Complicada la sesión de hoy en la Asamblea de Madrid por la polémica por el bono de la calefacción, del que se ha beneficiado el número dos de Ayuso y la líder de la oposición madrileña. En el parlamento regional se han cruzado reproches de todo tipo por este controvertido asunto y hasta se han exhibido facturas de la luz. Mónica García ha pedido disculpas y anuncia que devolverá la ayuda.

El cobro del bono social térmico se ha convertido en un pim pam pum en la asamblea de Madrid. Con su factura de la luz en la mano, Juan Lobato, el portavoz socialista ha afeado que Enrique Ossorio cobre el bono térmico. Él, dice, también es familia numerosa y no lo hace: "Ustedes critican las ayuditas y por la noche las cobran como vampiros". Ossorio se defendió diciendo que el dinero era de Pedro Sánchez -imitando a esa ministra socialista que dijo que el dinero público no era de nadie-. No hay excusas. Es legal, pero con su patrimonio, cobras ayudas no parece lo más ético.

Mónica García, portavoz de Mas Madrid, también ha quedado tocada. Pidió la dimisión de Ossorio por cobrar una ayuda... que ella misma cobra. Peor aún, ni siquiera sabía que la cobrara, pero ahora no pide dimisiones sino disculpas. Al menos, admite su error y promete que va a devolverlo, no sin antes sacar pecho sin muchos motivos: "Me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, empatía cuando alguien lo pasa mal y siento rabia cuando acosan a mi familia".

Ayuso, que ha pasado de puntillas sobre el hecho de que su número dos, el que no veía pobres en Madrid pero que sí coge las ayudas que critica, no ha desaprovechado la oportunidad de arremeter contra Mónica García. "Tiene derecho a cobrar ese bono. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo. Y yo lo que quiero es que todo el mundo viva como usted.

El diputado del PP, Alfonso Serrano, ha admitido que ha cobrado el bono social para familias vulnerables severas, pero lo achaca a un error administrativo del que él no se ha dado cuenta. Un ejemplo, todos ellos.

El debate en torno a las condiciones de acceso al bono social de la luz por parte de las familias numerosas, para las cuales, por lo general, no existía un criterio de renta hasta ahora, ha obligado al Gobierno a trabajar a contrarreloj para reformar su diseño a fin de primar el apoyo a las más vulnerables.

De acuerdo con la última estadística del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay 757.410 títulos de familias numerosas en vigor. De ellas, más de 396.000 serían potenciales beneficiarias del bono social en este 2023, según las previsiones de coste realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, sólo un 47 % de ellas tendrían consideración de consumidores vulnerables severos, única categoría para la que sí se tienen en cuenta los niveles de renta, al recibir un mayor descuento en la factura eléctrica.

Para determinar si cumplen o no este criterio, la Administración recurre al IPREM, un índice empleado en España como referencia a la hora de conceder ayudas, subvenciones o subsidios por desempleo, como antes lo fue el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sin embargo, al crecer a un ritmo menor que el SMI, el IPREM permite canalizar estas ayudas hacia las economías más necesitadas.

El bono social eléctrico es un mecanismo puesto en marcha por el Gobierno el 1 de julio de 2009 para proteger a los consumidores vulnerables. Tienen derecho a él las personas que tengan contratada con su comercializadora de referencia una tarifa regulada o PVPC, es decir, con una potencia igual o inferior a 10 kilovatios (kW), y cumplan con varios requisitos personales, familiares y de renta.

Será consumidor vulnerable y recibirá un descuento del 25 % -que, de forma excepcional, alcanza el 65 % hasta el próximo 31 de diciembre- aquel cuyo nivel de renta de la unidad de convivencia sea igual o inferior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros al año).

Si la unidad de convivencia está formada por más de una persona, el multiplicador se incrementará en 0,3 por cada miembro de más mayor de edad y 0,5 por cada menor de edad, y, adicionalmente, por 1 si tiene una discapacidad igual o superior al 33 %, es víctima de violencia de género o del terrorismo.

Como ellos o los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), también entran en vulnerables quienes posean el título de familia numerosa, aunque en este último caso no se establece ningún otro criterio adicional.

Lo contrario ocurre con la categoría de consumidor vulnerable severo, sobre la que se aplica un 40 % de descuento -o de un 80 % hasta finales de año con motivo de las medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la crisis energética-. En este caso, si se tiene el título de familia numerosa, la unidad de convivencia debe percibir una renta anual igual o inferior a dos veces el IPREM de 14 pagas, 16.800 euros.