Último pleno del Consejo General del Poder Judicial hasta mediados de abril. Una reunión en la que los vocales además de hablar "de lo suyo", de la falta de renovación y la dimisión planteada por la vocal Concepción Sáez, ha aprobado de una atacada los informes sobre seis anteproyectos de ley aprobados en consejo de ministros en las últimas fechas y que son preceptivos para iniciar su tramitación parlamentaria. Esos seis informes corresponden a  Ley de Familias, Ley de Trata y explotación de los seres humanos, Ley de evaluación de la edad, Ley de responsabilidad penal de los menores, Ley de Información Clasificada y Ley de creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero.

Y el balance del órgano de Gobierno de los jueces sobre la calidad legislativa apunta a que el Ejecutivo tiene que mejorar si atendemos el repaso que hace de las normas y los reparos que señala. Especialmente en la llamada Ley de Familias que fue aprobado en segunda vuelta por el Ejecutivo este martes.

El informe realizado por los vocales Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda se hizo publico el mismo martes y este jueves es el pleno el que le ha ratificado punto por punto por el resto de los vocales salvo por la vocal Nuria Díaz Abad que ha anunciado voto particular concurrente. El grueso de las críticas en esta norma es competencial pero no se ahorra los adjetivos para la redacción de un texto del que también hace un juicio favorable sobre el planteamiento general de la ley, que pretende avanzar en la protección a la familia y a la infancia y ampliar el concepto de familia, aunque hace algunas observaciones sobre la "defectuosa técnica legislativa" en la regulación de determinadas materias.

En su opinión es "una regulación cuando menos confusa en lo que se refiere a los conceptos de unidad familiar y familia, a los efectos de poder aplicar las medidas de protección que prevé. La ley hace extensivas las prestaciones y ayudas a personas que vivan solas o en núcleos de convivencia no familiares, pero advierte de que no define en qué situaciones concretas pueden beneficiarse de tales medidas.

Parecidos reproches se incluyen en el informe que el CGPJ ha avalado sobre la Ley de Información Clasificada, una norma que debería sustituir a la actual de Secretos Oficiales y que al Poder Judicial tampoco le convence. El informe advierte de que hay una "marcada indeterminación" de los motivos que llevan a declarar la información como clasificada, al tiempo que pide revisar los plazos de desclasificación automática por considerarlos "excesivos".

Según ha informado el CGPJ, el informe elaborado por el vocal Wenceslao Olea observa "una marcada indeterminación en el establecimiento de los elementos, requisitos y parámetros necesarios para justificar la clasificación, así como en la motivación de la misma".

Tampoco está convencido el consejo de la bondad de la Ley de creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero. Aquí las críticas las centra sobre todo en la invasión de competencias de esa futura figura. El informe prevé el choque y advierte que este sistema de resolución extrajudicial de controversias entre entidades financieras y clientes "invade" el espacio que la Constitución reserva al Poder Judicial.

El informe, que ha tenido un voto concurrente formulado por la vocal Nuria Díaz y del que ha sido ponente el vocal Wenceslao Olea, explica que la relación entre una entidad financiera o un banco y sus clientes es una relación jurídico-privada en la que no es parte ninguna administración pública, por lo que las controversias surgidas entre ellos "serán un puro conflicto entre particulares sometido a derecho privado".

La Ley de Trata recibe, por contra, una valoración favorable en su conjunto. Los vocales avalan esta norma realizada por el Ministerio de Justicia. Aún así, reclama la necesidad de que las medidas estén acompañadas de financiación para ponerla en marcha.

El texto advierte en diversas ocasiones de "la necesidad de que la entrada en vigor de la ley venga acompañada de las medidas presupuestarias necesarias que garanticen la disposición de medios materiales y personales suficientes y adecuados para la implantación del nuevo sistema diseñado".