El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, prepara al Ministerio Público para hablar ante el Supremo sobre la aplicación de la ley del sólo sí es sí. Y el criterio que se impondrá si la tesis de Ortiz obtiene el aval del Consejo Fiscal, es que por regla general se deberán rechazar las rebajas de penas cuando la ley impulsada por el ministerio de Irene Montero, permita mantener las penas impuestas. Es el mismo criterio que señaló en noviembre y que ahora refuerza.

El borrador de la circular se prepara ante las revisiones que el Supremo tendrá que hacer cuando lleguen recursos contra rebajas practicadas, o penas mantenidas.

En la Fiscalía hay voces que señalan que cuando esas rebajas realizadas por los juzgados ordinarios, las audiencias o los Tribunales Superiores de Justicia lleguen al Alto Tribunal, se pueden producir numerosas revocaciones de rebajas penales.

No es que el Alto Tribunal no haya visto casos. De hecho, ha revisado 26 sentencias de oficio por la aplicación de la ley del sólo sí es sí. Se trata de los recursos que llegaban por condenas previas y que estaban apelados por otros motivos. Pero al llegar a la última instancia, y haberse aprobado la ley, el Alto Tribunal también tenía que pronunciarse. El resultado, hasta ahora es que de 26 casos estudiados, se ha mantenido la pena en 16 casos y se ha rebajado en 10.

Por ahora, el Supremo mantiene que las revisiones deben estudiarse caso por caso y así se seguirá haciendo cuando se trate de recursos contras las revisiones hechas, según distintas fuentes consultadas: "unas serán susceptibles de rebaja y otras no, igual que hasta ahora" apuntan. En esos casos, la Fiscalía ha opinado sobre el resto de motivos, pero no sobre las rebajas, porque eso ha sido posterior. Pero ahora, los miembros del Ministerio Público sí tendrán que hacer lo y con el documento del fiscal general, ya tienen en la mano las pautas que deben seguir sus recursos a la hora de abordar la aplicación de la ley.

El fiscal ya había expuesto su criterio en su decreto de noviembre, pero lo vuelve a ratificar en un texto que el día 16 someterá al Consejo Fiscal y que una vez aprobado será vinculante para los miembros de la carrera fiscal. El documento señala que hay que estudiar "caso por caso", pero aboga porque los fiscales pidan el mantenimiento de las condenas firmes siempre que sea posible, es decir, siempre que las penas impuestas en su día, quepan en la horquilla actual. "Excepcionalmente", apunta también, se apoyarán las rebajas cuando "la aplicación estricta de esta regla provoque resultados manifiestamente desproporcionados". El fiscal general apunta que esa posibilidad deberá reservarse a los casos en los que con la nueva ley, la pena a imponer fuera "indudablemente, de una duración muy inferior".

El extenso documento -121 páginas- hace hincapié en que debe primar el "enfoque de género" y en que el delito de abusos sexuales ha quedado subsumido por el de agresión y recuerda que la clave está en el consentimiento: "Constituye agresión sexual todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona siempre que se lleve a cabo sin su consentimiento", reza el texto que recuerda que la violencia y la intimidación se han convertido en "modalidades de comisión", pero que no condicionan que una agresión lo sea.

El borrador también recuerda a los fiscales que el consentimiento ha de ser expreso y se debe haber "manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

En los casos más leves, los fiscales también tienen instrucciones para apoyar las rebajas siempre que sean hechos "tan escasa entidad", que casi no sean delito, pero en ningún caso cuando estén ante una violación o en agresiones sexuales a menores. Además, se prestará "especial atención" a la "vulnerabilidad" de las víctimas.

Según los datos ofrecidos hace unos días por el Poder Judicial, 721 condenados por delitos contra la libertad sexual se han beneficiado de la nueva ley, y las rebajas han supuesto 74 excarcelaciones, un asunto que la Fiscalía también tiene en cuenta. De hecho, el fiscal general pide a los suyos prioridad para los casos en los que la rebaja puede acabar en excarcelación.

El fiscal propone que el Ministerio Público inste a valorar "la libertad vigilada", las inhabilitaciones o la privación de patria potestad para quienes vean rebajadas sus penas. Y en cuanto a la suspensión de penas de cárcel, cuando por ejemplo se quedan en menos de dos años, señala que si la nueva pena lo permite, se podrán aplicar las suspensiones de las penas de prisión".