Un juzgado de Badalona ha decidido sentar en el banquillo por prevaricación al popular Xavier García Albiol, el candidato del PP a la alcaldía de este municipio barcelonés, por la instalación irregular de unas antenas de telefonía móvil en su época de alcalde.

Los estatutos del Partido Popular son claros al respecto: la apertura de juicio oral supone automáticamente la suspensión de militancia. Problema: a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas Génova se resiste a renunciar a un cabeza de cartel que les ofrece muchas garantías de recuperar la alcaldía de la cuarta ciudad de Cataluña. El argumento que esgrimen: que la prevaricación “no es corrupción”. (Puede consultar aquí los estatutos del PP).

García Albiol fue alcalde de Badalona hasta que una moción de censura patrocinada por la oposición en bloque le arrebató el bastón de mando hace año y medio. Desde entonces el Partido Popular y Albiol se han marcado como objetivo reconquistar Badalona. Es clave en su estrategia de ganar peso en una comunidad autónoma en la que están prácticamente desaparecidos y allanar así el camino a Alberto Núñez Feijóo hacia La Moncloa.

Albiol, a quien la Fiscalía pide casi tres años de cárcel y 10 de inhabilitación para cargo público, irá a juicio por permitir la instalación de dos antenas de telefonía que funcionaron durante seis años sin tener ningún permiso de urbanismo. Un caso que se remonta al verano de 2012, cuando, según el instructor, había problemas de cobertura en varias zonas de Badalona. El ayuntamiento de Badalona, entonces en manos de Albiol, permitió la instalación de las antenas sin permiso alguno. Por esta causa el juez sienta en el banquillo al dirigente popular acusado de prevaricación y de infracciones continuadas contra el urbanismo y el medio ambiente.

En Génova han decidido amparar a Xavier García Albiol y se resisten a suspenderle con el argumento de que no está acusado de corrupción. Los estatutos del PP establecen que el Comité Nacional de Derechos y Garantías “acordará de manera automática” la suspensión de militancia “cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción”.

“Esto no es una causa de corrupción. Es un procedimiento judicial de hace once años que la Fiscalía reactiva hace dos semanas con urgencia antes de una campaña electoral. No está condenado y no procede un movimiento de esta naturaleza”, explican desde la dirección nacional mientras endosan a la dirección del partido en Cataluña una papeleta muy complicada de resolver. Sobre todo ahora que la corrupción ha entrado de lleno en la campaña electoral y PSOE y PP se atizan todos los días con ella.

No todos en el PP catalán están de acuerdo con esa lectura. "Prevaricación, cohecho y malversación son la biblia de la corrupción”, cuenta a NIUS un destacado dirigente de la formación en Cataluña. Insiste en que la decisión de qué hacer con Albiol es de Génova porque forma parte del comité para dirigir la campaña de las municipales. "Estatutos en mano, Génova debe suspender afiliación y cargo público hasta sentencia definitiva”, asegura esa misma fuente en conversación con NIUS.

Una parte del PP catalán lo tiene claro. No puede serlo por estatutos. Génova y el candidato Albiol sostienen justo lo contrario porque sería “culpabilizarle de forma preventiva y eso no va a pasar”.

Desde el entorno de Xavier García Albiol mantienen la misma línea de defensa que en la dirección nacional del partido. Que no se trata de un caso de corrupción sino que es un tema técnico del ayuntamiento y que lo demostrarán en el juzgado. “Ni se ha llevado dinero ni nada. Estamos hablando del permiso de instalación hace once años de dos antenas de telefonía. No es un caso de corrupción porque no le acusan de haberse llevado dinero”, subrayan.

“Si Génova cumple sus propios estatutos no será así”, discrepan voces del PP catalán consultadas por NIUS. Pero Albiol no tiene ninguna intención de descolgarse de los carteles electorales. “No es casualidad todo lo está ocurriendo a dos meses de las elecciones. A mí todas estas cuestiones no me van a distraer de lo importante. De traer el cambio a Badalona”, declaraba ayer en un videocomunicado colgado en sus redes sociales.

El candidato popular se defiende. Mantiene que la acusación se produce en base a unos hechos “que es imposible que hayan podido ocurrir” y se compromete a aportar al juzgado documentación oficial con la que “quedará todo aclarado”. Y eso, al menos de momento, le vale a Génova.