El anuncio de Ferrovial de trasladar su domicilio social a Países Bajos ha provocado una avalancha de críticas por parte de muchos miembros del Gobierno. Ayer el presidente de España, Pedro Sánchez, señalaba directamente al presidente de la compañía.

Hoy las ministras Díaz y Belarra han ido más allá. El Gobierno redobla sus mensajes de censura contra la decisión de Ferrovial de trasladarse a Países Bajos.

La ministra Belarra ha sido la más dura y ha llegado a calificarla de empresa pirata. Todo el Ejecutivo se mueve en bloque en este asunto -cada uno eso sí, con su tono- mientras el PP denuncia que parte de la explicación de la fuga está en el maltrato que desde Moncloa se da al empresariado.

Rafael Del Pino no es, hoy por hoy, el empresario favorito de Moncloa. Ni su empresa, Ferrovial, la mejor considerada. "Es una empresa pirata, y hay que decirlo claro. Por eso hay que atarles en corto y que devuelvan el dinero", exige la ministra Ione Belarra. Ha sido ella la que ha puesto la voz más llamativa a un enfado.

Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz lo califica como "indecente". El Ejecutivo, en esto sí sin fisuras, ha puesto nombre y apellidos al "caso Del Pino" al que acusan de falta de patriotismo.

Sin embargo, para el PP el problema no es Ferrovial, es el Gobierno. Los populares entienden que la demonización del empresariado explica lo ocurrido.