El retorno de Clara Ponsatí pone a prueba la reforma penal de Sánchez que derogó la sedición

En coche, por la AP-7 y exactamente dos meses antes de las elecciones municipales, la exconsellera catalana de Educación, Clara Ponsatí, ha vuelto a Barcelona. Ella se ha convertido en la primera de los políticos fugados que regresa tras la derogación de la sedición, hace dos meses y medio, mediante un reforma que cambió totalmente las perspectivas de futuro de la exconsellera de Educación catalana.

Ponsatí, que estaba procesada por sedición, pasó a quedar reclamada por un delito mucho más leve, desobediencia. Es decir, pasa de una posible de pena unos diez años de cárcel, a enfrentarse un delito que puede acarrearle una multa y una inhabilitación.

Su retorno pone a prueba dos cosas: por un lado, hay qué ver el efecto de su cambio de situación entre la ciudadanía, convocada a votar el 28 de mayo; por otra parte, examina la validez de las órdenes de busca y captura nacionales emitidas por el juez Llarena y que a diferencia de las europeas siguen vigentes.

Al volver sin presentarse ante la justicia, se ha puesto en marcha el protocolo de detención en virtud de la orden del magistrado instructor del Supremo. Al grito de "detención ilegal", la exconsellera ha sido conducida a un juzgado de guardia para que se le comunicara el procesamiento. La ilegalidad que denunciaba Ponsatí alude a la inmunidad que tiene en Europa como diputada del Parlamento de la UE, que según la tesis del Supremo no le vale en territorio español.

Ponsatí tendrá que declarar ante el juez Pablo Llarena, que previsiblemente la dejará en libertad a la espera de juicio, porque el delito del que se le acusa no está penado con cárcel, sino con inhabilitación y desobediencia.

Su regreso, en cualquier caso, no parece señalar el camino a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig. Los tres se enfrentan a delitos de desobediencia y de malversación agravada, que podría acarrearles al menos siete años de cárcel, es decir, nada que ver. Los propios Puigdemont y Comín, eurodiputados como ella, apuntaban desde Bruselas este martes que su situación procesal es muy distinta a la de su compañera de escaño.

Para volver, de hecho, ella ha esperado a la confirmación de su procesamiento por desobediencia la semana pasada. Cabía la posibilidad de que el juez Llarena cambiara su acusación y la adecuara al criterio del tribunal del procés, que entiende que a Junqueras y al resto de condenados se les puede imputar un delito de desórdenes públicos agravados. Sin embargo, Llarena no siguió esa pauta y al confirmar los autos de procesamiento, el 21 de marzo, mantuvo la desobediencia. Así se despejó el camino para el regreso.

Para los políticos fugados catalanes, la vuelta de Ponsatí es un servicio que esta profesora de economía hace a la causa del independentismo y es una forma de retratar ante Europa las fallas democráticas que tiene España.

Para el Gobierno, autor de la reforma penal, el regreso de la consellera de Educación durante el 1-O, refleja la "normalidad" de que los líderes del 1-O fugados vuelvan a España a cumplir con la Justicia. Lo apuntaban este martes fuentes de Moncloa, en la línea del mensaje que Pedro Sánchez ha lanzado desde el primer momento. Pero está claro que Ponsatí no es Puigdemont y que su regreso, aunque importante, no es el del expresident, al que sí persigue el fantasma de la cárcel.

La vuelta de Clara Ponsatí vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la reforma penal, cuando parecía diluido. En el último CIS del 2022, con la reforma ya aprobada en el Congreso, y en medio de la bronca por la rebaja de penas del solo sí es sí, el PSOE perdía dos puntos. Después, esos datos han ido mejorando, si hay un efecto Ponsatí negativo para los socialistas, se verá el 28 de mayo.

Carles Puigdemont y Toni Comín están reclamados por malversación y desobediencia y el primero de esos dos delitos les puede suponer hasta 12 años de cárcel y 20 de inhabilitación. Eso es así porque la Justicia entiende que emplear el dinero público en un referéndum ilegal es malversación agravada y que sí se puede considerar ánimo de lucro.

Como eurodiputados, ambos tienen inmunidad en Europa, pero si siguieran los pasos de Ponsatí y volvieran a Cataluña serían automáticamente detenidos, y además, al enfrentarse a posibles penas elevadas de cárcel no serían puestos en libertad.

De momento, pueden seguir circulando por Europa, al menos mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronuncie sobre su inmunidad, tal y como ellos solicitaron. El juez Llarena está esperando a ese momento para reactivar las euroórdenes.

En cuanto a Lluis Puig, su acusación es por malversación -nunca estuvo procesado por sedición- pero a efectos de cárcel es lo mismo. Él no tiene inmunidad porque no es eurodiputado, pero el juez ha decidido esperar a ver qué decide la Justicia Europea antes de mover cualquier ficha más en este asunto.

La que no se mueve de Suiza, o eso parece, es Marta Rovira, pese a que también se enfrenta a una acusación de desobediencia, es decir, no hay amenaza de cárcel para ella. La secretaria general de ERC está en el país helvético con su familia y poco dispuesta a volver. Entre los pocos motivos que se van filtrando para su permanencia allí, está el de que no quiere parecer la única beneficiada de la reforma de su partido.

En lo judicial, su caso es como el de Ponsatí, pero está claro que en a la hora de tomar decisiones su estrategia es distinta, como lo ha sido siempre entre los dos principales líderes del 1-O, Carles Puigdemont, del partido de Ponsatí, y Oriol Junqueras, compañero de filas de Marta Rovira.