Cuando la Fiscalía de Cataluña citó a declarar al árbitro José María Enríquez Negreira, tenía las sospechas de que había vaciado parte de sus cuentas con cheques al portador cobrados por ventanilla por personas de confianza como su secretaria. Sin embargo, la fiscal encargada del caso no obtuvo respuesta, ya que el hombre que conocía al cien por cien el destino de ese dinero, el receptor de cantidades millonarias por parte del F.C. Barcelona mientras era número dos del estamento arbitral, alegó que tenía una enfermedad mental que le afectaba a sus recuerdos y por tanto, le incapacitaba para prestar declaración.
Tal y como avanzó el diario El Español, la defensa de Negreira alegó un principio de Alzheimer para que su defendido no tuviera que responder a las preguntas de ese interrogatorio. Tampoco era necesario, ya que como investigado tenía el derecho de negarse a declarar sin necesidad de dar más explicaciones. Sin embargo, hay una diferencia. Si el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona considera finalmente que Negreira está impedido para prestar declaración al no ser capaz de discernir sobre sus actos, también lo estará para someterse al castigo, si es condenado. Así, el pronunciamiento de sus abogados deja intuir desde ese punto cuál será una de sus principales líneas de defensa.
Ahora, el caso ha pasado a la Fiscalía Anticorrupción, que será la encargada de determinar si el Barça intentó comprar el favor de algunos árbitros con esos pagos, además del del propio Negreira. Por eso es tan importante conocer el destino de los fondos que salían de sus cuentas en efectivo. Más cuando, según adelantó El Confidencial, los informes de Hacienda incorporados al caso explican que los pagos habituales del día a día del colegiado se pagaban con sus tarjetas de crédito. ¿Para qué necesitaba entonces ese dinero?
El directivo
En suma, hay otro de los principales protagonistas de esta trama que tampoco aportará su versión sobre el rastro del dinero: el directivo del Barça Josep Contreras, miembro de la junta de Josep Maria Bartomeu, Joan Gaspar o Josep Lluis Núñez y que falleció en diciembre de 2022. El rastro el dinero pagado por el Barça también pasa por varias empresas manejadas presuntamente por Contreras. Según la querella presentada por la Fiscalía, el exdirectivo del club hacía de pantalla para los pagos del equipo blaugrana a las empresas controladas por Negreira a cambio de una comisión. Un dinero que llegó a rondar los 150.000 euros. Sin embargo, el fallecimiento del sospechoso extingue tanto su responsabilidad penal como su posibilidad de aportar explicaciones sobre el caso.
Así, según la querella de la Fiscalía habría dos bandos en un presunto delito de corrupción en entre particulares: por un lado el F.C. Barcelona como pagador, y por otro, Negreira y Contreras como receptores de fondos. Sin embargo, parece que esta segunda parte de la investigación se presenta más opaca. Entre los principales testigos estará también el hijo del número dos de los árbitros, al que la Fiscalía ha dejado fuera de su querella al considerar que no queda acreditado en un primer momento que tuviera conocimiento del origen de los fondos.
Cabe recordar en cualquier caso que la acusación no necesita acreditar el destino final de los fondos para armar una acusación para este presunto delito que llegue a juicio, si no la intencionalidad real de esos pagos. Es decir; la legislación española estipula que el delito de corrupción entre particulares, en el epígrafe que trata de forma específica la presunta corrupción en el deporte, necesita únicamente de un ofrecimiento o intencionalidad de interferir en decisiones por medio del dinero. Por eso es tan importante conocer el servicio que el número dos de los árbitros ofrecía al equipo de la Ciudad Condal y si esos supuestos informes arbitrales estaban dentro del precio de mercado.
El problema de fondo para la defensa del Barcelona viene de lejos, ya que ante Hacienda el club ya reconoció en su investigación tributaria esas facturas como indebidas, por lo que abonó una sanción además de subir su cuota de impuestos. Por eso ahora, es complicado que en este nuevo procedimiento, de naturaleza penal, los directivos investigados se puedan escudar en que los servicios aportados por Negreira estaban dentro de lo estipulado en las facturas.