Todavía faltan los datos de cuatro Audiencias Provinciales y otros tantos Tribunales Superiores de Justicia, pero sin ellos ya son 943 los condenados por agresión sexual que se han beneficiado por la ley del 'solo sí es sí' con rebajas de penas.

Además, 103 de esas rebajas se han traducido en excarcelaciones de los condenados, según informan a NIUS fuentes jurídicas.

Los anteriores datos, del 2 de marzo, arrojaban una cifra de 721 rebajas de condena. Es decir, que en un mes han aumentado más de 200.

Además, la cifra conocida este miércoles subirá cuando cuando se conozcan los datos de los tribunales restantes, que son: las Audiencias Provinciales de Gipuzkoa, Granada, Sevilla y Teruel; y los TSJ de Andalucía, Canarias, Castilla y León y País Vasco. Cuanto todos ellos hayan llegado, el CGPJ dará la información de manera oficial.

Los datos llegan en las vísperas del debate en el Congreso de la reforma propuesta por el PSOE para "evitar los efectos indeseados de la Ley", aunque ya no vayan a evitar las revisiones de condenas por hechos acometidos antes de la reforma. Esa reforma se debatirá en el Parlamento el día 20 de abril, y ya ha recibido las enmiendas de Unidas Podemos, ERC y Bildu, que consideran que quita el foco del consentimiento.

La reforma registrada por el PSOE grada las penas en función de la existencia de la violencia y la intimidación, aunque los socialistas insisten en que eso no desplaza el consentimiento, porque sigue siendo lo que marca la existencia o no de un delito de agresión sexual.

Además, los días 6 y 7 de junio, el Supremo estudiará una veintena de recursos contra las sentencias que han rebajado o mantenido las penas en virtud "del solo sí es sí", una ley que acaba de cumplir seis meses y ha supuesto la mayor tensión vivida entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

Será la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las rebajas aplicadas por otros tribunales, aunque sí se ha pronunciado sobre la aplicación de la ley en sentencias de Casación que estaban recurridas por otros motivos.

A la luz de esas sentencias, 26 a 2 de marzo, el Supremo sí considera que en algunos casos, la ley impulsada por Irene Montero beneficia a los condenados. Los casos en los que más se les beneficia, es en los que los agresores habían sido condenados a penas más bajas.