Cuando la exconsellera y parlamentaria Europea Clara Ponsatí anunció en redes sociales que había cruzado en coche la frontera que separa Francia y España, llevaba ya varias horas en Barcelona. Era el final de una operación que según el entorno de la política independentista, comenzó a fraguarse en diciembre, en el mismo momento en el que el Gobierno reformó el Código Penal para eliminar el delito de sedición. El mismo del que el Tribunal Supremo acusaba hasta ese momento tanto a Ponsatí como al expresidente catalán Carles Puigdemont. 

Así, fue sobre las 4:24 cuando la Agencia Catalana de Noticias publicó en exclusiva las imágenes en las que Ponsatí aparecía en un coche a la altura de la localidad catalana de Figueres, a 21 kilómetros de la frontera gala. Sin embargo, la imagen se produjo varias horas antes, y no fue publicada hasta confirmar que la exconsellera había llegado con éxito a Barcelona, donde hizo su primera parada para visitar a su madre, de avanzada edad. 

Según fuentes de su entorno, fue en diciembre cuando la exconsellera comenzó a planificar su vuelta, tanto desde un punto de vista logístico, como legal y electoral. Tras la decisión del Gobierno de modificar el delito de sedición, la luz verde llegó el pasado 12 de enero, cuando el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena modificó su escrito para acusar únicamente a Clara Ponsatí de un presunto delito de desobediencia, que no conlleva en ningún caso pena de prisión. 

Los engranajes del Código Penal van más allá, y la imposibilidad de que Ponsatí acabase en prisión por una condena hacía también imposible que fuera a prisión por riesgo de fuga, en una posibilidad que parece más que evidente. ¿El motivo? Que la prisión preventiva se dicta “a descontar” de una posible condena de cárcel. Si es imposible terminar en prisión, tampoco es posible entonces dictarla como medida preventiva. 

Tras la decisión de Llarena de acusarla solo de desobediencia, Ponsatí tenía claro que podía volver a España sin pasar un largo período en prisión. Pero sí barajaba la posibilidad de dormir entre rejas al menos una noche. Tanto era así que la europarlamentaria viajaba con su carné del Parlamento Europeo como única documentación y una bolsa con enseres en previsión de que tuviera que dormir en los calabozos para ser trasladada a Madrid y presentada ante el Tribunal Supremo. 

Otro de los riesgos de la operación para su entorno era que la política independentista fuera detenida por la Guardia Civil o la Policía Nacional en lugar de por los Mossos. Con la policía autonómica, Ponsatí preveía una detención de guante blanco, como así ha sido. La exconsellera no llegó siquiera a pisar una comisaría. Fue trasladada directamente en coche desde la salida del Colegio de Periodistas, donde dio una rueda de prensa, hasta el Palacio de Justicia donde se rubricó su detención y se puso en conocimiento del Tribunal Supremo. Fue el juez Pablo Llarena quien decidió que no fuera trasladada a la capital y el que la citó para fechas posteriores para que comparezca. 

La previsión del equipo de asistentes de Ponsatí era distinta, hasta el punto de que este miércoles había pleno en Bruselas y ella no tenía billete de avión para acudir ya que su entorno pensaba que estaría todavía en los juzgados. Finalmente y según las fuentes consultadas por NIUS, ha viajado desde Barcelona a primera hora de la mañana en un avión con escala en Ámsterdam ante la imposibilidad de vuelos directos.

Según esta versión, la llegada de Ponsatí a Barcelona tenía una naturaleza política en doble vertiente. Por un lado, el evidente desafío a la Justicia española que suponía tanto su llegada a Barcelona como su negativa a comparecer ante el Tribunal Supremo de forma voluntaria. Por otro, el partido estaba en Bruselas, donde Puigdemont y los suyos esperan todavía que la Justicia comunitaria les de la razón y estime que la inmunidad parlamentaria les asiste en sus causas judiciales abiertas en España. Por eso, cuando Clara Ponsatí fue detenida, todos los europarlamentarios recibieron un correo al unísono que denunciaba la supuesta persecución del estado español. Y por eso, cuando tuvo oportunidad, la exconsellera coló en las diligencias como número de contacto para alertar de su detención el de Roberta Metsola, actual presidenta de la eurocámara. 

De hecho, la inmunidad parlamentaria fue uno de los argumentos principales esgrimidos por Ponsatí en su Habeas Corpus para denunciar la presunta ilegalidad de su detención en suelo español.  El segundo fue que, a su consideración, los hechos ocurridos durante el desafío independentista del 1-O y la proclamación de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), no son “constitutivos de delito”.