El 13 de junio de 2020, los responsables del sistema Encrochat enviaron un mensaje a sus usuarios para que se deshicieran de sus teléfonos móviles. En aquel momento, la red de mensajería cifrada se había convertido en la preferida por todo aquel que no quería ser escuchado por su teléfono en todo el mundo. Sus terminales no tenían GPS para ser localizados, no tenían cámara y por no tener, no tenían ni micrófono. Todo para evitar cualquier escucha telefónica. Sin embargo, ese día los responsables de la red se percataron de que alguien se había metido en sus servidores. En realidad, era la Justicia francesa la que desde hacía tres meses recopilaba todas las conversaciones de chat que allí se producían. Cundió la alarma entre los narcos. Y no era para menos.
Más de dos años después, el rastro de esta intervención comienza a notarse en los juzgados españoles. La Fiscalía ultima un nuevo caso contra Antonio Tejón, uno de los presuntos líderes del clan de Los Castaña, donde aparecen como prueba conversaciones de Encrochat. En este caso no serían escritas por el hermano menor de los Tejón, que estaba en prisión preventiva, si no contra uno de sus lugartenientes. También afianzaron estas escuchas la operación por la que España solicitó la detención de ocho presuntos capos en Dubai tras planificar envíos de droga por el Puerto de Barcelona. La pasada semana la Policía Nacional detuvo por presuntos delitos de narcotráfico al llamado ‘Niño Skin’. Tal y como avanzó NIUS, parte de las pesquisas se fundamentan también en conversaciones de Encrochat.
Según los informes de Policía y Guardia Civil, hacía años que los expertos en la lucha contra el narcotráfico alertaban de los problemas que generaba este tipo de teléfonos encriptados. “En prácticamente todas las operaciones de delincuencia organizada que esta unidad y unidades de similar perfil llevan a cabo, se detectaba y se intervenía este tipo de terminales, si bien no se lograba obtener información alguna debido al sistema de seguridad y encriptación que los mismos poseían”, explica por ejemplo uno de los escritos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Para solventar este problema y ante la evidencia de que Francia había conseguido vulnerar los servidores, la Fiscalía Especial Anti-Drogas de la Audiencia Nacional abrió el 18 de noviembre de 2020 unas Diligencias de Investigación, las 20/2020, para obtener todos los datos de comunicación referentes a España, desde el inicio de la intervención del servidor hasta su finalización. La Autoridad judicial de Lille (Francia) el 14 de septiembre de 2020 autorizó expresamente a la Fiscalía Anti Droga de la Audiencia Nacional a la utilización de todos los datos transmitidos en el marco de la solicitud de asistencia judicial. Desde entonces, una copia de estas comunicaciones es custodiada por las autoridades españolas y se analiza para buscar coincidencias entre estas charlas y las investigaciones en curso.
Dentro de este sistema, el único dato que identificaba al usuario era el nick o alias utilizado, sin que su verdadera identidad pudiera ser asociada a ningún número telefónico, tarjeta SIM, IMEI o dirección personal, como sucede con otro tipo de servicios como WhastApp o Telegram. Además, los responsables de Encrochat compraban terminales de terceros a los que eliminaban la mayoría de los sistemas de conectividad e incluso el puerto USB para evitar filtraciones. “No llama la atención y a simple vista aparentaba ser un teléfono normal”, escriben los agentes sobre los terminales utilizados.
Así, no hay un solo dato que relacione oficialmente a un usuario de Encrochat con su identidad real. Y aquí llega el trabajo policial, en conseguir identificar sin género de dudas a los autores de esos mensajes con. Sin embargo ¿Si el teléfono no tiene GPS, cómo se puede saber por ejemplo que operaba en España? Por las antenas de teléfono que utiliza para conectarse. Eso no aporta una localización tan precisa como el GPS, pero sí muy orientativa. Sobre todo cuando la conexión se produce en una zona con varias antenas que sirven para triangular la señal. A partir de ahí, los agentes trabajan en los datos aportados y las imágenes enviadas para conocer la identidad de los usuarios. En una ocasión, por ejemplo, uno de los narcos de La Línea aportaba para quedar la dirección de un hostal regentado por su padre.
De forma previsible, se avecina también una batalla legal por estas conversaciones ya que los abogados de los principales investigados intentarán anularlas con el argumento de que su uso en estos procedimientos es prospectivo o que su traslado desde Francia a España incumple los tratados internacionales. Es una estrategia formal, ya que la impunidad con la que pensaban que hablaban quienes escribieron esos mensajes hacen que su contenido delictivo no deje lugar a dudas.