{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
"Se votará", contestaban a NIUS fuentes del Tribunal Constitucional a la pregunta de si la sentencia que avalará la ley de Eutanasia, será aprobada esta semana. El resultado de la votación será claramente favorable a la norma, que lleva en vigor un año, porque la mayoría progresista coincide con su compañero Ramón Sáez Valcárcel en su visto bueno total a la norma que permite la muerte digna.
Así, la ley de Eutanasia se convertirá en la primera ley clave del Gobierno de Sánchez avalada por el nuevo Tribunal Constitucional de mayoría progresista, constituido hace dos meses y que marcó como primeros objetivos sacar adelante los dictámenes sobre normas vitales para el Gobierno recurridas en su día por el PP o por VOX, o como en el caso de la ley de eutanasia, por ambos.
Los magistrados, todavía 11 a falta de que alguien sustituya a Alfredo Montoya, han pisado el acelerador y empiezan a sacar adelante relevantes sentencias pendientes. El pleno de esta semana también abordará la ley Celaá de Educación, cuyo borrador, del magistrado conservador Ricardo Enríquez, es favorable, aunque le pone algunas pegas. Y tras esas, en abril, los magistrados revisarán la ponencia de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán sobre la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, que tras 13 años en vigor, será finalmente avalada.
En la lista de prioridades del Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido también está el veto a los nombramientos judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial, una de las normas que más ha enervado al mundo de la judicatura, con 75 plazas vacantes en su cúpula. La reforma tiene recursos de Vox y del PP, que el tribunal quiere ver a finales de la primavera que estamos estrenando.
Ramón Sáez Valcárcel, progresista, ha sido el encargo de redactar una sentencia favorable a la ley de Eutanasia. Según el PP y Vox no es constitucional porque consideran que vulnera el derecho a la vida. Sin embargo, en su borrador, adelantado por El Español, el magistrado rebate esa idea.
Sáez Valcárcel considera que la norma "garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida" y que los posibles "errores o irregularidades en la actuación médica" ante una decisión de ese calado son "susceptibles de control", tanto por la Comisión de Garantía y Evaluación como en la vía judicial.
Salvo sorpresa mayúscula, la propuesta del magistrado será apoyada por todo el bloque progresista que pese a Vox estará completo, porque Laura Díez y Juan Carlos Campo fueron recusados fuera de plazo.
Campo, en cambio, no estará en las deliberaciones de la Ley Celaá, redactada por el Gobierno del que fue ministro de Justicia. El borrador, del conservador Ricardo Enríquez, da un visto bueno general pero le pone pegas.
Para este magistrado es anticonstitucional que se corte el grifo de las ayudas públicas a los centros privados que segreguen a los alumnos por género. Para Enríquez, eso cercena el "pluralismo educativo". También rechaza que solo se valore la opinión de las familias con hijos con necesidades especiales, cuando esa opinión sea para que estudien en un centro ordinario; y que sin embargo no se tenga en cuenta cuando prefieran un centro específico para sus hijos.
Está por ver qué opinan los magistrados progresistas sobre esas pegas a la LOMLOE. Si no están de acuerdo, puede ocurrir lo mismo que pasó con el borrador del aborto de Enrique Arnaldo. Su ponencia avalaba la ley de Zapatero pero le ponía peros que los progresistas no estaban dispuestos a aceptar. Así llegó a manos de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán que sigue trabando en la redacción de un nuevo texto.
La ponencia de Montalbán recogerá los argumentos que la mayoría progresista expresó durante la deliberación y dará su plácet absoluto a la norma que lleva 13 años en vigor. Eso sí, es más que probable que la sentencia salve de un plumazo la nueva ley del aborto, la que ha redactado el Ministerio de Igualdad y que devuelve el derecho a las menores de entre 16 y 18 años a abortar sin el permiso de sus padres.
Como ahora mismo no está en vigor, Arnaldo eludió un asunto de las menores, al que era manifiestamente contrario. Pero la propuesta de Montalbán puede servir para avalarla por adelantado y sentar una doctrina de cara a los posibles recursos que presente la oposición conservadora.
La voluntad de agilización del Tribunal no pasa sólo por sacar adelante dictámenes sobre leyes ya aprobadas, sino que se está convirtiendo en una especie de "marca" del TC de Conde Pumpido.
Este viernes, el Pleno gubernativo, el que trata asuntos internos, ha aprobado un "plan de choque" para agilizar los recursos de amparo, tanto en su tramitación como en su resolución.
Por un lado, ha acordado que se puedan presentar demandas a través de la sede electrónica a través de un formulario pensado para que los demandantes puedan exponer "con claridad y precisión" los derechos que entienden lesionados, además de la importancia de su recurso.
El tribunal aclara que el formulario no sustituye a la demanda, y que su finalidad es ayudar a los demandantes a que los recursos puedan llegar sin "defectos" formales y facilitar al tribunal una primera revisión sobre los aspectos esenciales de esos recursos.
El Pleno recuerda que desde 2007, un requisito para admitir los recursos es que sean "de especial trascendencia constitucional" y que esa trascendencia ha de estar justificada por quien presenta la demanda. Según los datos que maneja el TC, eso se ha convertido "en un obstáculo" para la admisión de un elevado número de recursos:
Con esa información en la mano, el Constitucional toma esta medida de agilización que se suma a la celeridad que se intenta imprimir en las resoluciones importantes del tribunal.