indicios de criminalidad sustanciales que apuntan hacia dicho investigado.
Fue el pasado 27 de enero cuando Calama acordó prisión incondicional para este jubilado de Miranda de Ebro, que fue detenido como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones.
En ese auto, explicaba que aunque no había indicios de que el investigado perteneciera ni colaborara con banda o grupo organizado terrorista alguno, las acciones que objetivamente se le imputan, el contexto en el que se producen (guerra de Ucrania) y los destinatarios de los paquetes evidenciaban que en su ánimo estaba presente "el objetivo de alterar gravemente la paz pública".