El número dos de los árbitros españoles cobraba todos los meses del F.C. Barcelona por medio de una empresa. Y después, enviaba a su secretaria y a otra persona de confianza al banco donde tenía las cuentas, para que sacasen el dinero por medio de cheques al portador que estaban a nombre de sus colaboradores. Después, esos fondos le eran entregados en mano por ellos. Así, según las sospechas de la Fiscalía, el colegiado habría sacado en billetes importantes cantidades de dinero de los depósitos bancarios donde el equipo pagaba supuestos informes arbitrales. 

Sin embargo, esos informes no han aparecido, ya que el Barça le dijo a Hacienda cuando arrancó la investigación en 2019 sobre la facturación del año anterior, que no los había encontrado. Seis años después, tampoco hay rastro de ellos. Lo que sí aparece, según la querella presentada por la Fiscalía de Barcelona, es un elemento que dificulta todavía más la defensa del club blaugrana: el reconocimiento que el propio club realizó ante el fisco tras su inspección fiscal donde aceptaba que esas facturas no eran deducibles, ya que no correspondían a servicios reales. 

En ese ejercicio, la factura del Barça ante Hacienda subió casi medio millón de euros. Pero ahora, el coste puede ser mayor, ya que la Fiscalía utiliza esa “conformidad” firmada finalmente en 2021 como elemento para explicar que el club sabía que esas facturas eran falsas, ya que de forma implícita lo reconoció ante la Agencia Tributaria. El argumento tiene importantes implicaciones penales, ya que la Fiscalía ha citado también como investigados a dos presidentes del club: Sandro Rosell y Josep María Bertomeu. 

Además, el escrito de acusación explica que otro directivo del club, ya fallecido, habría utilizados sus empresas también como cortina para cobrar dinero destinado también a Negreira, con la intención de desvincular el apellido del árbitro de los pagos procedentes del club catalán. Según la querella presentada, este directivo se habría prestado a ejercer de intermediario a cambio de una comisión que asciende a 153.000 euros.

Los fiscales catalanes explican además en su escrito que “no ha quedado acreditado” que el hijo de Negreira tuviera conocimiento de los planes que tenía su padre “en un primer momento” en la relación con el Barcelona. Los responsables del Ministerio Público consideran que el equipo abonó cantidades millonarias al número dos de los árbitros, entre otras cuestiones, para que les favoreciera en la elección de colegiados para sus partidos importantes, ya que el órgano del que era número dos, era el encargado de la designación directa de los árbitros en las competiciones profesionales.