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El Gobierno de coalición exhibe el acuerdo sobre la ley de vivienda como uno de los más importantes de la legislatura. PSOE y Podemos han salido en tromba públicamente para dar toda la trascendencia política a la nueva norma. Subrayan que se trata de una "ley histórica" -la primera de la democracia- que garantiza el derecho constitucional a la vivienda y refuerza el estado del bienestar.
Se han felicitado del acuerdo, hecho público por ERC y Bildu, desde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz pasando por los ministros del PSOE y de Podemos. No ha habido discrepancias en la foto final a pesar de que ha sido una de las leyes que más focos de tensión ha generado entre los socios del Ejecutivo y llegó a condicionar el apoyo de Podemos a dos presupuestos generales del Estado.
Una vez desbloqueada, la ley que llevaba meses atascada en el Congreso de los Diputados, el objetivo es aprobarla definitivamente antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La ley fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero de 2022 y desde entonces está encallada en la Cámara por falta de acuerdo entre los partidos del Gobierno y sus socios de investidura. Las negociaciones han sido muy complejas porque se presentaron cientos de enmiendas con el tope a los alquileres como el gran escollo para alcanzar un pacto.
Aunque la ley no entrará en vigor de forma inmediata, los candidatos de la izquierda pueden utilizarla como una baza ante sus electores y pronunciarse sobre su aplicación. Las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y serán esas administraciones las que tengan que aplicar la ley que contempla ampliar las zonas tensionadas con un tope al alquiler y una rebaja del concepto de gran tenedor a cinco inmuebles. Durante 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, en 2024 será del 3% y más tarde se creará un nuevo índice, siempre inferior a la evolución del IPC.
El Gobierno va a poner el acelerador para que el texto pactado sea ley lo antes posible. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que se van a agilizar mucho todos los trámites parlamentarios para intentar que esté aprobada en mayo tanto en el Congreso como en el Senado. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no ha concretado el calendario pero sí ha dicho que debe ser "urgentísimo".
Bolaños considera que el Ejecutivo de coalición ha dado un paso decisivo para garantizar viviendas a precios razonables y saldar una deuda histórica con los jóvenes. Va a poner toda la carne en el asador, ha dicho, y reivindica que la ley es "equilibrada" porque establece beneficios y bonificaciones para que los pequeños propietarios no se vean perjudicados, protege a los inquilinos de subidas desorbitadas y de desahucios y fomenta los parques de vivienda pública. "Adiós muy buenas a los fondos buitres" en la vivienda protegida, ha enfatizado.
El Gobierno, que defiende que la negociación ha sido a múltiples bandas y con distintos actores, sostiene que a la legislatura le quedan todavía meses por delante y va a seguir trabajando hasta el final. Bolaños avisa a PP y Vox que "los días van a ser para ellos como días sin pan".
Ione Belarra, en una rueda de prensa desde la sede de su ministerio, ha mostrado su satisfacción por un acuerdo "histórico" después de tres largos años de intenso trabajo. A su juicio ha sido "la negociación más difícil de toda la legislatura". "Hoy gana la ciudadanía, pierde Blackstone, la banca y los especuladores", ha señalado la ministra que ha proclamado que "las casas son para vivir, no para especular".
Ha cargado contra Joan Clos, el presidente de la asociación de propietarios de viviendas en alquiler y ha agradecido el trabajo de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el de los diputados de ERC y Bildu que han sido los encargados de hacer público el acuerdo en el Congreso. Un "trabajo en equipo" que, según ella, demuestra que cuando la mayoría progresista llega a consensos el país avanza.
No ha querido entrar en el papel que han jugado en este acuerdo Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y simplemente ha indicado que esas cosas solo interesan "en los debates de la corte", no a los ciudadanos.
Sobre si la ley puede ser un revulsivo para PSOE y Podemos de cara a la campaña del 28M, Belarra ha subrayado que si se quiere revalidar la confianza de los ciudadanos para reeditar el Gobierno de coalición en la próxima legislatura hay que "gobernar, gobernar y gobernar" hasta el último minuto para inclinar la balanza en favor de la gente.